Desde hace varios años, México ha sido considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo tan solo por debajo y, a veces incluso, al mismo nivel de aquellos que están en guerra; de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, nos ubicamos en el lugar 121 de 180 países en cuanto a libertad de prensa con 49 puntos. De igual forma, Artículo 19 ha documentado 167 homicidios de periodistas desde el año 2000, de los cuales 47 se registraron durante el gobierno del presidente López Obrador, mismo número que con Peña Nieto y apenas un asesinato menos que en el sexenio de Felipe Calderón (48), por lo que lamentablemente poco o nada ha cambiado en los últimos 24 años. Más del 90% de los casos permanecen impunes y a ello hay que sumar alrededor de 32 desapariciones.
Si bien es cierto que en 2023 hubo una disminución muy importante respecto al año anterior, pasando de 13 a 5 el número de personas periodistas asesinadas, también lo es que 2022 tiene el mayor registro en casi dos décadas y media. A nivel estatal, Veracruz tiene el nada honroso primer lugar con 31 asesinatos, seguido de Guerrero con 17, en tanto que Tamaulipas, Chihuahua y Oaxaca contabilizan 15 cada uno. Sin embargo, revisando los datos de los últimos tres años, nos encontramos que estos crímenes ocurren igual en Morelos que en Sinaloa, Chiapas, Nayarit, Puebla. Michoacán, Zacatecas, Baja California, Sonora o Guanajuato donde fue el más reciente. Desde luego también se deben tomar en cuenta los atentados y amenazas contra periodistas que en muchas ocasiones no tienen más opción que abandonar el lugar donde viven, por lo que además son víctimas de desplazamiento forzado dejando atrás gran parte de su vida (casa, familia, amigos, trabajo).
La muerte de un periodista tan solo por tratar de hacer bien su trabajo y contar la verdad de lo que acontece no solo es una dolorosa pérdida para sus colegas y para sus seres queridos, también representa una gran pérdida para la sociedad al atentarse contra su derecho a ser informada, además de cancelar una vía para dar voz sobre todo a quienes sufren los abusos del poder público, económico y/o delincuencial, por lo que debemos reparar en sus consecuencias tanto en el ámbito personal como colectivo. Como señaló el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, las autoridades están obligadas a cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y proteger a las y los periodistas, pues de lo contrario no sólo se contribuye a la autocensura, sino que se fomenta la violencia contra los medios.
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Este fin de semana tuve oportunidad de ver el documental “Estado de Silencio” que precisamente busca concientizar, a través de los testimonios de cuatro periodistas locales en Morelos (Jesús Medina), Chiapas (Juan de Dios García Davish y María de Jesús Peters) y Sinaloa (Marcos Vizcarra), sobre la compleja situación de riesgo a que se enfrentan todos los días para ejercer el periodismo, así como las muchas deficiencias del mecanismo de protección por lo que en la mayoría de los casos, no les queda más opción que cuidarse en la medida de lo posible con sus propios medios. La denuncia que hacen los protagonistas es muy cruda y reveladora: “la mayoría de agresiones son de parte del gobierno, de agentes del Estado, y cuando hay un momento de desprotección a quien le hablan es al mismo Estado para que nos cuide”, “a quien le importa la vida de un periodista si el presidente dice todos los días que somos lo peor, es como ponernos un blanco en el pecho”.
Por su parte, la periodista Marcela Turati sostiene que cuando se pierde la línea divisoria entre el crimen organizado y las autoridades, cuando los hijos de los capos se convierten en presidentes municipales y los sicarios en policías se crean zonas de silencio, en tanto que el director de Artículo 19 dice que cuando se asesina a un periodista y los demás dejan de hablar de ese tema o de los mismos actores, se impone lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado zonas silenciadas. El representante del Comité para la Protección de Periodistas en nuestro país afirma que no hay una forma imaginable para atacar a un periodista que no haya visto en México, pues aquí ocurre desde lo más sencillo a lo más brutal. No obstante, reconoce que las personas periodistas “mantienen una motivación muy fuerte a pesar de los riesgos o la precariedad laboral o económica pues no lo ven nada más como un trabajo, es una causa, una vocación, un compromiso para superar las narrativas que construye el poder sobre la realidad”. Pero quizá lo más elocuente de todo, son los audios con las amenazas de que fueron víctimas Jesús Medina y Juan de Dios García Davish. Vale mucho la pena ver este documental “Estado de Silencio”.