Desde las carpas, Jesús Martínez Palillo (1913-1994) se convirtió en portavoz del pueblo al denunciar y burlarse de los políticos “abusivos, rateros lacras, pulpos chupeteadores”. Y todavía se recuerda aquella frase: “la solución somos todos”, eslogan de campaña de José López Portillo (1976) que se convirtió en la parodia “La corrupción somos todos” de Chucho Salinas y Héctor Lechuga.
Tristemente, al paso del tiempo, el tema no pierde vigencia. Entre broma y broma –dice el refrán–, la verdad se asoma. México es el país más corrupto de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE), de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción. Y ésta se sintetiza en la frase “el que no transa, no avanza”. En el año 2015, México se ubicaba en el lugar 95 del Índice; para 2016, descendió al 123 y en los últimos cuatro años se mantiene en la posición 126 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional, donde Dinamarca y Finlandia ocupan los primeros lugares como países con menos corrupción.
La corrupción es el principal problema de México, dijo Andrés Manuel López Obrador al inicio de su sexenio y aunque hubo avances –se acabaron los “moches” y se combatió el huachicol–, terminó su gobierno lamentando el desfalco superior a 9 mil millones de pesos en Segalmex (Seguridad Alimentaria), donde todos los presuntos responsables están en la cárcel, menos Ignacio Ovalle Fernández, quien fue titular del organismo.
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La “lucha sigue” al iniciarse el segundo piso de la Cuarta Transformación. La secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro presentó el nuevo modelo de prevención y combate a la corrupción, basado en 10 pilares, que tendrá la “Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno”, nuevo nombre de la dependencia.
Entre los diez pilares, que Buenrostro enumeró en la conferencia mañanera del 17 de octubre, están: prevenir la corrupción, dignificar el servicio público con principios éticos, fortalecer la cultura de la denuncia, realizar investigaciones proactivas y continuas sobre el uso del gasto público y la prestación de servicios, combatir la impunidad e involucrar a la sociedad en la lucha anticorrupción.
En pocas palabras, según dijo la funcionaria: “Tenemos que hacer que violar la ley sea más caro que cumplir la ley”. Un reto ambicioso, pero difícil. El 83.1% de la población considera frecuentes los actos de corrupción al realizar trámites de servicios (Inegi, 2023) y esto tiene una larga historia.
La palabra “carrancear” se popularizó para describir los saqueos que hicieron los integrantes del Ejército Constitucionalista, comandados por Venustiano Carranza. Y también está la frase: “Nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos”, atribuida a Álvaro Obregón, cuyo brazo mutilado, según la leyenda, brincó entre los cadáveres de la batalla de Celaya para alcanzar una moneda de oro.
Las “cruzadas” contra la corrupción, de acuerdo a William Michael Reisman, en su libro “¿Remedios contra la corrupción?” (1979), pueden humillar o castigar a algunos miembros de las elites, pero no cambian la estructura básica de poder, ni sus costumbres fundamentales. Se refuerza el “sistema mítico” de normas (que consta de códigos y leyes formales), pero nada cambia en los “códigos prácticos” (que son los que realmente guían las conductas de la ciudadanía en países con problemas de corrupción estructural) y que le dicen cuándo, cómo y quiénes pueden realizar acciones prohibidas por las formalidades legales.
El soborno, dice Reisman, es la variante de una de las técnicas fundamentales de la política: otorgar indulgencias reales o prometidas, para obtener cierta conducta deseable. Y ésta parece haber sido la táctica utilizada por los diputados morenistas para lograr el voto de los Yunes con lo que se logró la aprobación de la reforma judicial.