El pasado 7 de noviembre se cumplieron cuatro años de que Rosario Piedra fue designada por el Senado como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y tanto el proceso de designación -por el incumplimiento de requisitos de elegibilidad al formar parte de un órgano de dirección partidista y las dudas sobre el conteo de votos y la obtención de la mayoría calificada-, como su desempeño en el cargo han sido sumamente polémicos.
Pero no por eso, deja de llamar la atención que durante su comparecencia ante la comisión permanente del congreso para presentar su informe anual de actividades, haya propuesto la desaparición de la CNDH afirmando que es una herencia del neoliberalismo y que ya no responde a las necesidades del pueblo. Es decir, se trata de un reconocimiento tácito de que su gestión ha sido un fracaso, en lo que lamentablemente sobran razones para coincidir, ya que este organismo responsable de recibir las quejas contra autoridades, emitir recomendaciones e incluso investigar hechos que puedan constituir violaciones graves de derechos humanos como lo establece la constitución, se ha vuelto casi inexistente en medio de una severa crisis humanitaria que azota a nuestro país. Resulta muy sintomático que todas las personas que integraban el consejo consultivo de la CNDH hayan renunciado por sus diferencias con Rosario Piedra, quien no tomaba en cuenta sus opiniones, obstaculizaba su trabajo e incluso señalaron que en algunos casos recibieron amenazas y calumnias.
En todo este tiempo, las miles de víctimas se han quedado prácticamente solas ante la pasividad de la Comisión, que ha evitado pronunciarse sobre la militarización de las tareas de seguridad pública, las quejas presentadas contra elementos de la Guardia Nacional, los abusos contra migrantes, las personas desaparecidas y el abandono a las mujeres buscadoras, las familias desplazadas de sus comunidades por el control del crimen organizado, los ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, o la excesiva aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Parece que su consigna es no incomodar al presidente y a su gobierno.
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Paradójicamente, al mismo tiempo que la presidenta de la CNDH proponía su desaparición, el Estado mexicano compareció en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el examen periódico universal -se trata de una revisión periódica sobre el historial de derechos humanos de los países miembros-, y no nos fue nada bien. La mayoría de los 116 países que participaron, alertaron respecto a lo que está sucediendo en nuestro país y, de acuerdo al reporte de la revista Proceso, los temas más recurrentes fueron los asesinatos de periodistas y defensores, la desaparición forzada, la violencia contra las mujeres y la situación de migrantes.
Entre los países que se pronunciaron, Estados Unidos pidió que se sancionen con mayor rigor los delitos contra personas LGBTIQ+ y, junto con Canadá, que se identifique debidamente a las personas desaparecidas. Por su parte el Reino Unido señaló la impunidad, la corrupción, la violencia contra mujeres y niñas y recomendó desmilitarizar a la Guardia Nacional al igual que Suiza, en tanto que Suecia manifestó su preocupación por violaciones a los derechos humanos cometidos por militares. Uruguay pidió que se realicen investigaciones independientes en el caso de desapariciones forzadas y garantizar la reparación a las víctimas y, hasta Venezuela señaló la necesidad de salvaguardar la labor de los periodistas.
Aunque todo parece indicar que, cuando menos en los próximos meses, la propuesta de Rosario Piedra no contaría con la mayoría calificada que se requiere en el congreso para modificar la Constitución y, de acuerdo con el análisis que realizó el centro de monitoreo digital Dinamic, de las 72 millones de personas usuarias de redes sociales que conversaron sobre el tema el mismo día de su comparecencia, el 64% mostró su rechazo a la desaparición de la CNDH y únicamente el 17.28% simpatizó con la propuesta por lo que al parecer tampoco contaría con apoyo popular, lo que urge es que los esfuerzos se centren en fortalecer las capacidades institucionales así como la autonomía del organismo para atender la crisis por la que atravesamos y se garantice el respeto y protección de los derechos humanos.