El debate sobre el narcoterrorismo en nuestro país ha ganado fuerza desde que la presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa la propuesta panista de clasificar el narcoterrorismo, buscando que sea tipificado dentro de nuestro Código Penal y permita recibir apoyo internacional para combatirlo.
Hoy en día, parece que eventos lamentables como el asesinato múltiple de once personas y decenas de heridos en Querétaro, el homicidio de cinco personas en un bar en Cuautitlán Izcalli, los bloqueos e incendios de vehículos en Tabasco y Chiapas, la quema de vehículos en Guanajuato o la violencia en Sonora deben ser considerados actos de narcoterrorismo. Nada más lejos de la verdad; sin embargo, si no es narcoterrorismo, entonces, ¿qué es?
Al hablar de terrorismo, nos referimos a "cualquier acto destinado a causar terror o intimidación en la población con fines ideológicos" (United Nations Office on Drugs and Crime, 2015), o al "uso calculado de la violencia o amenaza de violencia para inculcar miedo, coaccionar o intimidar a gobiernos o sociedades" (Department of Defense, 2007). En este contexto, el terrorismo implica el uso de la violencia con un propósito: ideológico, político, ecológico, supremacista o antigubernamental.
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"El terrorismo implica violencia o amenaza de violencia ejercida por actores no estatales que buscan desafiar, dañar o deslegitimar la autoridad del Estado u otras instituciones de poder para promover sus objetivos ideológicos" (Richards, 2021). En los conflictos entre los cárteles, y en sus enfrentamientos con el gobierno, no hay una ideología detrás de la violencia; existe un propósito pragmático que, comúnmente, es criminal, personal o económico.
Algunas voces sostienen que el hecho de que esta coacción sea dirigida a actores políticos implica una ideologización, sin embargo, esta caracterización tampoco es correcta. Aunque los cárteles están motivados principalmente por el lucro, algunos desarrollan un interés por influir en los sistemas de poder local mediante la corrupción, amenazas o incluso el asesinato de funcionarios públicos, periodistas y activistas. Esta expansión de sus objetivos les permite establecer control social en las áreas donde operan, un control que en ocasiones llega a ser político, algo similar a lo que buscan algunos grupos extremistas.
En ocasiones, los cárteles construyen narrativas de autodefensa o justificación de su violencia, argumentando que están "protegiendo" a sus comunidades de otros grupos rivales o incluso del propio gobierno. Sin embargo, este discurso no es más que una forma de legitimar y exacerbar su violencia, haciéndola pasar por justicia o resistencia; es una propaganda que buscan utilizar para que su control territorial no encuentre oposición.
Al final, el verdadero interés de los cárteles sigue siendo el control económico y territorial para el lucro, más que la implementación de un cambio político o social amplio.
"El terrorismo se diferencia de otros actos de violencia por su propósito de manipular y generar un cambio social o político a través del miedo. Los actos de violencia que carecen de esta intencionalidad generalmente se categorizan como crímenes de odio, violencia masiva o crimen organizado, dependiendo de sus circunstancias" (LaFree & Dugan, 2021). Es una realidad que las disputas entre los cárteles se han incrementado y sus conflictos se han recrudecido. Estos actos de violencia masiva son intencionales, a gran escala, y causan un daño físico y psicológico significativo. Sin embargo, como hemos señalado, los cárteles suelen tener objetivos específicos relacionados con el control, y la violencia es solo una herramienta, no un fin en sí mismo.
El debate en torno al narcoterrorismo no solo es peligroso, sino también incorrecto. Si en la administración del recién reelecto presidente Donald Trump, Estados Unidos decide designar a los cárteles como grupos terroristas, las repercusiones serían enormes en términos de seguridad nacional, soberanía, negocios, diplomacia y economía. La postura de cierta ala del PAN al impulsar esta agenda resulta irresponsable y poco meditada; ni siquiera llega al nivel de un debate político sensato, y solo pone en riesgo a nuestra nación.
La otra cara de la moneda: Osorio y Mancera
Mientras este par de exsecretarios de Estado y exjefes de gobierno disfrutan de la libertad, paseándose por las calles haciendo TikToks, comiendo tacos o viajando en camionetas de lujo, actúan como si el daño que hoy vivimos no fuera en parte su responsabilidad. Actúan como si el despilfarro y la irresponsabilidad con los que manejaron sus cargos no tuviera ninguna repercusión. Ojalá que el segundo piso de la llamada “Cuarta Transformación” nos ahorre el tener que ver cómo de nuevo los Estados Unidos podría detener a este par incluso a Alemania, donde andan proclamando que irán buscando su autoexilio.
Y por si fuera poco, el presidente Donald Trump ha llamado a ocupar la cartera como asesor de Seguridad Nacional al repúblicano Mike Watz de Florida, no olvidemos que el junto con el Diputado Crenshaw presentaron la iniciativa para nominar a los cárteles como organizaciones terroristas. Waltz es un condecorado combatiente que sirvió en Afganistán, en oriente medio y Africa,
Referencias:
Department of Defense. (2007). Dictionary of Military and Associated Terms. U.S. Department of Defense.
LaFree, G., & Dugan, L. (2021). Global Terrorism Database: Codebook. National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism.
Richards, A. (2021). Concepts and Contexts of Terrorism. In Understanding Terrorism: Challenges, Perspectives, and Issues (6th ed., pp. 33-55). SAGE Publications.
United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). International Legal Instruments. UNODC.