Cuando no hay capacidad individual no hay responsabilidad colectiva.
Cuántas veces no hemos escuchado o leído que la Ciudad de México es la caja de resonancia del país. Unos dicen que es la cúspide del quehacer político nacional, otros que es pionera en política pública, y hasta un ex Jefe de Gobierno de nombre Miguel Ángel Mancera que se le ocurrió inventar un acuerdo político con Enrique Peña Nieto para intentar construir su candidatura presidencial (hoy suena ridículo pero realmente se diseñó) que la ciudad fuera de primera, con ciudadanos de primera, y derechos de primera –no como el entonces Distrito Federal que según él era de segunda–.
Resulta que el calificativo de primera sólo es eso, porque sus políticos y especialmente algunos son de segunda, o hasta de tercera. Lo demuestro con la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy:
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En días pasados el Congreso de la Ciudad de México analizó, discutió y votó la no ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El órgano retoma una sesión de diciembre pasado en la que se llevó a cabo todo el proceso –convocatoria, discusión en comisiones, negociaciones, posicionamientos públicos, etc.– menos la votación. Finalmente, el resultado –que establecía el requisito de mayoría calificada– terminó 41 votos en favor de la reelección y 25 en contra.
En práctica parlamentaria a esto se le denomina el derecho de veto de la minoría, como una especie de garantía de seguridad y certeza, política y jurídica, extraordinaria. La Constitución local y la ley exige un mayor consenso en este tipo de decisiones por las facultades que ejerce la persona titular del cargo.
Sin embargo, curiosamente sólo se cumplió con la forma, porque en el fondo jamás se analizaron ni vagamente el cumplimiento de las facultades y obligaciones que ejerció Ernestina Godoy al frente de la fiscalía.
Son veinte las facultades que la ley orgánica le establece a la persona titular del órgano, entre las que destacan dirigir las investigaciones de hechos constitutivos de delito, establecer medidas para proteger a las víctimas y testigos, crear un plan de política criminal con un programa de persecución penal, establecer grupos técnicos y unidades, fiscalías y centros, para normar y hacer eficiente, y eficaz la labor de los ministerios públicos, nombrar a titulares de todas las unidades operativas y administrativas, entre otras.
Cuestiones sumamente importantes porque los órganos que comprende son la fiscalía general, delitos electorales, combate a la corrupción, coordinaciones generales, policía de investigación, técnica y científica, entre otros, y que de ahí depende en buena medida la justiciabilidad, y gobernabilidad de la capital del país.
Cuando uno habla de justicia que tanto se reclama, significa la revisión y reducción del índice delictivo y lo que se encuentra alrededor de este, la priorización de casos, mecanismos alternativos de solución, planes de investigación policial y pericial eficaces, la orientación de recursos humanos, materiales y financieros, y la estrategia de despliegue territorial, es decir, un análisis realmente importante en la vida y salud cotidiana de la ciudad y de sus ciudadanos “de primera”.
De todo esto, el Congreso debió haber establecido un diagnóstico sesudo, consciente y serio, pero sobre todo medible. Las políticas y el gobierno actualmente en el mundo se miden, se establecen parámetros, objetivos y necesidades. Lo que no es medible es inservible, más cuándo se dedican miles de millones de pesos de los contribuyentes. Porque es un verdadero sinsentido que la facultad de nombramiento del titular de la fiscalía no la procesen por el establecimiento de un tablero de control, instrumentos con los que cuenta la fiscalía y resultados entregados. Pues el Congreso de la CDMX se dio el lujo de operar como un órgano del siglo pasado, sin exigencia verdadera alguna, y sobre todo sin consecuencias.
Sin embargo, no solamente no ejercieron el control político y legislativo, sino que además evidenciaron que ni siquiera hicieron esfuerzo intelectual para establecer un estándar de idoneidad , y en cambio se basaron en pura argumentación y acusación para no ratificar a la fiscal. A estas alturas de la madurez que debería tener la ciudad es verdaderamente vergonzoso y sí objeto de reclamo profundo. El caso del PRI y PAN combinan perfiles de gran experiencia como Federico Döring o Gabriela Salido con juventud como Ana Villagrán, o Fausto Manuel Zamorano con Jonatan Colmenares. Entendible en los “primero diputados” que hayan expresado con fervor y pasión las discusiones y acusaciones, pero en los que la historia, los sucesos que han acontecido en los últimos 20 años y racionalidad que debió haberse establecido para situar por encima los intereses de la ciudad que los particulares no lo hayan ejercido, resulta preocupante. Sobre todo porque cualquier fiscal que sea, origen partidario o pensamiento ideológico, requerirá las mismas dos terceras partes y además la confianza de todos para que ejerza el cumplimiento de la ley a ciegas, tal como lo establece el ideal que dio origen a la justicia. Y ni siquiera eso pudieron dejar como medida.
Peor resulta la posición de los partidos que obligaron a sus diputados sin ningún parámetro o estándar y ahora hasta los expulsan. Porque habría que entender que no es un asunto aislado sino que en Nuevo León también ocurrió, justamente con el fiscal, y llegó al grado de inestabilidad del gobernador y varios sustitutos que se veían en la silla del poder. Ni que decir del fiscal en Morelos y el propio conflicto con el gobernador de esa entidad.
No se ignora que las acusaciones que se presentaron sean graves como la fabricación de delitos, persecución, coartar la libertad, aplicar abusivamente la ley sobre todo para presionar, que en cualquier momento pudiéramos estar en dicha situación, y que se debe aclarar puntualmente. Pero no es justificación para la falta de ejercicio de talento, conocimiento y autoridad. Simplemente hicieron nugatorias sus facultades los diputados y votaron por estrategia electoral en el análisis superficial, y en el de fondo perdieron una gran oportunidad para distinguirse de otras entidades en donde apenas aprenden –en casos extremos– a hacer política.
Tampoco se exije que no hagan pública su inconformidad y no se exprese, con rabia y malestar, los abusos de poder que pudieran haber resentido. Justamente por ser un órgano fundamental en el funcionamiento de cualquier sociedad, hubieran hecho un análisis profundo en todas y cada una de las facultades, para garantizar la procuración autónoma e independiente de la justicia en el caso en concreto y todos los demás que miles de personas –víctimas– lo demandan realmente. Para eso tiene utilidad un congreso de representantes, que terminó sometida por una minoría poco racional.
Hay mucho que reclamar a esos 25 diputados que no cumplieron con la Ciudad y que no revisaron una sola de las facultades que ejerce la fiscalía.