Esta no ha sido una temporada común en materia de contingencias naturales. Si bien estamos conscientes de que México posee condiciones geográficas que lo colocan en una situación vulnerable ante fenómenos como lo son los movimientos sísmicos o como lamentablemente lo vimos ahora con el paso y devastación dejadas por el huracán Otis en Guerrero, ello nos sigue mostrando con toda crudeza las condiciones de imprevisión, impericia e improvisación de las que hace gala nuestra clase política sexenio tras sexenio.
Las respuestas han sido parciales, ambiguas y con una pretensión de minimizar lo acontecido que raya en los niveles de insulto a la inteligencia más elemental. Pese a las acciones iniciales de respuesta por los tres órdenes de gobierno, lo acontecido en Guerrero ha mostrado cuán limitadas son las personas al frente de las instancias responsables de atender crisis de esta magnitud. El presidente López Obrador insiste en justificar, exonerar y hasta victimizar a sus funcionarios, en lugar de buscar la ayuda de verdaderos expertos nacionales e internacionales en estos asuntos.
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La misma funcionaria federal responsable de los temas de protección civil que no supo cómo atender el último accidente de mineros en Coahuila es la misma que no pudo sostener la declaratoria de zonas afectadas, pasándolas de 43 a sólo 2: Acapulco y Coyuca de Benítez. Por arte de magia, el paso del huracán solo se reduce a unos cuantos puntos de estos dos lugares; y el resto del estado, como si por ahí no hubiera pasado nada, ha quedado entonces “borrado” del mapa, completando la tarea que no hizo el propio huracán.
Lo anunciado como presupuesto de un potencial rescate de la zona es visto como ínfimo, apenas rondando los 61 mil millones de pesos, en comparación a las inversiones que el gobierno insiste en colocar en sus proyectos “insignia” como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. También ha sorprendido que más allá de los dichos, las cámaras legislativas no hayan sido capaces de aprobar alguna partida especial para la reconstrucción o bien hacer una recuperación adecuada del FONDEN, para desde ahí considerar que una política pública de estas características nunca está por demás.
Pero también hay otras situaciones criticables. Ninguno de los partidos políticos ha dicho esta boca es mía. Ni los integrantes de la coalición oficialista, ni los de la oposición, se plantearon precisamente devolver alguna cantidad de sus prerrogativas a la Federación, precisamente a través de la discusión presupuestal de 2024, al tenor de “si el de enfrente no pone ¿por qué yo debería hacerlo?” Una paradoja triste sin duda, debido a que, con toda seguridad, el tema de los desastres de Acapulco será llevado y traído durante la campaña de aquí hasta las votaciones del próximo año.
Hay otra situación desconcertante asociada con este asunto, como lo fue el giro que vinculó el conflicto de los fideicomisos judiciales, mismos que ahora se les contempla como una de las fuentes primordiales del financiamiento para la reconstrucción, lo cual uno podría pensar que es un error colocarlos como parte de una “negociación” entre los dos poderes en pugna, como lo son el Ejecutivo y el Judicial. Una base patrimonial construida a lo largo de los años no debería ser susceptible de un manoseo de esta naturaleza. La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, ha cometido un error garrafal al aceptar que el diferendo se convierta en un tema político y no uno legal. Lo correcto en este caso, si se trataba de defender las bases operativas de los tribunales mexicanos, era no tocar el capital ya en posesión de las instancias judiciales y aceptar –eso sí–, que el Estado ya no dotara o disminuyera, de ser el caso, con nuevos recursos a los 15 fideicomisos en cuestión. Ahora el punto se reduce a negociar, con lo que la oposición ya no tiene piso firme sobre el cual pudiera sostener una acción de inconstitucionalidad, para así ganar una importantísima batalla en términos de la separación y equilibrio entre los poderes de la Federación. En los hechos, este resultado le permite abrir la puerta al gobierno para eventualmente utilizar una vía que podrá aplicar para instancias similares con total discrecionalidad, y en la medida que cuente con las mayorías que se necesitan en ambas cámaras del Congreso, en donde la coalición oficialista se ha venido caracterizando últimamente por su falta de pulcritud en términos de respetar los procesos reglamentarios y comportarse cada vez más en una simple aplanadora irreflexiva.
Y también hay otros actores adicionales que se han sumado al escenario, como lo evidencia el distanciamiento abierto que protagonizan uno de los empresarios más mediáticos del país, como lo es Ricardo Salinas Pliego (el famoso “Tío Richie” de las redes sociales”), dueño de una de las cadenas televisivas más importantes y con quien el presidente López Obrador desplegó no pocos acuerdos y apoyos mutuos, mismos que se fueron diluyendo cuando las becas y programas sociales pasaron del Banco Azteca al Banco del Bienestar, por mencionar solo alguno de los proyectos que había en común. El huracán Otis también ha servido como pretexto para que ambos personajes se critiquen mutuamente, aunque como sabemos el asunto primordial se mueve alrededor del conflicto judicial de los 25 mil millones de pesos en adeudos fiscales que Salinas Pliego se niega a pagar.
Como puede advertirse, lo que dejan catástrofes como éstas son situaciones que sacan simultáneamente lo mejor y lo peor de un país. Pero cabe cerrar esta colaboración pensando en las y los habitantes de Guerrero, quienes más allá de la mezquindad de la clase política y de las oligarquías prominentes, están tratando de salir adelante, no gracias a su gobernadora, ni por la Guardia Nacional o el Ejército, el crimen organizado y los funcionarios federales que confiscan u obstaculizan el reparto de los apoyos que vienen de la sociedad civil o de la autoorganización local; sino que lo hacen –y lo harán-– a pesar de ellos. La pregunta que surge naturalmente es: ¿hasta cuándo aprenderemos?