La ambiciosa meta de bajar el precio de la tortilla hasta 10% al finalizar el sexenio es el principal objetivo del Plan de Soberanía Alimentaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca establecer un acuerdo nacional para apoyar el cultivo y la distribución del maíz, el grano sagrado obtenido por Quetzalcóatl, que es el alimento básico de los mexicanos.
Este es uno de los ejes rectores de la nueva política del campo, presentada por Julio Antonio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, que rompe con la estrategia neoliberal del libre mercado y para enfrentar la inflación busca lograr acuerdos para garantizar precios justos a más de 2 millones de productores de maíz blanco y también para los consumidores.
El maíz “es la superficie de la Patria” dijo el poeta Ramón López Velarde y la mayor parte de la producción nacional (23.6 millones de toneladas anuales) se consume en forma de tortilla, el “gran invento mexicano”, afirmó el escritor Jorge Ibargüengotia, que “es al mismo tiempo plato, cuchara, servilleta y mantel”.
Te podría interesar
Aunque todos los mexicanos comemos tortillas –entre seis y ocho diariamente–, existe una correlación inversa entre ingreso y consumo de este alimento. En consecuencia, dijo Berdegué, se busca apoyar “particularmente a las personas más pobres y vulnerables de este país que gastan un porcentaje muy alto de todo su ingreso en comprar tortilla”. En los últimos seis años, de enero de 2018 a octubre de 2024, el costo de un kilo de tortilla aumentó 65 % al pasar de 14 a más de 23 pesos.
Es lamentable, decía Salvador Novo, que se haya perdido el nombre original de la tortilla: tlaxcalli, pero es tal la importancia de este alimento en nuestra dieta, que su producción, en el pasado reciente –durante 17 años, entre 1973 y 1990– fue considerada de “interés público”, estableciéndose un precio oficial, que al iniciar el siglo era de 4.50 pesos el kilogramo en la Ciudad de México.
El esquema de “economía mixta” se rompió durante el gobierno de Carlos Salinas, cuando la Secretaría de Comercio, a mediados de 1990, decretó la “harinización” de la tortilla en todo el país y anunció la reestructuración de Conasupo. En 1992, la Asociación Nacional de Productores de la Industria de la Masa y la Tortilla denunció que Conasupo sólo suministraba 2 millones de toneladas de maíz al año, pese a que la demanda era de 5 millones de toneladas.
La estrategia era que al bajar la dotación de maíz a los molineros de nixtamal, la Conasupo presionó a los tortilleros para que utilizaran harina de maíz. El fondo del conflicto fueron los subsidios. Más de 45 mil molinos tuvieron dotaciones de maíz subsidiado hasta 1990, lo que desapareció al quitársele el carácter de “interés público” a la industria de la masa y la tortilla.
La paraestatal Conasupo, en la última fase de existencia, convirtió los subsidios generalizados en selectivos; así surgieron los “tortibonos” y los “tortivales”. Ante la negativa de la Secretaría de Comercio para aumentar el precio de la tortilla, se rebelaron los molineros, acusando a Salinas de querer favorecer a su amigo Roberto González Barrera, dueño de Gruma, quien pretendía monopolizar el mercado de la tortilla hecha a base de harina de maíz.
“La guerra de la tortilla”, como la prensa llamó a este acontecimiento, se prolongó dos años hasta que el 19 de diciembre de 1992, unos agentes de la PGR detuvieron a Nazario Palomera, el líder de los tortilleros, y casi de inmediato, fue declarado formalmente preso. La acusación: encarecer la tortilla.
El subsidio a la tortilla fue eliminado el 31 de diciembre de 1998 y un año después, desapareció Conasupo (24 de mayo de 1999). Al comenzar el nuevo siglo, se habían extinguido casi todos los molinos de nixtamal, el mercado de harina de maíz estaba monopolizado por dos empresas privadas: Minsa y Maseca. En esos años, González Barrera, dueño de Gruma, apareció en la lista de los 24 supermillonarios mexicanos del sexenio salinista que publicó la revista Forbes.