En la pasada administración cuando el presidente López Obrador decidió poner actividades sustantivas complementarias a las misiones que constitucional y legalmente les corresponden a las Fuerzas Armadas mexicanas, tuvo un desacierto en el cálculo jurídico.
El equipo que diseñó este andamiaje no consideró la reforma al artículo 21 constitucional que, en un futuro no muy lejano, la Guardia Nacional estuviera bajo un mando militar cuando el texto constitucional le mandata que debe ser civil.
Por resolución del pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron que es inconstitucional la reforma del año pasado que permitiría el mando militar, por lo que a partir de enero pasado debió regresar al mando civil.
Te podría interesar
Entre los razonamientos esgrimidos está que no le corresponde la seguridad pública a la Defensa Nacional debido a la concepción que tiene de seguridad derivada del artículo 21 constitucional y que se circunscribe a salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, y contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, mientras que la Defensa Nacional tiene como misiones ser garante de la independencia y soberanía del país, es decir, visiones constitucionales distintas para hacer frente a un problema.
Mientras la Defensa Nacional trae sus propios frentes de crisis, como Guacamaya Leaks, el tema de los derechos humanos, el software Pegasus o las mismas facultades ajenas al sector defensa, La Guardia Nacional ya generó sus propios frentes.
En junio de 2021 fueron robados unos 7 millones de cartuchos presuntamente a la Guardia Nacional en los límites de San Luis Potosí; los asesinatos de civiles por personal de la Guardia Nacional en Tamaulipas, entre otros.
No obstante, el personal que había causado alta en la Defensa Nacional conservará sus derechos y prestaciones.
Pero con la reforma que aprobó recientemente el Congreso, la Guardia Nacional pertenece a una Secretaría de la Defensa Nacional empoderada por la pasada administración cuando en campaña prometió lo contrario.
Hoy la Defensa Nacional se hace cargo por instrucciones del comandante supremo de las Fuerzas Armadas y por mandato de ley, de atribuciones que se alejan de la esencia de la naturaleza de la función de Estado de la Defensa Nacional.
Construye aeropuertos, sucursales bancarias, proyectos como el tren Maya, aduanas y las que se le acumulen.
Mientras tanto en este año la Defensa Nacional seguirá ejerciendo un gran presupuesto de más de 100 mil millones de pesos que la Cámara de Diputados le asignó junto con la Guardia Nacional. El siguiente ejercicio muy probablemente lo seguirá haciendo, debido a que ningún mando civil actual de la secretaría de seguridad se atrevería a contrariar a la clase militar o la instrucción de la presidenta.
La seguridad pública no debería estar a cargo de la Defensa Nacional. Sus capacidades son distintas a las que se requiere para hacer frente a la inseguridad y hoy en día algunas de las fortalezas de la delincuencia están equiparadas a las de la Defensa Nacional.
Aun así, al ser devuelto el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad no garantizó que sus procesos, métodos y operativos sea con la eficiencia que el país necesita. Tampoco con el mando de la Defensa Nacional.