Ante el portazo fronterizo que dará Donald Trump, el próximo 10 de enero, la nueva política migratoria del gobierno mexicano se definirá en la frontera sur y, según ha dicho el canciller Juan Ramón de la Fuente, estará basada en una estrategia de “contención humanitaria” que contempla la creación de un polo de desarrollo en Tapachula.
En esta estrategia, donde estarán directamente involucrados el gobernador entrante de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y el mandatario saliente de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, próximo titular del Instituto Nacional de Migración (INM), el principal reto del gobierno mexicano será recuperar el control de la frontera sur, en un doble frente de combate a los grupos del crimen organizado que controlan el tráfico de migrantes y a la mafia involucrada en las redes de corrupción en el INM.
En los planes del gobierno de Claudia Sheinbaum, la frontera sur, en especial Tapachula, es una zona estratégica para instalar un “mecanismo de contención humanitario”, que originalmente pretendía retener a los migrantes procedentes de Sudamérica hasta que obtuvieran los documentos para regularizar su ingreso a Estados Unidos, una posibilidad que podría cerrarse con la llegada de Trump.
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El proyecto, planteado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que ayer tomó posesión de su cargo en Tuxtla Gutiérrez, busca construir parques industriales, atraer inversionistas y generar empleos para migrantes y residentes, convirtiendo a Tapachula en la “capital de Centroamérica”.
Un plan que significaría continuar con el desarrollo de la Terminal Multimodal “El Dorado” de Puerto Chiapas, que se inició en 2019 con una inversión de 5 mil 500 millones de pesos en Puerto Chiapas y que incluso contemplaba establecer un consulado estadounidense en Tapachula, además de ampliar hasta esa ciudad fronteriza el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
De lograrse esto –y ojalá que así sea–, se cumpliría un viejo anhelo de los chiapanecos cuyo origen pueden rastrear los historiadores en el siglo XIX, pero por lo pronto, el principal reto que tiene el gobernador Ramírez es restablecer la paz y la seguridad en Chiapas, que en el último año ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que disputan el control de la frontera.
La tarea no es sencilla. Tapachula, antaño la Perla del Soconusco, está entre las seis ciudades con mayor porcentaje de población con percepción de inseguridad del país, de acuerdo al Inegi. Además, desde hace varios años sufre una crisis migratoria y una fuerte inflación generada en gran medida por una economía dolarizada por las remesas.
El gobernador Ramírez en su libro Plan Chiapas Transformador 2024 (Porrúa 2024), ha propuesto la construcción en Tapachula de un Polo de Desarrollo Industrial de la Frontera Sur que brinde herramientas para enfrentar el reto de la migración.
Por las aduanas de Chiapas se registran más de 2 millones de operaciones, equivalentes a 842 mil millones de pesos. Nuestro país exporta a los países de Centroamérica un total de 155 mil millones de pesos, equivalente al 0.5 por ciento del PIB nacional y al 44 por ciento del PIB de Chiapas.
Esta actividad económica y el flujo migratorio, afirma Ramírez, convierten a la ciudad de Tapachula en un horizonte de oportunidad donde el polo de desarrollo de la frontera sur ofrezca empleo y oportunidades de vida para los migrantes.
Sin embargo, el triunfo de Trump ha cambiado los tiempos y las prioridades, obligando al canciller De la Fuente a realizar una gira emergente por los consulados mexicanos de Estados Unidos para establecer mecanismos legales de defensa ante las amenazas de deportaciones.
Por lo pronto, ha señalado la presidenta Sheinbaum, la prioridad del gobierno mexicano se centrará en recibir a los mexicanos que sean deportados y se espera llegar a un acuerdo con Trump para que los migrantes ilegales de otros países sean deportados directamente a sus países de origen sin pasar por México.