Como es del conocimiento público este año México celebró las elecciones federales y locales que, por sus características, son consideradas las más grandes que haya tenido nuestra nación por múltiples aspectos: 20,708 cargos de elección popular en disputa, que deben multiplicarse por el número de partidos políticos con registro federal y local según la entidad federativa, casi 100 millones de personas electoras en los listados nominales de electores, un financiamiento público para los partidos políticos nacionales de 10,44,157,311 pesos, más de 170 mil casillas instaladas a lo largo y ancho del país, el mayor número de acciones afirmativas, entre muchos aspectos más.
Estas elecciones se celebraron atendiendo las disposiciones legales que el Congreso de la Unión aprobará en 2014 y que han servido para la organización de las elecciones federales y locales, ordinarias y extraordinarias, desde 2015.
Entre otras consideraciones normativas, el Legislativo determinó otorgarle al naciente INE más de 70 nuevas atribuciones en comparación a su otrora IFE entre la que destaca la de convertirse en la instancia electoral rectora de los procesos electorales federales y locales.
Te podría interesar
En este sentido, el INE en coordinación con los 32 organismos públicos locales electorales planifica, desarrolla y lleva a cabo los ejercicios democráticos en el país para que la población ejerza su derecho al voto y determine el rumbo de esta nación para los próximos años en los distintos niveles de gobierno.
Desde entonces y antes de esta elección, el INE ha llevado a cabo 331 procesos electorales federales, locales y extraordinarios.
Es así como a pesar de los óptimos resultados obtenidos más allá de quienes hayan obtenido el triunfo electoral en las elecciones de este año y, como sucede en una democracia, los actores políticos participantes tuvieron en todo momento las vías institucionales para manifestar sus inconformidades y, consecuentemente, los órganos jurisdiccionales electorales determinaron lo que procedió conforme a derecho.
Bajo este contexto y luego de la jornada electiva de junio pasado, se registraron elecciones extraordinarias el 25 de agosto para la renovación de los ayuntamientos en los municipios de Capitán Luis Ángel Vidal, Chicomuselo y Pantelhó, correspondientes al estado de Chiapas.
Ahora bien, el INE a finales del mes de septiembre a través de su Consejo General, su máximo órgano de decisión aprobó el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los procesos extraordinarias en los municipios de Ocampo y Dr. Belisario Domínguez, en el estado de Chihuahua; Cuautepec de Hinojosa en el estado de Hidalgo; Irimbo, en el estado de Michoacán; San Lucas Tecopilco y de la comunidad de Santa María Capulac, del municipio de Tetla de la Solidaridad, en el estado de Tlaxcala, así como de los municipios de Chichimilá e Izamal, en el estado de Yucatán.
Este acuerdo, por ejemplo, va de la mano con las disposiciones legales aprobadas en 2014 que obligan al INE, en coordinación con los institutos electorales locales a coordinarse para llevar a buen puerto cada una de las etapas que conforman los procesos electorales.
Una vez concluidos estas elecciones las autoridades electorales habrán cumplido con un año electivo complejo, de una gran trascendencia, magnitud e importancia para México y en donde, al final, enalteciendo nuestra democracia, las y los ciudadanos serán los únicos que se hayan manifestado por la opción política de su preferencia y, consecuentemente, el poder público deberá gobernar para todas y todos los mexicanos.
Lo que sigue para estudiosos y académicos será realizar un profundo escrutinio a este proceso electoral para permitirnos mostrar los indicadores más importantes obtenidos de tal magnitud de elecciones.