En las últimas semanas, se ha visto el incremento de los desacuerdos existentes entre los entornos judicial y político. Asuntos como el conflicto sobre los fideicomisos asociados con la Suprema Corte, la salida desaseada del ministro Arturo Zaldívar y el proceso poco fructífero que se está experimentando con la designación de su relevo a cargo del Senado de la República a partir de las ternas que le ha enviado el presidente López Obrador, así como la crisis constitucional abierta en el estado de Nuevo León con la presencia –hasta el momento de redactar este texto– de dos gobernadores como producto de la diferencia entre Samuel García y el congreso local de dicha entidad, hacen ver que la desconexión entre la ley y la política está pasando fuertes facturas que afectan a la estabilidad del país.
Todo esto no puede verse de manera aislada, sino que nos obliga a tener una inmersión profunda con respecto a las condiciones culturales y comunicacionales que se han transmitido en el actual ciclo sexenal con relación a la pobre visión que se tiene del Estado de Derecho por parte de la clase política. Las acciones emprendidas por el titular del Ejecutivo han sido paradigmáticas con relación a cómo observa al Poder Judicial como un simple aparato que debe estar sujeto a las necesidades de su proyecto, por mucho que disfrace su narrativa anclándola sobre la lectura de que la Judicatura debe “regresar al pueblo”.
Primero lo intentó con ternas que incluían a personas que se ajustaban a trayectorias con cierto conocimiento y experiencia de la labor jurisdiccional, aunque con elementos de cuestionamiento por su cercanía tanto partidaria como a intereses personales o de grupo dentro de la propia 4T. De esta manera, las designaciones de los cuatro espacios hasta ahora cubiertos (González Alcántara, Ríos Farjat, Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf) han sido muy dispares y ello también se ha mostrado en la calidad de sus proyectos y votaciones, en donde los dos primeros mencionados se han diferenciado de las dos últimas con respecto a los casos sensibles que le han interesado cabildear al presidente. Debido al escándalo de plagio de la ministra Esquivel, el presidente no tuvo la posibilidad de retener el control de la presidencia del máximo tribunal y éste retornó al “grupo conservador” con la ministra Norma Piña.
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Como se ha visto a todas luces, el resultado ha sido el escalamiento de las acciones de hostigamiento por parte del Ejecutivo Federal, señalando los contubernios que a su juicio muestran el plegamiento de la Corte a favor de los grupos oligárquicos del país. Llevado al nivel de afrenta personal, desde Palacio Nacional se decidió tocar a dicha instancia mediante el retiro de los apoyos –y su literal confiscación– hacia los fideicomisos judiciales desde el Congreso de la Unión. Pese a los intentos de diálogo y negociación inicialmente abiertos entre ambas instancias, el resultado no fue muy lejos, con el consiguiente entrampamiento del tema precisamente a partir de la presentación de acciones de inconstitucionalidad por parte de la oposición, así como por la presentación de acciones de amparo que dieron paso a la suspensión definitiva para impedir cualquier acción relativa a poder disponer de dichos recursos por parte del gobierno federal. Y derivado de ello, es poco probable que se pueda ver una solución al menos de aquí a lo que resta del actual periodo presidencial.
De ahí la importancia que implica la designación de la nueva terna que impulsa el presidente, en donde con bastante claridad se muestra la inclinación y la línea recibida por parte del grupo parlamentario de MORENA hacia favorecer a Bertha Alcalde Luján, que sin duda se muestra como una pieza importante dentro de los cuadros que desea colocar López Obrador, en la medida que apenas no pocos meses atrás, también fue fuertemente respaldada para que ocupase uno de los asientos del Consejo General del INE. Por ello, resulta plausible esperar que un nuevo rechazo por parte del bloque de contención termine por abrirle la puerta al presidente para terminar designando a dicha candidata, a pesar de que ello conllevaría a un notorio conflicto de interés efectivo en la medida que su hermana es la titular de la Secretaría de Gobernación, y con ello las condiciones de litigio entre ambos poderes puedan tener vicios en la medida que haya intercambios de información privilegiados entre ambas personas sobre casos sensibles y de interés general para el país.
Actualmente, el bloque oficialista en la Corte no le tiene asegurado al gobierno el poder de veto que le implique tener 4 votos incondicionales (clave para bloquear una mayoría de 2 tercios en cuestiones como las acciones y controversias constitucionales). De darse la llegada de Alcalde –o incluso Lenia Batres–, ello les mantendría en el escenario de 8 a 3, a menos que González Alcántara o Ríos Farjat decidieron “rectificar” de cara a los escenarios resultantes de la próxima elección federal. Y desde luego, sigue pendiente si finalmente la ministra Esquivel pueda ser o no separada del cargo. De esta manera, a Claudia Sheinbaum no se le presenta un mejor escenario a afrontar aun en caso de que gane la elección del próximo año.
Por el momento, no se observa que el cambio en la correlación de fuerzas sea plausible en el corto plazo, especialmente cuando se ha observado la posición adoptada con respecto al caso de Samuel García en Nuevo León, y cuya inclinación hacia apoyar la decisión de reconocer al segundo interino nombrado por dicha instancia, después de haber revertido la primera que había inadecuadamente designado al titular del Poder Judicial de la entidad, ha sido ratificada por el TEPJF, con las consecuencias ya conocidas que obligan al precandidato único del MC a bajarse de la contienda del 2024.
Regresando a nuestro punto de partida, la desestimación que se hace de la conexión entre el derecho y la política muestra con claridad que no sólo basta con entender la correlación de fuerzas o sostenerse en la simple moral “superior” para asumir que los cambios puedan llevarse a cabo como actos de voluntad correctos. De ahí que la idea asociada con el Plan C de que pueda regresar a un intento de elección directa de las y los integrantes de la SCJN a través del voto popular, sea una lectura no bien entendida de dicha experiencia en el marco de la trayectoria de la Constitución de 1857 en la materia. Sinceramente habría que recomendarle a los panegiristas del régimen que repasen las páginas críticas dedicadas al respecto por parte de don Daniel Cosío Villegas en “La Constitución de 1857 y sus críticos” y por Emilio Rabasa Estebanell en “La Constitución y la Dictadura”, para captar los efectos que la elección popular del titular de la SCJN provocó en la politización y la inestabilidad del poder durante la época de la Reforma y la República Restaurada decimonónicas, en lugar de apelar a la despartidización de dichas designaciones con la opción de la inamovilidad para así blindarlos y sustraerlos precisamente de los vaivenes del momento. Con ello, las y los ministros precisamente deberían tener una clara fuente de consenso calificado entre las fuerzas políticas y al mismo tiempo, deslindar al Ejecutivo de una designación final arbitraria que en la actualidad termina por desatender al propio trabajo legislativo de análisis y revisión de las ternas remitidas.
Como puede verse, la clase política mexicana dista mucho de revisar su historia. E insiste en la necedad de tropezarse con las mismas piedras sin importar quienes se hallen al frente del gobierno. Esa es la parte paradójica y cierta de que las leyes y la política vayan por senderos separados y produzcan el daño frente al cual no tenemos ni la voluntad ni la capacidad para remontarlos.