Con la reforma electoral constitucional de 2014, el Legislador Federal determinó para el naciente Instituto Nacional Electoral (INE) en ese año, dotarlo de más de 70 nuevas atribuciones en comparación con el otrora Instituto Federal Electoral (IFE) destacando su papel garante en la planeación y desarrollo de las elecciones federales y, en coordinación con los institutos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales. Por ello, el INE es la autoridad electoral administrativa encargada de emitir lineamientos y criterios para el desarrollo de múltiples actividades como los modelos de material y documentación electoral, observación electoral, conteos rápidos, los relacionados con diversos sistemas informáticos como el programa de resultados preliminares, entre otros.
Asimismo, el INE es la instancia que tiene a su cargo la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos tanto en el ámbito federal como local; es el responsable de la ubicación de las casillas electorales, del reclutamiento, capacitación y designación de las y los funcionarios de casilla; de la elección y remoción de las y los consejeros electorales de los institutos electorales locales, entre muchas más.
No obstante, el INE ha desplegado otras actividades que, enmarcadas en sus atribuciones legales, se han distinguido por cumplir una labor social en beneficio de las y los mexicanos. Me refiero concretamente al uso que el INE da a los instrumentos registrales como el padrón y los listados nominales que, además de ser las herramientas fundamentales con el que se desarrollan las elecciones, coadyuba con diversas instituciones para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como la identificación de las personas no localizadas.
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De acuerdo con la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cuyo objetivo es “… la consolidación del Estado de Derecho en México a través de una agenda integral dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad sistemáticas que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país”, registra más de 111 mil personas desaparecidas.
Recientemente, el Gobierno de la República hizo una referencia de los datos de personas desaparecidas en donde conformó una categorización de éstas entre personas localizadas, personas con indicios para su localización, registros sin datos suficientes para identificar a personas, entre otras.
Independientemente de esta posición el INE ha asumido una importante labor social ya que a través del uso de su base de datos biométrica que, dicho sea de paso, la más grande del país, colabora con diversas instituciones del Estado mexicano que le ha permitido, según información pública del INE la emisión de 8 mil 225 dictámenes de identificación de personas desconocidas a partir de sus huellas dactilares y la confirmación de la filiación de 21 mil 266 personas desaparecidas.
El INE ha firmado ya un total de 23 convenios de colaboración con distintas instituciones entre las que destacan la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda y tiene en puerta la posible firma con otras instituciones que representarían un importante impulso a esta labor social del INE en beneficio del Estado mexicano y de la población.
Esto deja de relieve la importancia de contar con una institución como el INE. No por algo, de acuerdo con diversos estudios y mediciones realizadas por varios medios de comunicación, es una de las instituciones en que la ciudadanía más confianza le ha depositado, sobre todo, reconociendo que planear, organizar y desarrollar elecciones que implican la renovación del poder púbico es una muy alta responsabilidad.