En su último informe anual (2023), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso que en México existe la voluntad por mantener e impulsar planes, programas y políticas públicas que combatan la discriminación, e incluso que apunten a atender aquellas violaciones a Derechos Humanos que pueden ser catalogadas como graves, entre las que se encuentran la desaparición forzada, la tortura. No obstante, también subraya las deficiencias que en estos y en otros temas se han manifestado, las cuales apuntan, de acuerdo con las fuentes citadas por la Comisión en su capítulo IV, a un intento por desdibujar la magnitud de la grave crisis de Derechos Humanos que durante el último sexenio no pudo frenarse.
El informe también expone una serie de ambivalencias respecto a la apertura de las autoridades mexicanas para que la Comisión revise informes y hallazgos derivados del trabajo de instituciones gubernamentales y organismos autónomos tan diversos como los que tenemos en el país. Por una parte, se destacan los avances detectados por las mediciones de pobreza de CONEVAL, o bien los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación realizada por INEGI (publicada en 2022), los cuales dan cuenta del interés del gobierno en turno por medir tanto las experiencias de discriminación de la población, así como combatir la pobreza.
Por otro lado, se subrayó la opacidad y manipulación a la que pueden ser sometidas instancias como la Comisión Nacional de Búsqueda, con la renuncia de su titular a mediados de 2023, debido a que denunció la influencia de intereses externos a la Comisión con la intención de manipular la información sobre personas desaparecidas, con la finalidad de que al final del sexenio pudiese notarse cierta disminución en dicho delito. Me pareció conveniente iniciar resaltando esta breve revisión del informe, porque de inmediato llegan a la mente una serie de temas en debate que, en 2023 y especialmente en 2024, año electoral, han estado en la agenda pública y medios de comunicación.
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Desde el recorte a los fideicomisos en instancias de impartición de justicia que hoy hacen eco de la tan comentada reforma judicial, tanto por sus impulsores como por sus críticos, hasta el debate en torno a la militarización de la seguridad pública en manos de la guardia nacional (cuya integración en la estructura de las fuerzas armadas por medio de una reforma constitucional se advertía en el informe). Este cúmulo de temas dejan la impresión de que al gobierno saliente le interesaba más mostrar una actitud cooperante en instancias internacionales, así como adecuar el manejo y compilación de información sobre violaciones graves a Derechos Humanos (particularmente en cuanto a desapariciones forzadas y homicidios) que atender la problemática en sí, como tanto se nos ha repetido.
Quisiera también aclarar que este señalamiento a la forma en que se han abordado las violaciones a Derechos Humanos durante los últimos años no apunta hacia las bases del proyecto de nación impulsado por quien presidía el poder ejecutivo hasta finales de septiembre de este año, ni a la continuidad del mismo encabezado por la doctora Sheinbaum. De hecho, es interesante el cambio en la narrativa sobre cómo aproximarse a la crisis de violencia que, al menos desde 2006, ha aumentado exponencialmente bajo la premisa de atención a las causas estructurales de la misma.
Lo que me interesa destacar es que este cambio de narrativa y, aparentemente, también en la estrategia para enfrentar la situación de violencia en la que hemos estado sumergidos por casi dos décadas, implica reconocer que para atajar la violencia que como sociedad estamos experimentando no basta con enunciarla como un legado de administraciones pasadas, sino asumirla como la gran responsabilidad compartida para quienes en el presente continuamos nuestro día a día en medio de esta gran herida que se amplía y que da la impresión no tener forma de subsanar. Es importante que desde la presidencia no se ignore el espejo que sostienen frente a nosotros los organismos internacionales, cuyo reflejo no es sino el eco de un trauma que desearíamos evitar mirar.
Es fundamental que la mirada estatal no omita considerar en su estrategia los datos del Comité contra la Desaparición Forzada, cuyo informe sobre su visita a México al amparo del artículo 33 de la Convención, indicó que existen 52 000 cuerpos no identificados en fosas comunes. Además, es importante que se garantice para la Comisión Nacional de Búsqueda cierto grado de autonomía en la sistematización de información para el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas, que de noviembre de 2006 (año en que comenzó la guerra contra el Crimen Organizado) a octubre del 2024, reportó un total de 102 977 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales, 94 080 fueron desaparecidas; es decir, existen indicios de que pudieron ser víctimas de algún delito.
¿Es justo decir que la violencia está disminuyendo frente al hecho de que el INEGI registró entre 2006 y 2023 un total de 462 706 defunciones por homicidio? Finalmente, un aspecto señalado por el informe de la CIDH corresponde a la situación de personas en movilidad. De acuerdo con el Missing Migrants Project de la Organización internacional para las Migraciones, entre 2014 a 2024 se han registrado un total de 4 397 personas migrantes desaparecidas o fallecidas en las rutas migratorias de Norteamérica, las cuales atraviesan en gran medida por México. En esta ruta, la región más peligrosa corresponde a la frontera entre México y Estados Unidos, donde 4 311 personas migrantes han desaparecido o perdido la vida (OIM, 2024).
Los riesgos de la discrecionalidad con que operan elementos de la SEDENA y la SEMAR se han hecho presentes desde el día 1 de la nueva administración: 6 personas migrantes asesinadas por soldados en Chiapas, 3 personas asesinadas el segundo fin de semana de octubre en Nuevo Laredo, dan cuenta de que no importa cuántas veces cambien los titulares de las Comisiones Nacionales, o cuanto se modifiquen los criterios para reportar crímenes; la realidad de la crisis de Derechos Humanos está ahí, continúa rebasándonos diariamente y no podemos seguir debatiéndonos entre la importancia de reconocer o no su magnitud. Si apostamos y confiamos en un proyecto de nación encaminado a la atención de las causas de la violencia, es crucial que abracemos una perspectiva de Derechos en todos los ámbitos, en detrimento de las doctrinas de seguridad nacional, las cuales han demostrado ser incompatibles con la intención de pavimentar el camino hacia la paz por medio del desarrollo con bienestar.
Referencias
- Comisión Nacional de Búsqueda (2024). Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Consultado el 20 de octubre de 2024 en: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2024). Mortalidad, Conjunto de datos: Defunciones por homicidios. Consultado el 20 de octubre de 2024 en: https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?c=
- Inter-American Commission on Human Rights (2023). Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2023: aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 31 de diciembre de2023 / Comisión Interamericana de Derechos Humanos.; cm. (OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L/V/II). Disponible en: https://www.oas.org/es/CIDH/informes/IA.asp?Year=2023
- International Organization for Migration (2024). Missing Migrants Project. Consultado el 20 de octubre de 2024 en: https://missingmigrants.iom.int/region/americas?region_incident=4076&route=All&incident_date%5Bmin%5D=&incident_date%5Bmax%5D=
- Naciones Unidas (2022). Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México en virtud del artículo 33 de la Convención.
*Alejandro García Juárez
Licenciado en Sociología por la UNAM, Maestro en Sociología Política y Dr. En Estudios del Desarrollo por el Instituto Mora. Ha impartido clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha presentado resultados de investigación y participado como ponente en diversos foros sobre derechos humanos, migración y ciudadanía. Actualmente colabora en Museo Memoria y Tolerancia donde investiga para la actualización de contenidos relacionados con grupos vulnerables, discriminación, memoria histórica de los genocidios, y violaciones graves a Derechos Humanos.