Un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que una de cada cinco mujeres dice haber enfrentado algún tipo de violencia sexual en su infancia. México no es ajeno a esta realidad. De hecho, datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) señalan que cuatro de cada diez víctimas de delitos sexuales en el país, son menores de 15 años.
Sin embargo y dado el alto crecimiento de este tipo de conductas, a nivel nacional, no existe actualmente un candado que garantice que aquellos adultos cuya labor profesional implique el contacto con menores, tengan un historial limpio en este sentido.
Hace unos días, presenté por ello una iniciativa de reforma a la Ley de Educación, a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; para que quienes forman parte de este rubro de profesiones que tienen contacto con menores de edad, acrediten no haber sido condenadas por sentencia ejecutoria por delitos sexuales.
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Y es que un dato impactante es que, de acuerdo con la organización México Evalúa, cuando menos el noventa por ciento de los delitos sexuales en nuestro país no se denuncian. ¿Por qué?, la mayoría de las veces por miedo a un acto de represalía por parte de un agresor o al temor de verse exhibido frente a la sociedad.
Entonces, ¿cómo podemos garantizar la seguridad de la niñez y juventud en este terreno?, pues precisamente mediante la exigencia de una Carta de No Registro como Persona Agresora Sexual en las profesiones que tienen vínculo alguno con el cuidado y formación de menores de edad.
Es importante precisar que la violencia sexual no se limita única y exclusivamente al abuso. Desde el exhibicionismo, las comunicaciones obscenas, los tocamientos sin consentimiento y la posesión o difusión de imágenes sexuales en las que participen menores de edad, entre otras modalidades; todo ello se tipifica como un delito sexual.
Otro dato alarmante, que nos deja ver la importancia y gravedad del tema, es que de acuerdo con la Dirección del Centro de Respuesta de Incidentes Cibernéticos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, durante la pandemia los casos de pornografía infantil se incrementaron hasta en un setenta por ciento. Esto quiere decir que son los espacios que deberían ser los más seguros para un menor de edad, en donde ocurren las agresiones de tipo sexual.
Por ello, de aprobarse esta iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México, nuestra Constitución se pondría a la vanguardia de las legislaciones más avanzadas en el mundo, que protegen desde la letra el bienestar, la integridad y el sano crecimiento de las niñas, niños y adolescentes. Si las autoridades capitalinas garantizan que, quienes se encargan del cuidado, educación y formación de nuestras hijas e hijos, cuentan con una hoja de vida impecable, estaremos protegiendo de manera robusta su vida y el futuro de la sociedad.