El Poder Judicial en un sistema democrático como el nuestro, es un poder del Estado que se encarga de administrar la justicia en el país. Su función principal es defender la democracia y sus principios, entre los que destacan los derechos fundamentales de toda la población.
El Poder Judicial se constituye como la columna vertebral de una nación para generar equilibrio social, equidad y certeza al brindar justicia y estabilidad social, vital para el desarrollo de toda nación.
Ahora bien, recientemente fueron aprobadas una serie de cambios constitucionales y legales para que los ministros de la Corte, jueces y magistrados de distintos órganos sean elegidos por voto popular lo que ha generado, por decir lo menos, una gran polémica.
Te podría interesar
Al respecto, vale la pena referirnos a lo que sucede en otras latitudes del mundo respecto a los países que llevan a estas figuras importantísimas en la impartición de justicia a que la ciudadanía los elija. Veamos algunos ejemplos.
En algunos estados de la Unión Americana, los jueces son elegidos por votación, aunque este sistema varía de un estado a otro. Según el National Center for State Courts, aproximadamente el 39% de los jueces en Estados Unidos son elegidos por voto popular.
En Argentina en algunas provincias, los jueces son elegidos por la ciudadanía, aunque hay que referir que dicho mecanismo ha generado fuertes debates sobre la independencia del Poder Judicial y la influencia de la política en el proceso electivo.
En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, el más alto órgano judicial es elegido por la Asamblea Nacional, lo que permite una forma de elección popular indirecta. Sin embargo, la influencia política en este proceso ha sido objeto de múltiples críticas relacionadas principalmente con que sus sentencias favorecen al oficialismo.
En Filipinas aunque el sistema judicial es predominantemente nombrado, hay propuestas para que ciertos jueces sean elegidos por la ciudadanía, especialmente en contextos locales, contando con observaciones sobre su organización.
Ante este panorama y lo recientemente aprobado por el Legislativo federal, vale la pena hacer una serie de reflexiones sobre lo que, para nuestro país, pudiera implicar llevar a los jueces a que la ciudadanía los elija.
En principio, la elección sería en junio de 2025 y de entrada, el tiempo para la planeación, organización, desarrollo y operación de dicho proceso electoral a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE) me parece corto, lo que pudiera tener varias implicaciones principalmente en su organización.
Ante la premura de la realización de este proceso electivo tendría mis dudas respecto a la participación ciudadana que, de contar con un bajo porcentaje de participación podría ser un incentivo que reste legitimidad al proceso mismo. En caso contrario, podría aumentar la responsabilidad de los jueces, ya que no solo tendrían que rendirle cuentas justamente a la ciudadanía lo que implicaría un efecto de rendición de cuentas.
No obstante, si nos referimos a la reciente elección presidencial de este año en donde se renovaron más de 20 mil cargos de elección popular, entre ellos la Presidencia de la República que es donde, generalmente, la ciudadanía asiste más copiosamente, sí observamos que la participación ciudadana fue de alrededor del 60%, podemos referirnos que cerca del 40% no asistió a las urnas.
Asimismo, uno de los principales argumentos en contra de la elección popular de jueces es que puede llevar a la politización del sistema judicial, donde los jueces se ven obligados a alinearse con diversos intereses políticos para ser elegidos, además, de la tentación de instancias externas por influir en este ejercicio.
Ante este panorama y las diversas lagunas en el marco normativo para la realización del proceso electoral de jueces quedará en manos del INE el establecimiento de diversos criterios, lineamientos y directrices para llevar a buen puerto este proceso electoral con todas la implicaciones que esto implica, la principal: la constante interposición de medios de impugnación por parte de diversos actores políticos.
Sin embargo, una vez que la elección de jueces es un mandato constitucional hacemos votos para que sea un proceso limpio y que, al final, genere certeza al Poder Judicial ya que en caso contrario, estaremos poniendo en riesgo uno de los elementos más preciados de la democracia: la justicia.