En los primeros seis días del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum casi 500 personas han sido asesinadas. La mayor violencia se ha registrado en Guanajuato que encabeza la lista de homicidios y Sinaloa, donde hay una guerra entre narcotraficantes. Uno de los hechos más trágicos fue el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, que fue decapitado y su cuerpo fue expuesto dentro de su vehículo.
Ante estos hechos, Sheinbaum presentó la nueva Estrategia Nacional de Seguridad, que fortalecerá las labores de investigación e inteligencia para combatir las redes del crimen organizado y reducir el número de homicidios en el país, pero la presidenta ha dejado en claro que “no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón”, ya que “no buscamos ejecuciones extrajudiciales”.
Sin embargo, el nuevo plan se aleja de la política de “abrazos, no balazos” que caracterizó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador; aunque mantiene la atención a las causas y el fortalecimiento de la Guardia Nacional, ahora se plantea una estrategia más efectiva, mediante la creación de una subsecretaría para operar el Sistema Nacional de Inteligencia y coordinar a las fiscalías y policías de las 32 entidades federativas.
Te podría interesar
Ese día, martes 8 de octubre, después de haber participado en la presentación de la estrategia, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se reunió con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para establecer un plan de 100 días basado en la colaboración entre el gobierno federal y estatal para realizar operativos conjuntos y reducir los índices de violencia, principalmente en León, Celaya y Salamanca.
Más tarde, García Harfuch, acompañado del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla y otros integrantes del gabinete de Seguridad, viajaron a Culiacán y recorrieron las calles de esta ciudad, que se ha convertido en el epicentro donde se pondrá a prueba la nueva estrategia contra la violencia generada por la disputa entre las facciones de Los Chapitos y de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
En este contexto del cambio de estrategia en la política nacional de seguridad, incluso la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, que contempla la controvertida reforma al poder Judicial, podría incidir en la reducción de los altos niveles de impunidad que en buena medida es generada y amparada por la corrupción de los distintos agentes involucrados en el sistema judicial: policías, ministerios públicos, fiscales, jueces y responsables de las cárceles.
La impunidad en México alcanza una horrorosa cifra de 99%, afirma Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Según algunas estimaciones –explica–, la llamada “cifra negra” (compuesta por los delitos efectivamente cometidos que no llegan al conocimiento de la autoridad) alcanza al 75% del total de delitos cometidos en México. En otras palabras, 3 de 4 delitos no se denuncian.
Del 25% de delitos que sí son denunciados solamente se concluye la investigación ministerial en el 4.55%, pero se pone a alguna persona a disposición de los jueces solamente en el 1.6% del total de delitos cometidos. Es decir, de cada 100 delitos solamente 1.6 llegan ante el conocimiento de un juez; las condenas judiciales alcanzan una cifra de sólo 1.06 por ciento.
A pesar del consenso generalizado de que el sistema judicial mexicano está plagado de corrupción y urge reformarlo, no todos están convencidos de que la elección de jueces vaya a solucionar el problema.