El proyecto de sentencia a las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara, abrió esta semana una nueva etapa en el proceso que se desarrolla desde su aprobación en el Congreso. Frente a la nueva posibilidad de negociación que tal vez busca abrir la Suprema Corte, es evidente que dicha pretensión tampoco prosperará.
La respuesta de los poderes Ejecutivo y Legislativo volvió a ser clara y contundente: la reforma va en los términos en que fue aprobada. Se reiteró en forma implícita que ante el hecho consumado no hay disposición a escuchar ni atender los planteamientos de las ministras y ministros que se han manifestado en contra.
La lógica política que justifica la decisión también es transparente: el diálogo indirecto que se está dando responde al modelo de “ganador-perdedor”. Bajo este esquema, quienes tienen la posición de fuerza no se han visto en la necesidad de mantener uno de los principios básicos de la negociación: lo que una parte gana, la otra la pierde.
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Cuando se llega a estos límites, se generan las condiciones para que se deteriore la relación entre las partes involucradas y, en casos extremos, se asuman conductas hostiles que motiven el escalamiento de los conflictos. De acuerdo con este enfoque, lo que importa es ganar, sin que importe demasiado desacreditar las posturas y puntos de vista de los demás.
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En el escenario actual hemos visto diálogo indirecto y debate, pero no negociación. Las puertas para utilizar este recurso están totalmente cerradas. En consecuencia, las opciones del Poder Judicial se perciben muy debilitadas. Frente a lo que sus integrantes califican como una crisis constitucional, su misión ahora es más compleja pues tienen que resolver al mismo tiempo la crisis en que ellas y ellos están inmersos.
Aún más. El margen de maniobra de la institución se sigue reduciendo por los problemas y obstáculos provocados por su estrategia de comunicación. Los contragolpes recibidos están mermando la imagen institucional como consecuencia de varios de los argumentos centrales de su narrativa.
Más allá de cuál de las partes tiene la razón jurídica, política y social, en la batalla de las percepciones el dominio lo mantiene el Poder Ejecutivo. El sometimiento que hoy ejerce se ha construido sobre la base del apoyo mayoritario de la ciudadanía, el cual sigue siendo inobjetable. Esperemos que su análisis de riesgos haya ponderado bien los efectos y consecuencias de esta impresionante demostración de poder.
La negociación es un recurso sustantivo de la democracia y la política. Su propósito principal es modificar la actitud o postura de quienes forman parte de un conflicto y tienen la voluntad, parcial o total, de resolverlo. Esto implica la legitimidad de mantener u obtener algunos beneficios acordes con cualquier tipo de interés.
En situaciones de crisis, es altamente recomendable que el proceso de negociación se lleve a cabo de manera formal, en espacios apropiados y equitativos, donde se pueda controlar cualquier manifestación violenta. Además tiene que partir de reglas de diálogo y una agenda previamente acordada entre los participantes.
La conversación formal entre los actores no excluye el uso de otros espacios menos rigurosos, siempre y cuando exista un mínimo acuerdo para que se respeten los lineamientos esenciales previamente establecidos. En cualquier caso, siempre es recomendable contar con la participación de un moderador o árbitro que dé fe y validez a los acuerdos.
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Como se puede observar a partir de lo que dice la teoría, la anulación real de muchas de las ventajas estratégicas que tenía el Poder Judicial prácticamente excluyeron sus posibilidades de negociación. Para reducir el impacto, tienen que modificar de manera obligada los ejes tácticos de su estrategia.
“No rendirse” –como lo aseguró el ministro Javier Laynez– no es suficiente para cumplir los objetivos. Si bien es cierto que Sun Tzu aseguró que de cara a la adversidad hay que seguir luchando “y dejar claro que sólo se podrá sobrevivir si se lucha”, también lo es que la Suprema Corte debe reconocer que no conviene atacar los puntos fuertes del adversario y hacerlo sólo en sus puntos de defensa débiles, ahí “donde no tenga posibilidad de defensa”.
Desde esta perspectiva, se puede concluir que el Poder Judicial está inmerso en el peor escenario posible. Si ya no existe el espacio para el diálogo directo, tampoco lo hay para la negociación. Sin embargo, la mejor ventana de oportunidad en el corto plazo está en la sesión que tendrá el Pleno el próximo martes 5 de noviembre, en la que se votará la declaración de inconstitucionalidad de una parte importante de la reforma.
Muchos ven con cierto optimismo la posibilidad de lograr un cambio en las condiciones actuales, privilegiando los beneficios para el país. Pero lo que sin duda corresponde ahora es revisar, una vez más, las tácticas y acciones para evitar un mayor deterioro en el poder e imagen del Poder Judicial. Los siete meses que faltan para la primera elección –y los menos de tres años para la del 2027– le dan un tiempo y espacio que podrían aprovechar mucho mejor.
Recomendación editorial: Peter Schröder. Estrategias políticas. México: Fundación Friedrich Naumann, 2004.