La infraestructura crítica está constituida por aquellas instalaciones y los sistemas informáticos relacionados con la provisión de bienes y de prestación de servicios públicos esenciales, y cuya afectación pudiera comprometer la Seguridad Nacional en términos de la ley de la materia, como los sistemas informáticos que proveen o alimentan de información en alguna de las etapas de los procesos de producción o comercialización de bienes y servicios de los tres sectores de la economía, así como de los servicios que prestan los tres órdenes de gobierno de los tres poderes de la Unión. Esto también alcanza a los sistemas y subsistemas de la economía nacional que generan riqueza.
Su importancia radica en que por sus procesos es posible que transiten gran parte de información sensible para el país o sus ciudadanos, como transacciones o transferencias de sumas cuantiosas de dinero, o bien, datos personales de los usuarios de la banca o de los derechohabientes de algún servicio público que proporciona alguna institución gubernamental y, por esta razón, es que son consideradas dentro de los parámetros de la seguridad nacional.
En dos ocasiones en 2018 la infraestructura crítica del sistema financiero mexicano tuvo un par de crisis, que pusieron en alerta los sistemas de seguridad cibernética, cuando se tuvo conocimiento que los procesos en la infraestructura crítica que regula el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que opera el Banco de México (Banxico) afectó principalmente las transacciones en ese sistema que utilizan las instituciones Banamex, Banorte y BBVA Bancomer, cuyas últimas dos instituciones afirmaron que se trató de incidencias. Esta falla pudo haberse extendido a todas las instituciones del sector bancario mexicano, sin que haya sido del dominio público.
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También en 2019 el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) emitió tarjetas a nombre de 1,495 beneficiarios por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, en los que se depositaron 68.8 millones de pesos, en un fraude que consistió en una repetición en 34, 26, 18, 16 y hasta 14 tarjetas, entre cuyos beneficiarios hubo quienes ni siquiera recibieron una tarjeta, en la que se evidenció la fragilidad informática de los sistemas financieros del gobierno mexicano.
Además, a inicios de enero de 2018 se supo que la infraestructura crítica del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) también fue vulnerada, aunque hasta ahora sin que se sepa de algún daño patrimonial.
En noviembre de 2019 la infraestructura crítica que aloja los programas y procesos en Petróleos Mexicanos fue víctima de piratas cibernéticos, que reclamaban un rescate de 4.9 millones de dólares por liberar las computadoras de la paraestatal.
Este es un reflejo que la austeridad no siempre es una medida eficiente, ya que se abren frentes y se vulneran procesos informáticos de los que podría depender el suministro de crudo o productos procesados.
En 2019 la Organización de Estados Americanos (OEA) generó un reporte que señalan que desde 2017, México está entre los primeros cinco países con menos preparación para un ataque cibernético.
Aquí la pregunta es, ¿qué otros sistemas que prestan un servicio público han sido penetrados o presentan vulnerabilidades que pongan en riesgo la seguridad?
Este es el tamaño del reto para una Ley de Ciberseguridad que garantice el resguardo de la información sensible para ciudadanos y para el país.