A partir del proyecto de presupuesto federal para 2025, el gobierno de Jalisco ha levantado la voz para denunciar una injusticia: el Estado, que aporta a la bolsa de recursos globales presupuestales aproximadamente un 8% del total, recibiría menos del 2.3%.
Tanto el gobernador en funciones Enrique Alfaro como el electo Pablo Lemus, hicieron ver la anomalía, que deja en suspenso varias importantes obras y acciones en esa entidad federativa, principalmente: sanear el Ri´o Santiago, continuar con las Li´neas 4 y 5 del Tren Ligero de Guadalajara y alertó por el recorte de 280 millones de pesos para los pagos de miles de me´dicos en el Estado.
En una acción que ha sido reiterada, el gobernador Alfaro incluso ha promovido recursos para expresar extrañamientos ante el pacto federal e incluso se ha sugerido apartarse del mismo pacto en temas hacendarios.
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Lemus, que iniciará funciones de gobierno el mes entrante, ha expresado que Jalisco solo quiere que lo destinado presupuestalmente corresponda a su esfuerzo recaudatorio, y que le den facultades para mejorar la recaudación federal en el Estado, lo que conviene a ambos niveles de gobierno.
Por donde se quiera ver, terminar con esa injusticia fiscal es positivo, tanto para la administración estatal que tendría más recursos para las acciones prioritarias, como para la federal, que podría aumentar su recaudación con el apoyo del gobierno local.
Claro que la distribución presupuestal federal es un ejercicio que debiera corresponder al esfuerzo recaudatorio, pero también cuidar los equilibrios: compensar la falta de recursos y la necesidad de los mismos en varias regiones, y recompensar a quienes más aportan.
Sin embargo, pocas han sido las ocasiones en que este ejercicio se plasma en la realidad. Lo que solicita Jalisco no es un exceso, sino apenas la justa retribución que le corresponde a esa importante entidad federativa.
Bien dijo el gobernador electo Lemus: “Me he comprometido a ser un gobernador sin tintes partidistas, me he comprometido a gobernar para todas y todos los presidentes municipales, independientemente de la corriente política”, pero es de esperarse que esta actitud sea correspondida con acciones justas por parte del gobierno federal.
¿Es justo que haya entidades federativas que aporten más al pacto federal? Creo que sí, siempre y cuando ese esfuerzo recaudatorio se reconozca y compense con acciones que hagan más fuerte a la Unión, que protejan el interés de todos protegiendo el de cada integrante.
Desde luego no es fácil de lograr, pero se debe entender que gobiernos y sociedades están obligados a ese ejercicio de justicia, principio de un orden y una acción retributiva que dé a cada integrante de nuestro país lo que corresponda, y al mismo tiempo como consecuencia lógica, mantenga el orden y el desarrollo equitativo en cada región del país.
Jalisco, su gobierno entrante y su gobierno saliente, no piden nada exagerado: solicitan justicia y reclaman que la Unión sea equitativa en acciones que se traduzcan en bienestar para sus habitantes. Es lo justo. Es lo que corresponde.