Años difíciles
Los años 2023 y 2024 han sido aciagos para la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). En ese periodo se gestó una crisis interna caracterizada por la discordia entre los cinco comisionados de la Junta, la disfunción de sus órganos colegiados, la amenaza de la inminente desaparición de la institución y la denuncia de trabajadoras y trabajadores por actos de acoso sexual y laboral.
Ante la amenaza de desaparición de Mejoredu, debido al proyecto de reforma constitucional del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (febrero de 2024), los cinco integrantes de la Junta Directiva de la institución tuvieron discrepancias.
Las tres comisionadas afines a Morena y al gobierno de la Cuarta Transformación –Silvia Valle Tépatl, María del Coral González Rendón y Etelvina Sandoval Flores– fueron señaladas por su reacción tibia, pues en lugar de levantar la voz en contra de la iniciativa presidencial se limitaron a comunicar al personal que la institución no desaparecería, sino que sería “transferida” a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esta postura fue rechazada por los comisionados Florentino Castro López y Óscar del Río Serrano, quienes sostuvieron que no era la posición de “toda” la Junta Directiva.
Te podría interesar
Mientras los altos funcionarios dirimían sus diferencias, en oficinas y pasillos de la institución se incubaba un problema que explotaría a mediados del año 2024.
Señalamiento de violencia sexual digital
El 10 de julio de 2024 una persona anónima difundió en los correos oficiales de Mejoredu un mensaje en el que denunció haber sido víctima de un grupo de nueve trabajadores dedicados a intercambiar fotografías de mujeres trabajadoras, aunque sin precisar explícitamente si se trataba de fotos íntimas. Asimismo, aseguró que el caso fue expuesto un año antes a las comisionadas Silvia Valle Tépatl y Coral González Rendón sin haber obtenido ningún tipo de respuesta de parte de ellas: “simplemente me dijeron que analizarían el caso, y sigo esperando respuesta”.
Entre los presuntos responsables señalados de difundir las fotografías figuran jefes de departamento, subdirectores, un director de área e inclusive un director general.
Por otra parte, entre las presuntas víctimas se encuentra personal de enlace, jefas de departamento, subdirectoras y una directora general.
Por una institución libre de violencia
Como consecuencia del correo electrónico anónimo, mujeres trabajadoras de Mejoredu organizaron una manifestación que tuvo lugar el 15 de julio en la entrada de la institución ubicada en avenida Barranca del Muerto 341, al poniente de la Ciudad de México.
Las consignas de las pancartas exhibidas por las manifestantes expresan su malestar: No podemos trabajar si nos violentan / La violencia sexual de género o laboral es ejercicio de poder / Por un Mejoredu libre de violencia de género / El acoso en sus formas laboral, verbal, emocional y sexual no se debe tolerar, se debe denunciar y castigar.
Dos consignas llaman la atención porque expresan no solo la demora con que reaccionó la Junta Directiva de la institución ante la queja presentada verbalmente un año atrás, sino también por la presunta minimización que le dieron al hecho las comisionadas Valle Tépatl y González Rendón: Junta Directiva: su silencio y omisión les hace cómplices / Decir que no es para tanto es ignorar que la violencia empieza con cada foto difundida sin consentimiento.
Sobre la manifestación, una trabajadora escribió en su cuenta de X, antes Twitter: “Protestamos afuera de la Mejoredu por un mejor clima laboral. Hay violencia dentro de las instalaciones y la junta directiva y el comité de ética no hacen nada a pesar de las denuncias”.
Como otra forma de protesta, en muros de baños y pasillos se pegaron carteles con leyendas como las siguientes: Si tocan a una nos tocan a todas / Nuestros cuerpos no son para diversión en las redes sociales / Acosar sexualmente vía on line ya es un delito.
Ambiente de desconfianza
Tres días después de la manifestación, un comité de trabajadoras reiteró la denuncia de violencia digital ante la Junta Directiva. En el texto leído a los comisionados y el presidente del Comité de Ética se asienta, entre otras cosas, que “haber recibido correos de denuncia anónima sobre supuestos actos violatorios a la integridad de personas de la comunidad es alarmante [porque] refleja el desconocimiento o la desconfianza de la comunidad para seguir los protocolos de la función pública. Independientemente de la veracidad de su contenido, o de que exista una denuncia formal o penal, haber recibido esta información es motivo suficiente para indagar los hechos aludidos y tomar medidas de atención y prevención inmediatas”.
El comité demandó acciones inmediatas para investigar las denuncias sobre violencia sexual y acciones para favorecer “un ámbito laboral seguro y sano” para todas las personas.
Respuesta de la autoridad
En un breve comunicado del 18 de julio, la Junta Directiva reprobó los actos de acoso o de violencia de cualquier tipo y prometió continuar con la investigación sobre violencia digital y publicación de imágenes sin consentimiento de las personas. Asimismo, pidió “evitar el involucramiento de los medios de comunicación en asuntos internos de la Comisión para que no se tergiversen los hechos” y llamó a “fortalecer a la comisión en los momentos complejos por los que esta atraviesa” (su probable desaparición).
En los acuerdos de la séptima sesión ordinaria de la Junta Directiva del 31 de julio se aprobó realizar “lo conducente a fin de brindar a las personas servidoras públicas afectadas por presuntas acciones de acoso y hostigamiento sexual, el apoyo y acompañamiento institucional a que haya lugar, y en su caso, presentar ante las autoridades e instancias procedentes sus denuncias para su atención y resolución”.
El mismo día se presentó la denuncia institucional ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se dio a conocer al personal una serie de acciones para la mejora del clima laboral: instalación de software para detectar correos maliciosos o agresivos; atención, orientación y escucha al personal que lo requiera; y acciones de capacitación a víctimas de hostigamiento y acoso sexual.
Hasta el cierre del presente reportaje, dos meses después de la denuncia interpuesta, la comunidad de trabajadoras no había sido informada acerca del estatus de la causa, es decir, desconoce el número de folio de la denuncia y a quién o a quiénes se denunció.
La revisión documental de lo acontecido y los testimonios recabados demuestran que las autoridades de Mejoredu prestaron atención al problema de acoso sexual solo después de la manifestación realizada por trabajadoras y trabajadores.
Se envió a Silvia Valle Tépetl, comisionada presidenta de Mejoredu, un cuestionario de cinco preguntas para conocer su punto de vista de los hechos expuestos. La subdirección de comunicación social se limitó a solicitar el número telefónico del reportero, pero no aportó respuestas a las interrogantes planteadas.
Acoso laboral
El Código de Ética de la Administración Pública Federal define el acoso laboral como una forma de violencia cuyo objetivo es “intimidar, excluir, opacar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, causando un daño físico, psicológico, económico o laboral-profesional”.
Las personas consultadas para la realización de este reportaje, quienes solicitaron el anonimato (por ello se usan seudónimos), también aluden al acoso laboral que se vive en la institución.
A pregunta expresa, Leticia afirma que el acoso laboral se debe a que cierto personal de dirección (menciona específicamente el nombre de dos directoras de área) carece de liderazgo y de habilidades para trabajar en equipo, tomar decisiones y comunicarse con su personal.
Por otra parte, Nancy afirma que otra causa es la escasa solvencia académica de algunas personas con cargos de dirección que “no cuentan con la preparación profesional ni la experiencia para ejercer una función de este nivel y que, en algunos casos, aunque ya contaban con antecedentes de denuncias por acoso laboral, recibieron nombramientos como tales”; derivado de ello, “en ocasiones se sienten rebasadas por su personal e incurren en abusos de poder.”
Vicente fue convocado a una reunión por su directora de área. En esa reunión, ella y el director general, le dijeron que lo evaluarían “en su desempeño”. En entrevista, él comenta: “fue un proceso con muchas irregularidades: me convocaron por teléfono, sin decirme para qué y no «evaluaron» a nadie más (aunque después me enteré que lo hicieron con otras personas, siguiendo el mismo mecanismo). Lo que ellos querían era justificar mi despido, debido a que la directora era intolerante a la crítica. Yo me defendí, en un oficio señalé con evidencias todas las irregularidades, así como los abusos e incompetencia de la directora y sus subdirectores, pero meses después enviaron a un subdirector a despedirme sin justificación alguna. Quisieron que firmara una renuncia ante dos testigos”. Lo anterior consta en la denuncia presentada por Vicente ante la Secretaría de la Función Pública.
Isela narra su experiencia: “mi directora de área cuestionaba sin fundamento lo que yo decía en las reuniones, o bien, me excluía de ellas, pese a que debía estar presente por el nivel de involucramiento que yo tenía como coautora de algún documento. Llegó a citarme en su oficina en varias ocasiones, para confrontarme por alguna opinión académica que había hecho; esto lo hacía a veces con apoyo de otra directora de área o de subdirectores. También me mandaba escritos para corregirlos en dos horas, cuando a otras personas se los había enviado una semana antes; o bien, me dejaba muchas tareas y con poco tiempo para hacerlas, según consta en los reportes semanales de actividades”. Continúa: “pese al apoyo que solicité en su momento por correo electrónico oficial a las autoridades superiores (Director General y Titular de Unidad), la directora finalmente me solicitó que leyera y firmara, delante de dos testigos, una renuncia que yo no había redactado, por supuesto, me negué”. Este hecho consta en la denuncia que Isela presentó ante la Secretaría de la Función Pública, cuya copia se obtuvo para este reportaje.
Andrea, personal operativo, también vivió algo semejante. Después de salir a comer, en el horario respectivo, “sacaron sus cosas personales sin avisarle, desactivaron su tarjeta de ingreso al edificio y no la dejaron pasar por ellas”, según refieren testigos del hecho.
Lourdes, jefa de departamento, comenta otro caso: “a Violeta la despidieron semanas después de que en una reunión virtual manifestó su inconformidad porque sería enviada a una comisión a un estado de la república en la fase crítica de la pandemia por Covid-19, lo cual ponía en riesgo su salud y la de su familia”.
Verónica sostiene que Mejoredu se caracteriza por su rígida jerarquización y verticalidad. Dice que entre más abajo se está en la jerarquía, más se percibe el menosprecio hacia el personal.
Varios testimonios coinciden en que personal de dirección y subdirección se pasea por las áreas de trabajo para vigilar. Al respecto, comenta Verónica: “pasean con frecuencia por las áreas de trabajo, se detienen unos segundos detrás nuestro para ver qué tenemos en la pantalla de la computadora. Pienso que nos vigilan para infundirnos miedo”.
***
Los hechos de acoso sexual y laboral son graves. Los primeros incluso constituyen un delito penal que implica de tres a seis años de prisión.
Mejoredu es una institución asediada: no solo por sus problemas internos, sino también por el ataque externo de funcionarios públicos de alto nivel de la Secretaría de Educación Pública, como Marx Arriaga Navarro, director general de Materiales Educativos, quién convocó a los maestros de educación básica a resistir y no aplicar la evaluación diagnóstica diseñada por la institución por considerar que es un ejercicio neoliberal.
De seguir el curso previsto de los acontecimientos, el tiro de gracia a Mejoredu saldrá del Congreso de la Unión. Por lo pronto, el primer clavo al ataúd lo ha puesto la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que aprobó el 23 de agosto el dictamen de reforma constitucional para la extinción de diversos organismos, entre los cuales está Mejoredu.