La equidad de género en la política es un tema de creciente relevancia ya que no habrá igualdad si las condiciones de competencia política entre el género masculino y el femenino no son de las mismas proporciones.
Un aspecto que históricamente genera desigualdad es que los partidos políticos destinan muy poco financiamiento público para el empoderamiento de las mujeres en la esfera pública. Desde hace una década, la normatividad obliga a institutos políticos a destinar, como un techo mínimo, al menos el 3% del financiamiento público ordinario para diversos rubros como la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
En este sentido, los partidos políticos deben realizar una planificación estratégica de sus recursos para que este tipo de financiamiento tenga los alcances esperados, principalmente, la visibilización de las mujeres en la cosa pública y presentar un programa anual de trabajo revisado por las áreas de fiscalización y género del INE.
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El financiamiento público que deben destinar los partidos políticos para el empoderamiento de las mujeres no solo representa una medida de justicia social, sino que también puede ser un motor de cambio hacia una democracia más inclusiva y efectiva. Este artículo explora los beneficios de esta propuesta, comparando la situación en México con la de otros países y subrayando la importancia de alcanzar una igualdad sustantiva.
Partiendo del principio de que el empoderamiento de las mujeres en la política es crucial para garantizar que sus voces y necesidades sean representadas, ONU Mujeres (2018), considera que la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones es fundamental para el desarrollo sostenible y la paz. Al destinar un porcentaje del financiamiento público a programas de capacitación y liderazgo para mujeres, se puede fomentar su participación activa en la política, lo que a su vez puede resultar en políticas más inclusivas y representativas; esquemas fundamentales en los sistemas democráticos modernos.
Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2020) señala que los países que han implementado políticas de financiamiento dirigidas a la inclusión de mujeres en la política han visto un aumento significativo en su representación. Por ejemplo, en países como Ruanda, en donde se han adoptado medidas específicas para empoderar a las mujeres, se ha logrado que más del 60% de los escaños en el parlamento sean ocupados por mujeres. Esto no solo ha transformado la dinámica política, sino que también ha llevado a la implementación de políticas que benefician a toda la población.
En Suecia, el gobierno ha establecido un sistema de subsidios para partidos que promueven la igualdad de género en sus listas electorales. Como resultado, las mujeres ocupan aproximadamente el 47% de los asientos en el parlamento sueco (Inter-Parliamentary Union, 2022).
En contraste, México aún enfrenta desafíos significativos en términos de representación femenina. A pesar de contar con una legislación que garantiza la paridad de género, la implementación efectiva de programas de capacitación y financiamiento sigue siendo insuficiente. Destinar el 3% del financiamiento público a estas iniciativas es sólo un punto de partida y en el que, si queremos una sociedad más justa y equitativa sería importante que el Legislador pensara en un porcentaje al menos del doble para fortalecer efectivamente a las mujeres; que los partidos políticos efectivamente erogaran esos recursos y lo hicieran en actividades sustantivas para las mujeres y además, sería conveniente incorporar al marco electoral sanciones severas ante el incumplimiento –que los sigue habiendo– por parte de los actores políticos al desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
Ahora bien, la igualdad sustantiva va más allá de la simple representación numérica; implica garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades de influir en la toma de decisiones. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2019), la inclusión de mujeres en la política no solo mejora la calidad de la democracia, sino que también contribuye al desarrollo económico y social. El empoderamiento de las mujeres en posiciones de liderazgo puede llevar a una mayor atención a temas como la salud, la educación y los derechos humanos, que son esenciales para el bienestar de la sociedad en su conjunto.
En este sentido, el financiamiento destinado a la capacitación de mujeres en política debe ser visto como una inversión en el futuro del país. La formación de liderazgos femeninos no solo beneficia a las mujeres, sino que también enriquece el debate político y promueve una cultura de inclusión y respeto.
El que las mujeres ocupemos espacios en el ámbito público debe ser visto como un referente de igualdad, de certeza jurídica y un símbolo de una auténtica democracia.
Sigamos luchando por alcanzar una igualdad sustantiva en México.