De acuerdo con Ferdinand Lasalle, una Constitución fija los principios fundamentales de las leyes y del gobierno, dentro de los límites de un país. (1) Representa el punto máximo en la jerarquía de las leyes y plasma los ideales y metas de un país. Así, es normal que, ante un evento histórico que redefina los valores de un Estado, surja una nueva Constitución.
En México hemos tenido tres grandes constituciones, que coinciden con tres momentos históricos: la de 1824, que provino de la Independencia; la de 1857, correspondiente a la Reforma y la de 1917, consecuencia de la Revolución Mexicana. Haciendo alusión a dichas etapas, al llegar al poder, MORENA se autodefinió como la “Cuarta Transformación”, destacando un cambio en la forma de ejercer el poder y en la relación del gobierno con la sociedad. A pesar de ello, no se promovió una nueva Constitución.
No obstante, desde el sexenio anterior el entonces presidente de la República remitió al Congreso mexicano una serie de iniciativas constitucionales destinadas a redefinir la organización del Estado, en especial lo relacionado con la conformación del Poder Judicial y de los Organismos Constitucionales Autónomos.
Para que exista una reforma constitucional se requiere, además de la mayoría calificada en ambas Cámaras, la aprobación de la mayoría de los congresos locales. Por ello, siguiendo la clasificación propuesta por James Bryce, tradicionalmente se calificaba a la Constitución mexicana como “rígida”, es decir, que su modificación resulta aún más compleja que la aprobación de la legislación secundaria. De tal forma, al momento en que se plantearon dichas iniciativas, las posibilidades de su aprobación eran escasas.
Sin embargo, en los últimos meses la realidad política mexicana se modificó profundamente. A partir del contundente triunfo de Claudia Sheinbaum y el partido MORENA en la mayoría del país, las iniciativas están siendo aprobadas de manera contundente. Y, si bien es cierto, podría comprenderse la disciplina partidaria a nivel federal, en los congresos locales las iniciativas ni siquiera han sido objeto de discusiones serias.
En un sistema federal la soberanía es compartida entre dos o más niveles de gobierno, con poderes y responsabilidades independientes, y una de sus características principales es que ninguno de los niveles de gobierno puede modificar al otro. (2)
El federalismo “es una forma democrática de gobierno, enraizada en el constitucionalismo y el Estado de Derecho”. (3) No es ideal para todos los países, pero pareciera que sí lo es para las democracias grandes y con población diversa. Y, aunque no es una precondición para la democracia, sí facilita su desarrollo, al establecer criterios para preservar las diferencias y repartir el ejercicio del poder. En general, los países federales tienen mayores puntajes en las mediciones sobre la democracia, protección de derechos y desarrollo humano. (4)
En México, durante la época del partido hegemónico, los asuntos públicos eran controlados desde el centro, y los gobernadores no ejercían un contrapeso real. Esta situación fue cambiando conforme se modificó el régimen político y se exacerbó a partir del año 2000. Estados y municipios adquirieron un rol más activo en el sistema político. Para volver a influir en las entidades federativas, el gobierno central ideó mecanismos de “colaboración”, como la etiquetación de recursos para proyectos específicos desde el Presupuesto de Egresos.
Siguiendo esa lógica, para que las entidades federativas tengan mayor independencia al momento de tomar decisiones políticas, requieren contar con mayores recursos propios. El “federalismo fiscal” constituye el acuerdo por el que la Federación y los estados se dividieron el cobro de impuestos conforme a sus esferas de atribuciones. No obstante, los niveles subnacionales se han enfocado en solicitar una mejor distribución de los recursos, y han hecho poco por mejorar su propia recaudación, conforme a sus propias competencias. Hoy, México es el país de la OCDE que tiene menor recaudación (16.9 % del PIB), (5) y dicha problemática se profundiza a nivel subnacional.
Recientes análisis señalaban que, a pesar de que resulta insuficiente, el arreglo federal en México no está en peligro, pues además de aspectos constitucionales y políticos, es la mejor manera de respetar la diversidad territorial y garantizar el autogobierno. (6) Pero hoy, a partir de lo observado en el proceso de aprobación de las reformas constitucionales, nos encontramos ante un nuevo panorama, en el que los estados han descuidado la preservación de sus diferencias y particularidades regionales.
Por ello resulta indispensable que desde diversos sectores de la sociedad se promueva una mayor fortaleza económica de los gobiernos subnacionales, estableciendo formas innovadoras de cooperación entre los sectores público y privado, o recaudando mejor en temas como predial y tenencia, que no son nuevos impuestos.
En la medida en que tengamos un sistema federal más fuerte, México mantendrá una de sus principales grandes riquezas: su diversidad regional.
(1) LASALLE, Ferdinand. ¿Qué es una Constitución?, Ariel, México, 2012.
(2) HAGUE, Rod, HARROP, Martin y MCCORMICK, John. Comparative government and politics, 11th edition, Red Globe Press, London, 2019, p. 184.
(3) ANDERSON, George. Una introducción al federalismo. Marcial Pons, Madrid, 2008. P. 30.
(4) GRIFFITHS, Ann et al. The Forum of Federations Handbook of Federal Countries 2020. Palgrave Macmillan, Canada, 2020 (E-book. Revisar apartado “The Federalist Ferment”).
(5) OECD. Revenue Statistics 2023 – Mexico. Recuperado de https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-tax-revenues/revenue-statistics-mexico.pdf
(6) Por ejemplo, LÓPEZ AYLLÓN, Sergio y CEJUDO, Guillermo. Nota conceptual. Federalismo mexicano. El problema no resuelto. CIDE, México. 2018. Recuperado de: https://www.cide.edu/federalismomexicano/pdf/Nota_Conceptual_Federalismo.pdf
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Ernesto Pérez Rodríguez*
Maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora, así como Maestro Derecho Parlamentario por la Universidad Autónoma del Estado de México. Especialista en Técnica Legislativa. Egresado de la Maestría en Ciencias Jurídicas de la Universidad Panamericana. Actualmente es Asesor Parlamentario en la Cámara de Diputados.