La incidencia del crimen organizado en las elecciones sigue presente. Las formas con las que opera son diversas. Van desde la inhibición de la participación ciudadana —pasando por el secuestro de paquetes electorales— hasta la generación de violencia en sus más crueles expresiones.
En el proceso actual las alertas están encendidas. Aún no empiezan las campañas formales y tan solo en las últimas dos semanas de diciembre y lo que va de enero ya ocurrieron cuatro homicidios. No existen razones para pensar que tanto las autoridades gubernamentales como las electorales tengan la capacidad suficiente para poner freno a esta situación.
Existen impedimentos jurídicos y prácticos. La violencia electoral contempla un enorme número de acciones y sanciones para impedir la trampa y la corrupción, pero en este tema los vacíos favorecen la impunidad, igual o peor que como ha sucedido con otros temas relacionados con la inseguridad.
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A la par de este problema, es necesario agregar la judicialización de varios casos que con seguridad veremos, una vez que estén definidos los más de 20 mil cargos en disputa. Y también, por supuesto, los efectos negativos que habrá en las zonas controladas por el crimen organizado a las que hoy no pueden acceder ni los encuestadores.
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Con base en las investigaciones de Data Cívica, “entre 2018 y lo que va de 2024” se han registrado en México 1564 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos”.
Si bien la violencia electoral ha estado presente en todas las elecciones desde finales del siglo XIX, el crecimiento que ha tenido en los últimos años ha sido exponencial y cubre casi la totalidad de los estados del país. En algunos como Guerrero, Veracruz, Guanajuato y Oaxaca la situación ha sido alarmante desde hace muchos años.
Aspirar a un cargo de elección popular es un peligro. Y aunque las y los votantes no corren ningún riesgo directo con estos asesinatos, es evidente que sí inciden en los niveles de abstención e indecisión, así como en sus intenciones de voto. El golpe directo es, por lo tanto, a los principios de certeza, legalidad e imparcialidad de nuestro sistema electoral.
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Para que quede claro: cuando el crimen organizado violenta o mancha de sangre un proceso electoral no se puede votar en total libertad. Y menos si las instituciones electorales no actúan con la autonomía, fortaleza e independencia que exigen los marcos jurídicos de los países auténticamente democráticos.
Como en infinidad de situaciones y casos, la denuncia o el apego por parte de la población a una cultura de la legalidad, tampoco ha resuelto el problema de la violencia electoral. La denuncia, las amenazas documentadas y las evidencias que se han captado en video no han impedido la impunidad en que se mantienen la mayoría de los actos violentos.
Por si fuera poco, los mapas de riesgos y de actuación no han contribuido en forma significativa a garantizar la integridad de todas y todos quienes aspiran a un cargo de elección popular. Los que existen están dispersos y desarticulados institucionalmente, además de que son insuficientes. Tan delicado es el diagnóstico de lo que ha pasado que ni Morena, como partido en el poder, ha quedado exento de las agresiones.
De acuerdo con los informes de Data Cívica citados líneas arriba, Morena encabezó la lista de homicidios “con tintes políticos” entre 2018 y 2022, al registrar un total de 145 casos. Le siguieron el PRI y el PAN con 106 cada uno, el PRD con 60 y Movimiento Ciudadano con 38, dejando claro que el crimen no perdona nada ni a nadie. ¿Qué les espera para este año?
Si bien las estrategias de comunicación política dominantes en nuestro modelo no son uno de los factores que provocan el fenómeno de la violencia electoral, es importante recordar que existen otros tipos de violencia política que sí incrementan los riesgos y las amenazas en materia de gobernabilidad y estabilidad.
De igual forma, también hay que tomar en cuenta los protocolos y técnicas más convenientes para informar sobre estos hechos. Debido a las repercusiones que tiene en nuestra democracia, las instituciones gubernamentales, electorales, partidos y medios de comunicación tienen que revisar sus narrativas, formatos y técnicas de información para que la politización de la violencia electoral no contribuya a echarle más fuego al fuego.
Recomendación editorial: Andreas Schedler. La política de la incertidumbre en los regímenes electorales autoritarios. México: Fondo de Cultura Económica, CIDE, 2016.