En 2024, con el cambio de administración federal, la fecha límite para la entrega del Paquete Económico 2025 es el 15 de noviembre, por lo que tuvimos que esperar más tiempo para conocer los planes y prioridades en cuanto a ingresos, deuda y gasto público del nuevo gobierno, en un contexto político y económico agitado que pondrá a prueba su viabilidad.
Desde la aprobación del Paquete Económico 2024, se autorizó el déficit más alto en 15 años, 5.9% del PIB, con la promesa de reducirlo a la mitad en 2025. Sin embargo, más allá de cifras, este ajuste o consolidación fiscal, plantea interrogantes críticas sobre la sostenibilidad y los riesgos asociados a los métodos para lograr dicha meta.
Reducir el desequilibrio entre ingresos y gastos es una señal positiva para los mercados, al indicar el compromiso de México con la estabilidad fiscal y financiera. Para ello, existen dos vías: aumentar los ingresos fiscales o reducir el gasto público, cada una con sus desafíos y consecuencias. Sin embargo, no se ha propuesto una reforma fiscal de manera abierta. Dichos cambios deben planificarse con diseño y temporalidad adecuados, integrando aspectos como perspectiva de género, envejecimiento y cambio climático.
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La falta de una reforma fiscal integral en México es evidente. Aunque la Secretaría de Hacienda ha propuesto algunas medidas, principalmente de fortalecimiento administrativo, no se han abordado los cambios estructurales necesarios para lograr una mayor equidad y eficiencia en la recaudación.
La ausencia de una base tributaria sólida, que permita al gobierno disminuir la dependencia de ingresos no recurrentes como los derivados del petróleo, expone a México a vulnerabilidades económicas ante posibles choques externos. La ausencia de incentivos para combatir la informalidad sigue siendo un obstáculo para el potencial recaudatorio del país.
En este contexto, el Paquete Económico 2025 no debería enfocarse solo en una cifra de déficit, sino en establecer bases sólidas para la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Esto implica reducir el déficit y, al mismo tiempo, proteger a los sectores vulnerables y fomentar una economía inclusiva y resiliente. Una verdadera reforma fiscal no puede depender únicamente de ajustes anuales o medidas temporales; requiere una visión de desarrollo económico que considere los cambios demográficos y las necesidades sociales.
El riesgo de centrarse solo en reducir el déficit podría traducirse en recortes a sectores como infraestructura, salud y educación, que son motores clave de crecimiento y desarrollo en el país. El riesgo de no lograr reducir el déficit es una mayor incertidumbre económica y la posibilidad de insostenibilidad del sistema fiscal. La decisión es compleja, pero se requiere un plan claro y creíble, y esa es la expectativa que genera el Paquete Económico 2025.
Desde el CIEP como cada año, analizaremos los Criterios de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación una vez que se presenten, y compartiremos los resultados en rueda de prensa el 19 de noviembre. El análisis también podrá consultarse en https://paqueteeconomico.ciep.mx/.
Alejandra Macías Sánchez*
Es economista por la UDLAP y doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM. Ha trabajado en el gobierno federal y en organismos internacionales. Tiene experiencia en temas de evaluación, finanzas públicas, seguridad social y desarrollo social, sobre los cuales ha publicado. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y actualmente es directora ejecutiva en el CIEP. Se especializa en cambio demográfico, finanzas públicas y transiciones justas, con especial interés en la mejora del sistema fiscal con base en evidencia y perspectiva de género. Le interesa mejorar las finanzas públicas con base en evidencia y perspectiva de género.