A pesar de todos los cuestionamientos e incluso resistencias entre integrantes del grupo parlamentario mayoritario, finalmente se consumó la reelección de Rosario al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por otro periodo de cinco años, lo cual no es una buena noticia para nuestro país y particularmente para las víctimas de violaciones así como para quienes han abrazado la lucha por el respeto y defensa de los derechos humanos como causa de vida. De por sí la designación en 2019 de la señora Piedra como presidenta de la CNDH había sido sumamente polémica por decir lo menos, y su desempeño tampoco contribuyó en nada para cuando menos lograr cierta legitimidad entre personas defensoras, colectivos y organizaciones de la sociedad civil.
Todo lo contrario, su gestión ha sido muy mal evaluada en prácticamente todos los rubros como la deficiencia en la gestión de quejas y en las investigaciones, parcialidad en la emisiòn de recomendaciones, falta de autonomía y hasta señalamientos administrativos, por lo que no se consideraba que tuviera los merecimientos siquiera para registrarse al proceso selectivo convocado por el Senado, siendo que la posibilidad de la reelección en un cargo público supuestamente tiene como propósito reconocer el buen trabajo realizado y que se le pueda dar continuidad, lo que claramente no es el caso.
Además de ello, su comparecencia fue lamentable –aún más al compararla con las de otras aspirantes–, se dio a conocer la falsificación de una supuesta carta de apoyo del obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, que él mismo desmintió, y las mismas senadoras y senadores del oficialismo la calificaron en el último lugar con tan solo un voto, mientras que Nashieli Ramírez fue la mejor evaluada al haber obtenido 15 votos, Tania Ramírez se ubicó en segundo sitio con 12, seguida de Paulina Hernández con 11 votos.
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Sin embargo, decidieron sacar de la terna a Tania Ramírez pese a ser una reconocida activista con una amplia trayectoria en la defensa de derechos humanos –desde los 7 años marchaba con su mamá y abuela exigiendo la aparición de su papá–, para meter a la señora Piedra con la justificación del presidente de la comisión de justicia que se trató de una decisión política echando por tierra tanto el esfuerzo para llevar a cabo un parlamento abierto como los mismos resultados del comité de evaluación. De hecho, integrantes de Eureka, fundado por doña Rosario Ibarra de Piedra emitieron un pronunciamiento en el que consideraron como “inaceptable que por intereses ajenos al proceso, sea impuesta en la terna la persona que demostró a lo largo de cinco años su incapacidad para dirigir la CNDH con independencia del Estado perpetrador de graves violaciones a los derechos humanos”.
También el Senador de Morena, Higinio Martínez manifestó que la lucha de doña Rosario Ibarra “no requiere de un homenaje mediante el nombramiento de un familiar, sino que se cumpla por lo que luchó”, al igual que personajes cercanos a la denominada 4T como Carlos Pérez Ricart, Genaro Lozano, Jorge Zepeda Patterson quienes cuestionaron su posible reelección, o Vanessa Romero quien de plano señaló que sería vergonzosa por las acusaciones de corrupción, falsificación de documentos, parcialidad y mal desempeño.
No obstante y ante la falta de argumentos para defender la idoneidad de la señora Piedra, trataron de aludir a la historia de su mamá o a una supuesta decisión de Estado, pero el hecho es de que se impuso la línea –no sabemos a ciencia cierta de dónde o de quien–, dando con ello un duro golpe a los derechos humanos, a las organizaciones y, sobre todo, traicionando a las víctimas y familiares quienes seguirán abandonadas a su suerte.