La libertad de expresión es un derecho fundamental y pilar en cualquier democracia. Esta no solo permite el libre intercambio de ideas, sino también garantiza la rendición de cuentas y la participación ciudadana en los procesos políticos.
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México ha subrayado que los periodistas gozan de un "manto protector" sobre la licitud de su actividad, destacando su papel indispensable para el funcionamiento saludable de una democracia.[1]
La libertad de expresión se encuentra consagrada en numerosos instrumentos internacionales, como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión". Este derecho no solo protege la difusión de ideas, sino que también asegura que las voces disidentes puedan ser escuchadas. En palabras del filósofo John Stuart Mill, "la libertad de expresión es un bien en sí misma, ya que permite la búsqueda de la verdad".
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En contextos democráticos, la libertad de expresión actúa como un mecanismo de control social. A través de los medios de comunicación, la ciudadanía puede informarse sobre las acciones de sus gobernantes y exigir transparencia.
En nuestra Constitución Política el artículo 6º determina que la “…manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa sino en el caso de que ataque a la moral, a la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”. En tanto, el artículo 7º señala enfáticamente que es “…inviolable la libertad de difundir opiniones, información a ideas, a través de cualquier medio…”.
El Tribunal Electoral ha enfatizado que la labor de los periodistas es esencial en el desarrollo de los procesos políticos, ya que su trabajo contribuye a la formación de una opinión pública informada y crítica, esencial para la construcción de ciudadanía.
En este sentido, el reconocimiento de un "manto protector" para los periodistas es vital en un entorno donde la libertad de expresión enfrenta múltiples amenazas. Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "los periodistas son actores clave en la promoción y defensa de los derechos humanos". Sin embargo, en muchos países, su labor se ve obstaculizada por la censura, la violencia y la intimidación, por mencionar algunos rubros.
Así, la protección de los periodistas no solo es necesaria para salvaguardar su integridad, sino que también es una vía que garantiza el derecho de la sociedad a estar informada. Esto se alinea con la visión de la filósofa Hannah Arendt, quien afirmaba que "la libertad de expresión es la base de la acción política".
Sin un entorno seguro para los periodistas, la democracia se ve amenazada, ya que se limita el acceso a información veraz y se restringe el debate público, poniendo en riesgo no solo de derechos fundamentales adquiridos, también de una sociedad libre e informada.
Justamente, la salud de una democracia se mide en gran parte por la calidad de su debate público. La libertad de expresión permite la confrontación de ideas y la deliberación, aspectos esenciales para la toma de decisiones informadas. En este sentido, la labor periodística es indispensable para fomentar un debate plural y diverso, donde todas las voces tengan cabida.
Como señala el filósofo Jürgen Habermas, "una democracia funcional requiere un espacio público donde se puedan discutir y deliberar las cuestiones de interés común". La protección de los periodistas no solo asegura su derecho a informar, sino que también promueve un ambiente donde las y los ciudadanos pueden participar activamente en la vida política.
Es así que, ante los retos que le deparan a la nueva administración pública federal, la garantía de la libertad de expresión debe ser un referente de una sociedad más libre, con certeza jurídica, garantías a los derechos humanos, informada y participativa. ¡Veremos!
[1] Expediente SER-PSC-13/2015 de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.