El segundo jueves del mes de octubre de cada año, la Organización Mundial de la Salud estableció el Día Mundial de la Visión con el propósito de llamar la atención sobre la discapacidad visual y la ceguera que, por su dimensión e impacto en nuestro país, son dos de los grandes temas pendientes que deberá afrontar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aunque no hay datos oficiales sobre las enfermedades oculares, la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) calcula que en México hay aproximadamente 16 millones de personas con deficiencia visual, de las cuales 4.6 millones sufren pérdida de visión de moderada a severa afectando principalmente a mayores de 50 años, en tanto que el 55% son niñas y mujeres, y 540 mil padecen ceguera. Con estas cifras nos ubicamos entre los 10 países con mayor número de personas con estos padecimientos, que además representan poco menos de la mitad de las 8.9 millones de personas con alguna discapacidad siendo la principal causa.
Este panorama es de por sí muy preocupante, pero lo es aún más si consideramos que, conforme a algunas estimaciones de la Asociación para Evitar la Ceguera en México (APEC), de mantenerse la misma tendencia, los problemas de pérdida de visión podrían incrementarse para 2040 en más del 70% llegando a afectar a alrededor de 27 millones de personas, por lo que su atención debe ser una prioridad. Es importante tener en cuenta que no se trata tan solo de cifras, detrás de cada caso hay una persona que todos los días enfrenta junto con su familia –en el mejor escenario–, múltiples barreras físicas y sociales que impactan en sus condiciones y calidad de vida.
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Entre las muchas consecuencias que puede provocar la discapacidad visual, se encuentran la disminución de movilidad y por tanto dificulta que una persona pueda valerse por sí misma; aumento en el riesgo de caídas y fracturas; limita la capacidad de realizar tareas como leer, escribir o realizar labores domésticas, así como para interactuar con las demás y participar en actividades sociales; también se puede incrementar la probabilidad de depresión y ansiedad, y en la niñez puede afectar su desarrollo y aprendizaje. Todo ello implica que, en muchos casos, las personas con discapacidad visual requieran de apoyo constante e incluso que las tenga que acompañar permanentemente una persona cuidadora, por lo que el número de personas afectadas cuando menos se duplica.
A lo anterior, hay que sumar que la pérdida de visión genera también un impacto significativo en la economía de las familias y del país. Se calcula que la reducción del empleo en la población de 15 a 64 años con deficiencia moderada a severa o con ceguera es superior al 30%, y que la pérdida anual de productividad puede ser de alrededor de 50 mil millones de pesos, lo que representa el 0.21% del PIB de 2019. Sin embargo, la buena noticia es que las enfermedades oculares se pueden tratar con un alto porcentaje de efectividad y, por ejemplo, conforme a estándares internacionales el costo total del tratamiento de cataratas y errores de refracción –que son de las principales causas de la discapacidad visual– equivale tan solo al 3.5% de lo que se pierde en productividad. Es decir, además de la posibilidad de cambiarle la vida a las personas, que sin duda es lo más importante, la atención de las enfermedades oculares es también una muy buena apuesta en términos económicos.
En su discurso del pasado 1 de octubre en el Zócalo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció dentro de sus 100 compromisos de gobierno que en 2025 va a impulsar un programa masivo de cirugías de cataratas, lo que es esperanzador y puede ser un primer gran paso para resolver esta asignatura pendiente.