En el subsuelo, entre los mil y cinco mil metros, hay petróleo y gas natural encapsulados en los poros de formaciones rocosas poco permeables denominados lutitas bituminosas, y para poder extraerse se requieren de técnicas muy especializadas con un impacto ambiental que ha sido puesto en duda.
La más común es la fractura hidráulica o el fracking, consistente en la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo. Una vez alcanzado el punto objetivo, se realizan una serie de perforaciones horizontales en la lutita, que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones. A través de estos pozos horizontales, se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que forzan el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros.
Sin embargo, este flujo disminuye muy pronto, por lo cual es necesario perforar nuevos pozos para mantener la producción de los yacimientos, habiendo la necesidad de ocupar extensiones vastas de terreno para poder llevar a cabo los procesos extractivos.
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En el caso de México, se han ubicado cinco regiones con potencial para extraer recursos petroleros no convencionales a través de esta técnica, sin embargo, una investigación, recientemente elaborada y presentada por CartoCrítica, iniciativa civil que promueve la transparencia y el acceso público a la información socioambiental georreferenciada, en cuatro de estas cinco regiones, hay niveles críticos de disponibilidad de agua.
Estas son Sabinas y Burro-Picachos, ubicadas en Coahuila y Nuevo León; Burgos, ubicada entre Nuevo León y Tamaulipas; Tampico-Misantla, ubicada en Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, donde se encontró que hay limitaciones en el abasto de agua de forma cotidiana para sus habitantes. En caso de que se implementarán estos proyectos extractivos, la demanda de agua sería superior a la disponibilidad, pudiendo resultar afectadas las poblaciones de los alrededores de las zonas de recursos por extraer.
De acuerdo con el documento, Estimación del consumo requerido de agua para la explotación de recursos petroleros no convencionales mediante fracturación hidráulica en México, la extracción del 10 por ciento de recursos en estas áreas geográficas requeriría perforar más de 14 mil nuevos pozos y disponer de hasta 470 mil 973 millones de litros de agua, cuyo equivalente es el de 47 millones de pipas de agua.
Una de las soluciones que se han planteado es el uso de aguas residuales, pero, como advierte CartoCrítica, esto conlleva enormes riesgos para los acuíferos y el ambiente, debido a la alta probabilidad de contaminación de los mantos freáticos y de los caudales de aguas subterráneas.
Por eso, la Alianza Nacional contra el Fracking, que agrupa a más de 40 organizaciones civiles, ha hecho un llamado a repensar las políticas energéticas del país, debido a que se vive un declive mundial en la producción tanto de petróleo como de gas, y al alto costo ambiental para la extracción de cantidades mínimas de combustibles de origen fósil.
Lo anterior, derivado de la liberación de metano y contaminación de aire y de agua con químicos tóxicos, con afectaciones a la salud humana y los ecosistemas. Además, de generar riesgos como sismos inducidos.
Una de las posibilidades para detener esta situación es la prohibición del fracking a través de iniciativas de reformas constitucionales en materia de medio ambiente y del uso de agua para esta técnica a través de la Ley General de Aguas, aún no aprobada hasta el momento, pero que requeriría una revisión en la materia.
De acuerdo con la Alianza, en varios países se han prohibido estas prácticas debido al impacto ambiental y a los problemas que provocan, por lo que, en México también debería prohibirse y cambiar el rumbo de la política energética, hacia el impulso de cambios legales e institucionales pertinentes para impulsar el desarrollo de energías renovables que aseguren el respeto de los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente, la reducción del consumo de energía y la eficiencia energética.