Desde 2016, cada 5 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre los Tsunamis, fecha aprobada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2015. La importancia de visibilizar los riesgos de este fenómeno natural repuntó tras los eventos del Océano Índico en 2004. En ese año, un terremoto de alta intensidad en las costas de Sumatra provocó olas de hasta 30 metros de altura, cobrando la vida de alrededor de 230 mil personas en 14 países del sudeste asiático. Fue el primer gran desastre natural del siglo.
Este 5 de noviembre de 2024, también, se asoman dos tsunamis pero de naturaleza política: la elección presidencial en Estados Unidos, y el inicio de la discusión sobre la inconstitucionalidad o no de la reforma judicial mexicana. No es exagerado decir que del resultado de ambos sucesos marcará la forma que inician ambos países el segundo cuarto del siglo XXI, y las perspectivas de integración de la región norteamericana.
En el caso de Estados Unidos, el país llega en una situación bastante compleja tanto por su papel dentro del contexto global, como por las crecientes problemáticas internas. Los últimos 25 años vieron pasar presidentes republicanos y demócratas, ataques en territorio e invasiones en el extranjero, entrada y salida de tratados internacionales, epidemias sanitarias, de drogas y de armas, la disputa entre derechos liberales y creencias conservadoras, la defensa y acecho de la democracia, y un sinfín de desafíos económicos, migratorios y de seguridad.
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En el mejor de los casos, la elección estadounidense es reflejo de las tensiones no resueltas entre cómo los sistemas políticos deben funcionar para generar bienestar y seguridad a sus ciudadanos. Harris apuesta a la continuidad de “ir hacia delante”, en sueños que no terminan por entenderse; Trump busca el regreso para “terminar de hacer el trabajo”, cualquiera que haya sido el que empezó. Y tan falta de contundencia de ambos mantiene al país dividido y dispuesto a mantenerse en mitades. Lo peor es que, no importa quién gane, poco parece que habrá una conciliación mediante la acción gubernamental.
En México no tendremos un proceso electoral el martes, pero sí el inicio de una votación que marcará la estructura del Estado como lo conocemos. Es notorio que llevamos meses de discusión sobre el Poder Judicial, misma que se ha recrudecido desde la aprobación y publicación de la reforma a mediados de septiembre de 2024.
Lo que hoy es vigente en la Constitución es muy claro: el replanteamiento de cómo uno de los tres poderes de la Unión deberá ser integrado en donde la apuesta es que sea, en su totalidad, por el voto directo de la población. Sin adjetivar la apuesta que la fuerza gobernante ha decidido impulsar, la realidad material de su ejecución es de una dimensión abrumadora: 850 cargos tan solo en 2025.
Esos cargos con candidaturas revisadas en tres Comités de Evaluación, para luego irnos a un proceso de campaña que nadie conoce cómo será, y luego pedirle a la gente que vaya a votar entre un galimatías de nombres y boletas. Un escenario poco deseable, pero real, es que no gane una voluntad del pueblo, sino la mejor estrategia de operación y movilización territorial.
A esta complicación el Ministro González Alcántara propone un proyecto que, de entrada, parecer resolver los problemas políticos que originaron a la reforma, y descarga las porciones más complicadas de ejecución de la reforma judicial manteniendo, a la vez, la carrera judicial. En términos más o menos sencillos, lo que el Ministro dice es: que sean electos los órganos cúpula jurisdiccionales, es decir, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, y continuemos con el esquema de carrera judicial para el resto de los cargos. Más cosas dice el proyecto, pero esta es su esencia.
Si el origen de la propuesta judicial fueron las acusaciones del uso faccioso de la justicia en los tribunales superiores por poderes enquistados, una votación mayoritaria al proyecto del Ministro González Alcántara sobre la acción de inconstitucionalidad parece resolverles muchos problemas a todos. Incluyendo a los ciudadanos. Pero, primero, debe haber una mayoría de ocho votos y, después, que esa decisión sea acatada por las partes.
Existe también el escenario de que el proyecto no avance, y nos lancemos al experimento judicial electoral. Quizás tengamos éxito como país, quizás no. Pero ya será nuestra responsabilidad, como también será responsabilidad de los vecinos del norte decidir quién los gobierna por los próximos cuatro años. Este 5 de noviembre, hagamos conciencia sobre los tsunamis.