La igualdad sustantiva se ha convertido en una meta prioritaria en México especialmente durante este 2024, ya que no solo aboga por la eliminación de todo tipo de discriminación, sino también por la creación de condiciones y oportunidades reales para que todas las personas puedan desarrollarse plenamente en un entorno de justicia y equidad.
Este concepto trasciende la simple igualdad formal o jurídica, pues está enfocada en erradicar desigualdades estructurales que impiden la participación equitativa de grupos históricamente en desventaja como las poblaciones indígenas, personas con discapacidad, afrodescendientes, migrantes y comunidades LGBTTTIQA+ y, en este caso particular, las mujeres.
De ahí que la igualdad sustantiva vaya más allá del marco legal o de las normas que aseguran el ejercicio equitativo de derechos; busca que esos derechos se traduzcan en una igualdad real en materia de acceso a condiciones y oportunidades. En el contexto nacional, dicha visión conlleva implementar políticas que reduzcan la brecha de género, mejoren el acceso a recursos económicos y educativos, así como garantizar la participación equitativa en todos los sectores, tanto en la esfera pública como privada.
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Por su parte, México ha logrado avances significativos en términos de políticas de igualdad, entre las más destacadas están las reformas en materia de paridad de género, la incorporación de perspectiva de género en el presupuesto público, los programas de inclusión y accesibilidad.
Sin embargo, pese a la existencia de leyes que prohíben la discriminación salarial, persiste una brecha que afecta en particular a mujeres, quienes ganan en promedio un 22% menos que sus colegas hombres por el mismo trabajo, especialmente en sectores como la industria y los servicios.
Por otra parte, la violencia sigue siendo un grave problema de derechos humanos en nuestro país, donde las personas de grupos vulnerables enfrentan altos niveles de violencia, que van desde el acoso en la vía pública o en el trabajo, además de la discriminación en la vida cotidiana hasta la violencia física y, como máxima expresión del machismo y la misoginia, el feminicidio.
Estos grupos enfrentan múltiples barreras que les dificultan acceder a recursos y oportunidades. La discriminación étnica y la falta de representación en el gobierno y la economía son temas que aún requieren políticas de inclusión efectivas, partiendo de que hoy en día la igualdad no ha sido alcanzada en ningún ámbito lo que, definitivamente, nos obliga a reconocer que este tema aún sigue pendiente en la agenda.
A manera de evolución en la misma materia, el pasado 12 de noviembre, la Cámara de Diputados incorporó en la Ley Suprema, la perspectiva de género, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y los mecanismos tendientes a erradicar la brecha salarial; todo considerado para alcanzar una igualdad sustantiva.
Asimismo, se menciona que las autoridades federales podrán conocer las medidas u órdenes de protección que deriven de violencias de género en contra de las mujeres o de delitos del fuero común relacionados con las violencias de género, en términos de las leyes correspondientes.
Asimismo, se asegura que, las instituciones de procuración de justicia deberán contar con fiscalías especializadas de investigación de delitos relacionados con las violencias de género contra las mexicanas, a efecto de proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.
La misma declaratoria de constitucionalidad, indica que el salario será equivalente a la jornada laboral ejercida, sin importar sexo, género o nacionalidad; la legislación establece que los mecanismos correspondientes se encargarán de reducir la brecha salarial de género.
Por otra parte, aparentemente, el gobierno está trabajando para implementar un modelo educativo respetuoso ante la diversidad, incluyente en contenidos que aborden los derechos humanos, la igualdad de género y el respeto a la diversidad cultural.
Para lograr un cambio real, no solo las instituciones gubernamentales deben comprometerse; también es necesario el apoyo de la sociedad civil y del sector privado. La concientización en torno a los derechos y la inclusión es clave para erradicar los prejuicios y construir una cultura de igualdad.
Organizaciones no gubernamentales, movimientos feministas y colectivos de derechos humanos están desempeñando un rol crucial en la defensa de los derechos de los grupos vulnerables, promoviendo una participación ciudadana informada y activa en favor de la igualdad.
Por ello, se puede resumir que la igualdad sustantiva en el México actual es un objetivo complejo, ya que no se puede reducir a la materia legislativa, sino que es preciso trabajar en la creación de condiciones equitativas para todas las personas, sin importar su género, origen étnico, orientación sexual o condición física.
La sinergia entre el gobierno, el sector privado, así como la sociedad civil es fundamental para superar las barreras estructurales que nos impiden avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva; creando así, una sociedad donde mexicanos y mexicanas logren desarrollarse bajo condiciones dignas y equitativas, propias de un sistema democrático como el nuestro.
Al respecto, para fortalecer nuestra democracia y, por supuesto, impulsar la participación política de los grupos en situación de vulnerabilidad, cabe retomar que para el pasado Proceso Electoral Federal 2024 el Instituto Nacional Electoral se dio a la tarea de hacer efectiva la implementación de acciones afirmativas, lo que se traduce en espacios específicos para que las personas pertenecientes a estos grupos, pudieran ser candidatas. Derivado de ello, resultaron electas:
Al cargo de diputaciones federales 67 personas tal y como se desglosa a continuación:
- 5 personas afromexicanas.
- 9 con discapacidad.
- 5 de la diversidad sexual.
- 42 indígenas.
- 6 migrantes y residentes en el extranjero.
De igual manera, al cargo de senadurías fueron electas 11, de las que se tiene el siguiente desglose:
- 2 afromexicanas.
- 1 de la diversidad sexual.
- 7 indígenas.
- 1 migrante/residente en el extranjero.
A manera de cierre y respondiendo el cuestionamiento que dio origen a este análisis reflexivo, podemos concluir que sí podremos alcanzar esta anhelada igualdad sustantiva siempre y cuando todo el aparato gubernamental, así como la sociedad asuman de manera firme el compromiso de construir entornos en los que las mujeres y demás grupos en situación de vulnerabilidad realmente gocen de una igualdad de oportunidades, de trato y, sobre todo, de tener una vida digna.
El camino hacia la igualdad sustantiva aún requiere de muchos más pasos por dar; los retos son mayúsculos, pero no imposibles de derribar.
Miriam Reyes Grajales | Especialista en perspectiva de género e inclusión social.