La enorme extensión y la riqueza natural inconmensurable de Canadá explican por qué sus industrias extractivas tienen una gran fortaleza. La contribución de las industrias minera y de extracción de petróleo al Producto Interno Bruto canadiense a partir del año 2000, promedia 5%; en algunas provincias, como Alberta y Newfoundland-Labrador, alcanza más del 20%. La fortaleza económica y el conocimiento técnico de estas empresas las ha llevado a invertir cuantiosamente en otros países. En el año 2021, el monto de los activos que poseen las empresas mineras canadienses en otros países alcanzó 195 billones de dólares en 96 países diferentes, mediante 748 empresas. Latinoamérica es la región del mundo con mayor presencia de empresas mineras canadienses.
Las industrias extractivas, por sus efectos en el medio ambiente como el uso intensivo de agua, la tala de bosques, la contaminación de suelos y mantos acuíferos, entre otros, así como las disrupciones que provoca en el tejido social, deben observar un estándar de responsabilidad social mayor que otras industrias. De la misma manera, las empresas mineras deben respetar los derechos humanos y los derechos de los pueblos originarios. La responsabilidad social de las empresas mineras debe reforzarse, ya que su actuación como se desarrolla actualmente provoca múltiples conflictos sociales de diversa intensidad.
Las comunidades de los países que deberían beneficiarse, en teoría, de la actividad minera, buscan por diversos medios detener o al menos modificar los términos en que las empresas canadienses del sector llevan a cabo sus actividades. Así, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, como parte del proceso de Examen Periódico Universal correspondiente a Canadá, recibió testimonios de personas indígenas de diversos países latinoamericanos, quienes solicitaron que las empresas canadienses asuman la responsabilidad por los daños causados por su actuación en la selva amazónica.
Te podría interesar
En algunos países, se han llevado a cabo acciones de resistencia de diversa intensidad para presionar al gobierno para cancelar la concesión a empresas que se considera que causan un grave daño o que firmaron en su momento contratos que se consideran injustos. En otros casos, las comunidades y las organizaciones que las apoyan han recurrido a denunciar a las empresas en su propio país de origen, Canadá.
En el año 2009, Mariano Abarca Roblero, un activista mexicano de la comunidad de Chicomuselo, Chiapas, que se oponía a las operaciones de una mina propiedad de la empresa canadiense “Black Fire” fue asesinado. La familia del activista y diversas organizaciones de la sociedad civil culpan de su asesinato a personas supuestamente contratadas por la empresa canadiense. El caso se encuentra en investigación en México, pero no ha habido avances significativos desde que ocurrió el asesinato. En busca de justicia, la familia Abarca, apoyada por organizaciones mexicanas y las canadienses “Mining Watch” y “The Justice and Corporate Accountability Project (JCAP)” decidió acudir a los tribunales en Canadá. En virtud de que no contaban con una acción legal en contra de la empresa, decidieron acusar a los diplomáticos de la Embajada de Canadá en México de haber omitido su deber de advertir a la empresa de no tomar acciones en contra de Abarca. Si bien la demanda no prosperó, dado que el juzgado de primera instancia no encontró responsabilidad de los diplomáticos en la muerte de Abarca, el hecho de que la demanda haya sido admitida por el juzgado constituye un parteaguas en el camino hacia la revisión judicial de la responsabilidad social de las empresas canadienses en el exterior.
En un caso similar, la empresa canadiense Nevsun Resources, Ltd., fue demandada ante las cortes canadienses por tres refugiados que la acusaron de emplear trabajo forzado en sus operaciones en Eritrea. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Canadá, que decidió en febrero de 2020, que la demanda de indemnización podía ser admitida y tramitada, al contrario de lo que alegaba la empresa. Como consecuencia de esa trascendental decisión de la Suprema Corte de Canadá, en octubre de 2020, la empresa Nevsun decidió llegar a un acuerdo extrajudicial con los demandantes.
En un caso en que la presión social fue determinante, el gobierno de Panamá decidió cancelar los derechos que la empresa First Quantum había adquirido para explotar una mina de cobre en Panamá, después de semanas de extendidas protestas sociales. La sociedad panameña se oponía a los daños que provocaría la operación de la mina y a las condiciones de la concesión que muchos consideraban un contrato injusto en favor de la minera. El anuncio del cierre de operaciones provocó a First Quantum la pérdida de aproximadamente la mitad de su valor de mercado.
La presión en Canadá contra diversos proyectos mineros también es enorme. Los pueblos indígenas rechazan los daños que la actividad causa a sus terrenos ancestrales y la falta de consulta previa e informada que debe llevarse a cabo previo a la adjudicación de concesiones. Como ejemplo, los pueblos indígenas que habitan la región del Aro de Fuego, en la provincia de Ontario, buscan que el gobierno federal modifique, con su participación, los términos de referencia para el análisis de impacto regional.
Con el fin de incrementar la supervisión sobre la responsabilidad social de las empresas mineras canadienses se han dado algunos pasos alentadores. El gobierno federal del Primer Ministro Trudeau creó la Office of the Canadian Ombudsperson for Responsible Enterprise (CORE) en 2019, que tiene la facultad de recibir denuncias en contra de industrias del sector extractivo y revisar su actuación en Canadá o en el extranjero. La ombudsperson puede emitir recomendaciones que, si bien no tienen carácter vinculante, pueden llevar al retiro de financiamiento gubernamental, la imposición de multas y otras sanciones a las empresas que cometan dichas violaciones. Una característica muy importante de CORE es que las organizaciones de defensa del medio ambiente y los derechos humanos o las víctimas de violaciones a los derechos humanos de empresas canadienses en otros países tienen la posibilidad de presentar quejas ante CORE. Así, en teoría, una organización no gubernamental mexicana puede presentar una queja ante CORE por la actuación en nuestro país de las empresas mineras.
Como puede advertirse, paulatinamente, ya sea por medio de la revisión judicial de su actuación o por medio de órganos de vigilancia como CORE, las empresas mineras se ven obligadas a tomar cada vez con mayor seriedad la responsabilidad social en sus actividades. La presión de las sociedades ha sido clave en este movimiento hacia una explotación minera más responsable con las sociedades a las que afecta.
Alfonso Vera Sánchez*
Licenciado en Derecho por la UNAM, Maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. Mora, Máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III de Madrid, Diplomado en Estudios de la Integración Europea y Diplomado en Derecho Internacional por el ITAM.
Ha trabajado en la Secretaría de Educación Pública, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Diplomático, miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, ha sido Cónsul de Protección en Nogales, Arizona, Cónsul de Documentación en Chicago, Director de Litigios en la Consultoría Jurídica de la SER y actualmente, Encargado de Asuntos Legales en la Embajada de México en Canadá.
Ha sido profesor de las asignaturas de Derecho de la Integración Económica y Sistema Político Mexicano en la Facultad de Derecho de la UNAM, de Derecho Internacional en la Escuela de Administración de Instituciones de la Universidad Panamericana y de Diplomacia en la Universidad Anáhuac Cancún.