El Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo en días pasados una reunión que tuvo por objeto construir una agenda de las mujeres indígenas sobre sus derechos políticos y electorales, que permita de manera directa identificar los retos, obstáculos y propuestas de solución para garantizar su participación en la esfera pública.
Las mujeres indígenas en nuestro país representan un pilar esencial de la democracia y de nuestros valores culturales. A lo largo de la historia, han estado siempre presentes en el desarrollo y la lucha de sus pueblos y comunidades.
De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población, 8.6 por ciento de los hogares en México eran indígenas en 2020. En ellos habitaban cerca de 6.4 millones de mujeres, lo que indica que: una de cada diez mujeres que reside en el país es indígena. Es decir, en México habitan poco más de 6 millones de mujeres indígenas, si tomamos en consideración que somos 67 millones de mujeres, casi el 52% de la población.
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El INE trabaja en la consolidación de una democracia paritaria e incluyente que garantice la participación de grupos históricamente discriminados.
Durante las últimas elecciones, el INE ha establecido acciones afirmativas para que partidos políticos y coaliciones incluyan en sus candidaturas en diputaciones federales a personas indígenas.
Asimismo, se ha diseñado e implementado una serie de medidas y políticas institucionales encaminadas a visibilizar a estos grupos como lo son las mujeres indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y migrantes.
Si bien es cierto que la participación política de las mujeres ha ido en aumento en los últimos años, en gran medida derivado de las distintas reformas constitucionales y en la legislación electoral, también hay que decir que la participación política de las mujeres indígenas sigue siendo limitada y, en muchos casos, invisibilizada.
Para estas elecciones, el INE asignó 39 escaños para acción afirmativa indígena, 34 para diputaciones y 5 para senadurías; de los resultados obtenidos de la jornada electoral tenemos como resultado un total de 49 curules en esta categoría, es decir, 10 más de los que el INE ordenó a los partidos políticos y coaliciones.
De este total, 26 mujeres resultaron electas en la Cámara de Diputadas y Diputados y 5 mujeres en el Senado. Es decir, el 63% del total de los espacios ocupados por personas indígenas en el Congreso de la Unión son mujeres.
Además, un avance importantísimo, en noviembre de 2023, en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE emitió criterios que marcaron un antes y después respecto a la integración de nuestro Congreso de la Unión. Fue la primera ocasión en la que se implementaron acciones afirmativas para el Senado de la República, un total de 9 de espacios, de los cuales 5 correspondieron a las personas indígenas.
Como vemos, las acciones afirmativas establecidas por el INE han dado frutos, siempre priorizando la paridad y la pluralidad, y asegurando la representación de todas y todos. Hoy en gran medida, gracias a estos Acuerdos, tenemos una conformación paritaria, 50% hombres y 50% mujeres en las dos cámaras.
Sin embargo, es importante seguir avanzando en temas prioritarios como lo son, por supuesto:
- La violencia política en todos sus tipos, como la psicológica, económica, simbólica y la criminal, y en todas sus modalidades, como la más frecuente en estos tiempos de la tecnología: la violencia mediática y digital.
- Las garantías de la permanencia de las mujeres indígenas en el cargo ya que, garantizar que las mujeres sean electas no transforma la realidad si son orilladas a renunciar a sus cargos, en consecuencia, una vez en el cargo, las mujeres indígenas que en muchos casos desafían los Sistemas Normativos Indígenas de sus comunidades, se convierten en objeto de críticas, amenazas, burlas y violencia.
- El financiamiento político para las mujeres representa uno de los principales retos del sistema electoral: para las mujeres se traduce en conductas que les generan exclusión y desigualdad como i) la falta de información sobre el tema; ii) el desconocimiento del financiamiento, sus reglas, el funcionamiento del sistema de fiscalización, la cantidad de recursos que les corresponde; iii) la falta de apoyo por parte de los partidos políticos y su personal para capacitarles y proporcionarles todas las herramientas, así como la falta de transparencia en la rendición de cuentas en este tema.
- La usurpación de espacios que pertenecen a los grupos en situación de vulnerabilidad: esta problemática representa una violación al principio básico de confianza en una democracia y, por ello, es importante visibilizar estos casos y llevarlos a los tribunales, incluyendo los tribunales indígenas no oficiales para la solución de controversias y la imposición de sanciones.
En lo personal y como Consejera Electoral del INE, tengo la firme convicción de que la inclusión de las mujeres indígenas en la vida pública y política en condiciones libres de violencia no sólo se trata de una cuestión de justicia social, sino también de un compromiso con nuestra democracia mexicana.