Por más que las autoridades insistan en negar la creciente y extendida violencia en el país, intenten maquillar cifras o la quieran justificar afirmando que tan solo se trata de hechos aislados, lo cierto es que esta no se puede ocultar como se ha podido comprobar una vez más en los últimos días. El domingo 3 de diciembre, seis jóvenes celayenses de los cuales cinco eran estudiantes de medicina que habían ido ese fin de semana a una fiesta en Juriquilla, Querétaro, fueron localizados en un camino de terracería cercano al campus Celaya de la Universidad de Guanajuato con huellas de tortura y el tiro de gracia. Una de las versiones apunta a que, de regreso a Celaya, decidieron pasar a un balneario donde fueron levantados por miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima para después asesinarlos sin que a la fecha se conozca el motivo.
No obstante, el presidente López Obrador señaló en su conferencia mañanera que tenía información respecto a que los asesinaron porque fueron a comprar droga a un grupo criminal en un territorio que pertenecía a otra banda como si hubiera sido su culpa, lo que a todas luces es revictimizante además de que los resultados toxicológicos que se les practicaron arrojaron resultados negativos al consumo de drogas por lo que, con razón, sus familiares exigen una disculpa pública que probablemente no llegará. Pero aún si así hubiera sido, nada justifica que la delincuencia organizada actúe con toda impunidad y les haya quitado la vida a estos jóvenes estudiantes. Recordemos que a cuatro meses de que se diera a conocer la desaparición de otros cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco y que circulara un vídeo en el que se les ve golpeados, maniatados e incluso aparentemente a uno de ellos lo obligan a matar a uno de sus amigos, todavía no se conoce su paradero ni la razón por la que fueron levantados.
En otra historia de terror, el viernes 8 de diciembre agricultores del municipio de Texcaltitlán en el Estado de México que fueron citados por integrantes de la Familia Michoacana en una cancha de futbol para cobrarles el pago del derecho de piso y permitirles seguir sembrando principalmente haba y avena -al parecer esto pasaba desde hace varios años y les cobran hasta por tener animales-, se rebelaron cansados de las extorsiones y el abandono del gobierno por lo que se enfrentaron a los delincuentes con palos, machetes y escopetas falleciendo 10 de ellos entre los que estaba su líder así como 4 pobladores.
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Las imágenes que se difundieron son muy fuertes y si bien la violencia debe ser siempre condenada, se entiende la reacción de la gente como último recurso ante la impotencia de que les arrebataran el fruto de su trabajo que en muchas ocasiones apenas les alcanza para subsistir, y este es solo un ejemplo de lo que sucede en muchas zonas del país. Recientemente el obispo de Cuernavaca denunció que cuando menos el 50% de los negocios en Cuautla tienen que pagar derecho de piso, en tanto que algunos estudios arrojan que en alrededor del 10% de los 2,447 municipios sus habitantes han tenido que salir huyendo por la presencia de grupos criminales.
También en estos días, la revista Proceso dio a conocer el testimonio de una niña de 10 años que viajaba con su mamá, sus hermanos y otras personas migrantes a Matamoros para pedir asilo humanitario a Estados Unidos, pero en el trayecto fueron secuestrados por miembros del crimen organizado quienes les exigieron 50 mil dólares para dejarlos ir, y enfrente de ella descuartizaron a un joven que no había podido reunir el dinero para el rescate.
Son tan solo tres de las muchas historias de violencia que suceden cada día con perfiles muy distintos de víctimas (jóvenes estudiantes, agricultores, migrantes) quienes lamentablemente cayeron en manos de la delincuencia organizada que libremente impone su ley ante la ausencia del Estado mexicano.