La violencia en México ha alcanzado niveles que ya no pueden ser descritos como simples actos criminales; se trata de terrorismo en su máxima expresión. Los cárteles han dejado claro que no solo buscan el control territorial, sino también infundir miedo como herramienta de dominio.
Narcomensajes junto a cuerpos desmembrados, ataques coordinados contra la población civil y el uso de explosivos en áreas urbanas son cada vez más frecuentes y la prueba de que atravesamos una crítica crisis de inseguridad. En las últimas semanas, el país ha sido testigo de varios de estos episodios. En la Maxipista Mazatlán-Culiacán, siete cuerpos mutilados aparecieron junto a un mensaje intimidante, un recordatorio brutal de la lucha interna entre cárteles por el control del narcotráfico. Querétaro, antes considerado un bastión de seguridad, fue escenario de una balacera en un bar producto de una riña entre líderes criminales, dejando un saldo de 10 personas fallecidas.
En apenas un mes y veinte días del nuevo gobierno, más de 3,000 homicidios dolosos han sido registrados, reflejo de un país donde el Estado no tiene el control. Se suman al saldo acumulado de 200 mil muertes violentas, 20 mil feminicidios y más de 120 mil desapariciones ocurridas en el último sexenio.
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El alcance del crimen organizado ya no se limita al narcotráfico. Hoy, los cárteles están presentes en prácticamente todos los aspectos de la vida diaria, desde el precio de la canasta básica, inflado por los costos adicionales que productores y comerciantes deben pagar por operar bajo la amenaza de extorsión, hasta servicios básicos que también se ven encarecidos por el mismo motivo.
Este panorama alarmante no pasa desapercibido en el ámbito internacional. Las declaraciones del Presidente Electo de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no surgen del vacío. En Estados Unidos, más de 100,000 personas mueren al año por sobredosis, muchas relacionadas con el fentanilo producido y traficado por los grupos criminales mexicanos.
Ante este panorama, el Presidente Nacional del PRI, el Senador Alejandro Moreno, ha anunciado que convocará a las y los legisladores priistas, junto a sus pares en las Cámara de Representantes y el Senado en Estados Unidos, así como en la Cámara de los Comunes y la Cámara Alta de Canadá para construir la Red Interparlamentaria de Norteamérica, un esfuerzo que busca denunciar la falta de acción del gobierno mexicano frente a esta crisis y evidenciar sus consecuencias para la región.
El control que el crimen organizado ejerce en nuestro país no solo pone en jaque a las familias mexicanas, sino que también representa una crisis que se posiciona como prioridad en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Además de compartir una extensa frontera, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y económico, lo que inevitablemente coloca al T-MEC en el centro de esta discusión. La crisis de inseguridad, sumada al terrorismo propiciado por el crimen organizado y el narcotráfico, tendrá repercusiones no solo en el ámbito político, sino también en el económico. La estabilidad integral de Norteamérica debe ser una prioridad para el gobierno mexicano, que debe asumir su responsabilidad en la protección de esta relación estratégica.
La primera batalla será que el mismo gobierno reconozca el terrorismo de estado que sufre nuestro país y que tiene en secuestrado a más de la mitad de los municipios de México.
México necesita urgentemente una estrategia de seguridad que recupere el control del territorio para imponer el estado de derecho y garantizar la seguridad de las y los mexicanos.