Cuando hablamos sobre la disposición de un gobierno para proveer a las niñas, niños y adolescentes (NNA), recursos indispensables para asegurar un desarrollo saludable, no podemos aislar la intervención de organismos internacionales cuyo objetivo es garantizar los derechos, así como el bienestar de los menores de edad.
En el contexto mexicano, se puede asegurar que existe un marco legal que avala la distribución de recursos monetarios para los NNA, tal y como es la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). En este, el Estado se compromete a asignar un presupuesto en las áreas que impactan directamente en la calidad de vida de ellos; asimismo, está creada para diseñar programas, y políticas públicas que faciliten el desarrollo bajo condiciones de igualdad y dignidad.
Dicha legislación, como otros tantos a nivel mundial, se ven influenciados por iniciativas como la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) junto a otros organismos especializados, proporcionan recomendaciones específicas para cerciorarse que los recursos financieros destinados a estos grupos sean efectivos y suficientes.
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A manera de contexto, es preciso recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989, establece que los Estados deben garantizar los derechos de los niños sin discriminación, incluyendo su derecho a la supervivencia, desarrollo, y participación.
La Convención exige a los gobiernos, la asignación de recursos económicos suficientes y sostenibles a fin de cumplir con estas obligaciones. Para ello, el artículo 4 establece que los Estados deben aplicar "al máximo de los recursos disponibles" para asegurar estos derechos, un principio que debe guiar la formulación de presupuestos.
Por su parte, cada año, el gobierno federal establece en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), montos destinados a los menores de edad a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien determina un monto etiquetado a distintos rubros, como lo son:
- Educación; con programas de acceso y permanencia a educación básica, media y superior.
- Salud; asegurando el acceso a servicios médicos, vacunas, atención pediátrica y salud mental.
- Protección social; mediante programas de apoyo financiero a familias en situación de vulnerabilidad y servicios de protección a infancias cuya vida se vea en riesgo.
- Alimentación y combate a la pobreza; a través de iniciativas para reducir la desnutrición y la pobreza infantil, incluyendo programas como el de comedores escolares.
Ahora bien, los principios fundamentales de la ONU coinciden que dichas áreas son las principales a considerar a la hora de asignar de recursos, de hecho, el Comité de los Derechos del Niño ha instado a los países a priorizar la inversión en estos sectores, en particular, en áreas que impactan directamente en el desarrollo y el bienestar de la niñez.
Es indiscutible remarcar que dichos recursos deben no solo ser suficientes, sino también ampliarse progresivamente para adaptarse a las necesidades cambiantes, como lo son el aumento de la población infantil o las emergentes problemáticas sociales.
Con el fin de no entorpecer el proceso, la ONU enfatiza la importancia de la transparencia y la participación ciudadana en el proceso presupuestario, pues considera esencial que la sociedad, y en especial las organizaciones que trabajan con la infancia, tengan acceso a información detallada sobre cómo se distribuyen los recursos y cómo impactan en los derechos de los niños.
La misma organización exhorta a que los presupuestos dirigidos a la infancia y adolescencia sean distribuidos considerando las desigualdades socioeconómicas, étnicas y de género; es decir, se debe priorizar a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, como niños en zonas rurales, con discapacidades o niñas, quienes, por sus contextos, se enfrentan barreras adicionales para acceder a servicios básicos.
Otro de los fundamentos que establece, es destinar fondos específicos para la atención de minorías étnicas, niños en situación de pobreza extrema. Igualmente, incluir las métricas de impacto que evalúen cómo las políticas benefician a distintos grupos poblacionales dentro de la niñez y adolescencia.
Podemos concluir, entonces, que el implementar las recomendaciones de la ONU, a las políticas públicas nacionales, en la asignación presupuestaria para la niñez y adolescencia es esencial para garantizar un desarrollo integral y sostenible de los niños y adolescentes.
El Estado, justo ante la presentación en próximos días del presupuesto que el gobierno federal propone ejercer para 2025 deberá entonces, priorizar la asignación de recursos, asegurar la transparencia, y promover la equidad en cada inversión. Esta orientación no solo respeta los compromisos internacionales, sino que sienta las bases para construir sociedades más justas, inclusivas y prósperas.