Todo parece indicar que cada vez más la severidad de los impactos climáticos está cambiando la retórica sobre el cambio climático y aumentando la comprensión de éste, y es que la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP28) realizada del 30 de noviembre al 12 de diciembre pasados en Dubái marcó una diferencia respecto a las anteriores COP’s al “referir” la necesidad de alejarse de los combustibles fósiles para generar energía y así poder transitar gradualmente hacia una producción de energía baja en carbono compatible con el ambiente.
A simple vista la mención de distanciar a los combustibles fósiles de los sistemas energéticos pudiera ser un motivo de optimismo, no obstante, lejos se está a nivel mundial de que esto suceda, y mucho menos en México.
Si bien ese optimismo pudiera reforzarse con la adopción de las iniciativas para transformar los sistemas alimentarios y de salud, así como con las cinco declaraciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, triplicar la capacidad de energía nuclear para 2050 y la renovable para 2030, y duplicar anualmente las mejoras de la eficiencia energética; la esperanza se diluye por el débil llamado a las partes “a tomar acciones que podrían incluir” medidas para reducir progresivamente la energía fósil y sus subsidios, pero cuya laxa referencia básicamente da luz verde al uso del gas.
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En este sentido, las lagunas de los documentos acordados durante la COP28 sobre el uso de los combustibles fósiles para producir energía dejan la responsabilidad a los gobiernos, incluidos México, de labrar un camino propio ya que no exigen una reducción o eliminación gradual de los combustibles fósiles en un cronograma específico. En pocas palabras, mantener el calentamiento global en un máximo de 1,5 grados Celsius dependerá de lo que los países realmente hagan para reducir el uso de los combustibles fósiles, cosa que no será sencilla debido a los problemas que muchos países enfrentan y a sus contradicciones en el discurso y la realidad.
Prueba clara de ello es México, pues en nuestro país diariamente resaltan las dudas no sólo sobre su capacidad para cumplir las agendas de las COP’s, sino también resaltan cuestionamientos sobre su contexto socioeconómico y su contribución real para abordar el cambio climático.
En términos de reducción del uso de combustibles fósiles, en el México gobernado por Andrés Manuel López Obrador se ha buscado a toda costa regresar a la época gloriosa de país exportador de petróleo del siglo pasado, al tiempo que se han detenido los proyectos de energía renovable, salvo el proyecto Sonora que se ha convertido en la iniciativa renovable insignia del actual gobierno.
De hecho, el informe del Programa de NU para el Ambiente "Brecha de producción 2023" a la letra señala que durante la administración de López Obrador no se han identificado políticas o discursos gubernamentales ni para una reducción planificada de combustibles fósiles ni para una transición energética justa, por el contrario, se lee en el documento de la ONU que México quiere ampliar la producción de petróleo y gas a través de PEMEX para poner fin a las importaciones de combustibles fósiles para garantizar la soberanía energética y que pese a que en 2022 se anunció que se invertirá en PEMEX para reducir hasta el 98% de las emisiones de metano que la empresa del Estado produce, también se realizó la compra de la refinería Deer Park ubicada en Houston, Texas. A todas luces, esto es parte del día a día de las contradicciones en el discurso y la realidad de México en la lucha contra el cambio climático y que seguirán adelante, al menos lo que reste de este gobierno, pese a la intención de la COP28 que insta a los países a abandonar los combustibles fósiles.
A lo anterior se suma que si bien existe una Ley de Transición Energética que incluye metas para reducir sus emisiones de gases efecto invernadero, que por cierto fueron actualizadas con la administración de López Obrador en 2022, en México hasta hoy no se ha planeado dejar atrás al petróleo y al gas como bien señala el informe de la ONU, y mucho en parte se debe a que aún son un componente importante de los ingresos gubernamentales.
Quizá un cambio de señales para alinear la transición energética a la realidad socioeconómica de México podría venir con el próximo gobierno. Al menos Claudia Sheinbaum, experta en energía y una de las potenciales a convertirse en la primera mujer presidenta mexicana, se dice que su pragmatismo la llevará a impulsar el uso de energía limpia y promover entre los inversionistas seguridad jurídica en cuanto a la política energética nacional. Es posible que la voluntad política que requiere México para pasar de la ilusión a una realidad acorde con las propuestas de la COP28 y a lo que el resto del mundo pretende comience a diseñarse a partir de junio de 2024.