El 29 de octubre, Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, busca reconocer el trabajo de cuidados, ampliar el acceso a servicios de cuidado de calidad y aliviar la carga que recae en las personas cuidadoras, facilitando la incorporación de las mujeres al mercado laboral formal y promoviendo una mayor equidad de género. En lo que respecta a México, la creación de un Sistema Nacional de Cuidados ha cobrado especial relevancia en los últimos años, sin embargo, presenta retrasos importantes.
En 2024, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que reconoce el derecho al cuidado en la Ley General de Desarrollo Social. Sin embargo, no se asignan recursos para su implementación en el presupuesto. Por otra parte, desde el 2020 se ha buscado que el Senado apruebe ciertas reformas en ese sentido desde la Constitución.
Con el paso del tiempo, esta lucha ‘en pausa’ ha provocado que se busquen otras opciones como la creación de la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, en la que se propone que el trabajo de cuidados sea una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y la comunidad, coordinado por una Junta Nacional de Cuidados que garantizaría servicios integrales en todo el país.
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Como se mencionó anteriormente, otro de los desafíos más críticos es el presupuesto. Actualmente, solo el 0.7% del gasto programable en México se destina a programas enfocados en cuidados. Sin financiamiento adicional, la cobertura y la calidad de los servicios de cuidado seguirán siendo limitadas, lo cual contrasta con la magnitud de la demanda existente?
A este problema presupuestario se suma el hecho de que el trabajo no remunerado de cuidados representa un valor económico significativo. De acuerdo con el INEGI, el trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados equivale a cerca del 24.3% del PIB, lo que demuestra su peso económico.
La mayor parte de este trabajo es realizado por mujeres, quienes aportan casi tres cuartas partes del total de esta actividad no remunerada, lo que limita sus oportunidades laborales y de desarrollo profesional. Esta brecha de género es uno de los motores que impulsan a la creación de un sistema que reduzca esta carga desproporcionada y asegure que las personas cuidadoras tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades. ?
Para construir un sistema de cuidados sostenible y accesible, además de un mayor presupuesto, requiere de una infraestructura sólida y una coordinación efectiva entre los diferentes niveles de gobierno.
La inclusión del cuidado como derecho en la Ley General de Desarrollo Social podría ser un primer paso, pero el reto de transformar este derecho en una realidad tangible depende de la voluntad política y de la implementación de políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a los servicios de cuidado. La creación de este sistema no solo responde a una demanda de justicia social, sino que también tiene el potencial de generar cambios estructurales que favorezcan la igualdad de género y el bienestar social en México.
En definitiva, se ha tratado de un proceso en el que se han presentado avances significativos en su marco legal, pero se encuentra limitado por barreras financieras y de implementación. Para que el Sistema Nacional de Cuidados cumpla con sus objetivos de inclusión y justicia social, es indispensable un compromiso político y una inversión sostenida que permita transformar el derecho al cuidado en una realidad tangible, beneficiando a las personas cuidadoras no remuneradas y construyendo una sociedad más equitativa para todos.
Itzel Loredo Ramírez*
Economista egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), especializada en Crecimiento y Desarrollo Económico. Cuenta con experiencia en la Administración Pública, principalmente en la toma de decisiones estratégicas, así como en la planeación y el manejo de recursos financieros. Durante su paso por la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía, contribuyó con el análisis, interpretación y tratamiento de datos en materia económica, fuerza laboral y temas relacionados, fundamentando proyectos e iniciativas del Gobierno de México a nivel regional y nacional. En la actualidad, se desempeña como investigadora en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde concentra su labor en el análisis de políticas educativas y el manejo del gasto público. Considera que una educación de calidad es fundamental para el crecimiento económico sostenible y para mejorar la competitividad a nivel global.