En su Artículo primero, la Ley de Migración publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2011, establece que todas las disposiciones referentes al ingreso, salida, tránsito y estancia de extranjeros en México se implementarán en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los Derechos Humanos de las personas, aunque también con la intención de preservar la soberanía y la seguridad nacional. Incluso, en el Artículo 2 de dicha ley se alude como principio por el que la política migratoria debe regirse, el respeto irrestricto a los Derechos Humanos de las personas migrantes sin importar su origen, nacionalidad, etnicidad, género, edad y situación migratoria. Esto último es relevante, porque la irregularidad migratoria dejó de ser considerada como un delito en sí misma, la cual tampoco constituye un elemento que permita prejuzgar la comisión de delitos como si esto se imbricara inequívocamente con la situación documentaria de las personas.
A más de una década de publicadas e implementadas dichas modificaciones a la Ley de Migración, pareciera que dichas adecuaciones resultaron de un intento por difuminar la inacción del Estado en México respecto a violaciones graves a Derechos Humanos la cual alcanzó a personas en movilidad un año antes. Fue en 2010 que en el país y el mundo entero atestiguamos horrorizados el hallazgo de los cuerpos de 72 migrantes en un rancho en San Fernando Tamaulipas, lo que hizo más evidente que la crisis de Derechos Humanos en México había alcanzado a poblaciones en movilidad.
Al igual que estos lamentables hechos, es probable que en la memoria colectiva resuene el eco de episodios tales como la llamada crisis de niños migrantes hacia 2014, cuando miles de menores no acompañados comenzaron a ser detenidos en la frontera norte, lo cual dio como resultado el Plan Frontera Sur que terminó con la instalación de una estrategia de seguridad de los trenes de carga y el aumento en puntos de control y verificación a lo largo de la ruta migratoria que asciende por el territorio desde Chiapas. También es probable que recordemos aquellas imágenes que, entre 2018 y 2019, resultaron de la política de contención implementada para detener, dispersar y demorar las caravanas migrantes, las cuales nos mostraron tanto a agentes del Instituto Nacional de Migración, como de la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad estatal (e incluso al ejército) deteniendo a personas migrantes, incluso a madres con sus hijos.
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Estos episodios nos trasladan al hecho más reciente de violencia contra la población en movilidad, el primero de octubre de este 2024. La historia ampliamente documentada en diversos medios de comunicación y abordada por la representante del poder ejecutivo en sus primeras conferencias matutinas, indica que soldados que se trasladaban en un convoy militar abrieron fuego contra camionetas que consideraron sospechosas, acción que resultó en el asesinato de 6 migrantes, 12 más heridos, de un grupo compuesto aproximadamente por 33 personas en movilidad.
Frente a este desolador panorama, me interesa hilar un par de reflexiones, y compartir un cuestionamiento sobre la política migratoria que hemos visto implementar al Estado en México a lo largo de los 4 sexenios durante el siglo XXI, la cual, por cierto, me interesa distanciar de matices partidistas o electorales, lo cual a mi parecer limitaría bastante toda consideración sobre la cuestión migratoria en el México contemporáneo.
En primer lugar, quiero destacar, apelando a una reflexión que en diversas ocasiones han sostenido investigadores y expertos en materia de movilidad, que la cuestión migratoria se posiciona en el horizonte del grueso de la población en México solo cuando ocurre algún hecho trágico, o bien, cuando la presencia de las personas en movilidad adquiere tal magnitud o dimensiones que comienza a ser percibida y narrada por algunos medios como un problema a resolver de forma expedita. ¿En cuántas ocasiones no hemos leído en el diario o escuchado en la televisión que para referirse a la población en movilidad se dice “la oleada de migrantes”, “ingreso masivo de migrantes” e incluso “invasión de migrantes”?
Retomando el discurso inaugural de la presidenta Sheinbaum, si asumimos que lo que no se nombra no está en la sociedad, aparentemente las personas migrantes que atraviesan por México solo se nos presentan cuando acontece alguna tragedia, una grave violación a los derechos humanos, cuando sus condiciones de vida son las del hacinamiento derivada de la larga espera que realizan mientras intentan regularizar su situación documentaria. Para quienes seguimos continuamente las experiencias y vivencias de las personas en movilidad (y posiblemente para las personas en movilidad mismas), es bastante notorio el tono condescendiente e incluso re victimizador con que buena parte de las personas y medios de comunicación se aproximan a la cuestión migratoria en México.
En apariencia, las narrativas que nos presentan le imprimen un tono lúgubre y desesperanzador a la decisión de emigrar de miles de seres humanos, la cuál se desarrolla en un ciclo interminable entre tragedia y demanda de justicia y reparación, donde el resultado cada ocasión es la impunidad de los perpetradores. La invitación que me gustaría hacer a toda persona que esté leyendo estas líneas, es a considerar en aquellos que abandonaron su país y que ahora se encuentran en territorio mexicano para encontrar una vida mejor, como sus pares, como personas con anhelos, sueños, dificultades y derechos, los cuales compartimos la mayoría de los seres humanos. La movilidad humana es una experiencia que eligieron quienes, a veces considerados como otros, al final del día son nuestros pares. Esas experiencias más allá de la tragedia deben sacudirnos para comenzar a pensarnos, reconocernos y nombrarnos como un país donde la movilidad es una realidad cotidiana.
En segundo lugar, me interesa destacar que la Ley Migratoria y su implementación a través de la política migratoria debe emerger desde una perspectiva de Derechos Humanos, misma que la historia reciente ha demostrado no es compatible con el enfoque de Seguridad Nacional. Si ya se está apostando por el denominado humanismo mexicano como modelo de desarrollo orientado al bienestar de la población más que solo al crecimiento estructuralmente sostenido en el tiempo, no pueden quedar fuera de toda consideración en política pública aquellas personas que no nacieron en el territorio. Vincular el abordaje de las diversas modalidades de movilidad humana a una cuestión de seguridad nacional, es negarse a reconocer que la movilidad es un derecho humano y como tal debería ser concebido desde la formulación de leyes y políticas migratorias.
Desde el Plan sur de inicios de la década de los 2000, hasta el Plan Frontera Sur en 2014, hasta la contención de las Caravanas Migrantes, ha quedado de manifiesto que el respeto irrestricto que la Ley de Migración estipula no es sino una cuestión anecdótica, ya que las personas en movilidad han sufrido violaciones graves a Derechos Humanos una y otra vez, por distintos perpetradores, quedando siempre en la impunidad (Castillo, 2022; Garibo, 2022). Adicional a esto, el proyecto internacional Missing Migrants Project, lleva un registro desde 2011 de las muertes de personas en movilidad a nivel global especificando las causas de los decesos, por lo que si exploramos la información relativa a Centroamérica y Norteamérica, nos encontraremos con que las muertes por violencia están lejos de ser una excepcionalidad, y más bien corresponden al contexto de impunidad. Por ello, es urgente que en México la política migratoria tenga no solo una fachada sino también fundamentos más humanos, para lo cual, es importante extirpar para siempre la mirada securitaria de asuntos de movilidad de población.
A modo de cierre me gustaría dejar como pregunta ¿es tan importante para quienes llegan a administrar las estructuras estatales en México aferrarse al ejercicio de la soberanía sobre el territorio y la población? O más bien ¿Sin importar el origen partidista de quien gobierna, nos encontramos en una inevitable relación de subordinación frente a nuestros vecinos del norte, quienes cierran su frontera para aprovecharse mejor de la fuerza de trabajo de quienes logran cruzar los controles fronterizos? El tiempo nos irá aclarando el panorama, por lo que conviene estar atentos a la resolución de la masacre del pasado 1 de octubre de 2024 en Chiapas.
Referencias
Castillo, G. (2022). Migración centroamericana y procesos de contención territorial en la frontera sur de México. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 67(246), 239-266.
Garibo García, M. G. (2022). Migración centroamericana en tránsito por México en el marco de la externalización de la frontera estadounidense: Plan Sur y Plan Frontera Sur. Punto Cunorte, 1(3), 71–102. https://doi.org/10.32870/punto.v1i3.21
Alejandro García Juárez*
Licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Maestro en Sociología Política y Doctor en Estudios del Desarrollo, Problemas y Perspectivas Latinoamericanas, por el Instituto Mora. Líneas de investigación Proyectos y trayectorias migratorias, procesos de ciudadanización y modos de involucramiento migrante en torno a derechos, y más recientemente genocidios, memoria y violaciones a Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como Asesor académico en el Museo Memoria y Tolerancia.