En exactamente un año, el próximo 01 de octubre de 2024, el actual presidente López Obrador entregará la franja presidencial a quien ocupará el cargo del poder ejecutivo por los siguientes seis años.
De concretarse las candidaturas de Xóchitl Gálvez por la coalición “Frente Amplio por México”; y la de Claudia Sheinbaum “Juntos hacemos historia”, existe una gran probabilidad de que México tenga una primera mujer presidenta que marcaría un hito en la historia del país. Es claro lo emocionante y simbólico, así como lo representativo e inspirador que esto puede ser para niñas y mujeres al saber que es posible llegar a ocupar grandes puestos políticos, como sucede ahora mismo en instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Suprema Corte de Justicia, entre otras; sin duda el techo de cristal se ha roto en la política mexicana.
Sin embargo, me parece importante destacar la gran ventaja de que puedan ser dos mujeres candidatas. Pues, en temas electorales, eso permite que, como personas votantes no solo nos enfoquemos en la pertenencia de su género, sino que les exige a ellas robustecer sus propuestas políticas, formar su gabinete y presentarnos estrategias creíbles, eficaces y eficientes para brindar un valor agregado que nos permita declinar por una u otra sin que el que sean mujeres tenga todo el peso para nuestra decisión.
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Y esto es trascendental ya que, quien ocupe la silla presidencial, así como los demás puestos a renovar en el 2024: 128 senadurías, 500 diputaciones federales, gubernaturas en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán; y en la Ciudad de México su jefatura y las dieciséis alcaldías; tienen grandes desafíos locales, estatales y nacionales para garantizar y salvaguardar el bienestar de todas las personas que se encuentran en el territorio mexicano, y al territorio mismo, tal como lo dicta la Constitución. Pues, México vive y se ha incrementado varios desafíos en términos del crimen organizado, proyectos de desarrollo, conflictos comunitarios y el cambio climático, que dan lugar a diversas crisis humanitarias que necesitan de estrategias claras, transparentes, urgentes y con perspectiva de derechos humanos.
En el presente escrito, me concentraré en la seguridad y el crimen organizado. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, el 60.5% de la población encuestada, reportó que la inseguridad es el principal problema que les aqueja, siendo los delitos más frecuentes el fraude; robo o asalto en calle o transporte público; y la extorsión. Los estados que destacaron con la mayor percepción de inseguridad son Zacatecas, Estado de México y Morelos. Si bien, estadísticamente el porcentaje de víctimas de delito es menor al del 2021, nuestro contexto nacional nos retrata un país donde se acrecienta la violencia, y no confiamos en nuestras instituciones, pues el 92.4% de los delitos, de acuerdo con esta misma encuesta, no fueron denunciados o no se inició una carpeta de investigación.
Un artículo publicado por Science de investigadores mexicanos (Curiel, 2023) destaca los efectos de los cárteles en la sociedad mexicana en la política, en lo social y económico, considerándolos como el quinto empleador más grande del país con 175 mil miembros en 2022, estimando un 26% más para el 2027 si las tendencias no cambian. Aproximadamente, calculan que los cárteles deben reclutar entre 350 y 370 personas por semana para continuar con sus operaciones. Finalmente, una de sus conclusiones es que, al menos matemáticamente, una estrategia destinada a prevenir el reclutamiento podría ser más efectivo que una estrategia reactiva para reducir la violencia en el país.
Lo anterior es importante a tomar en cuenta pues, a diecisiete años que México vive un despliegue permanente de militarización provocada por la llamada “guerra contra el narcotráfico”, se han agudizado de manera exponencial las violaciones de derechos humanos hacia la población no solo mexicana, también a toda aquella que transita en el país. Dejando claro que, independientemente del gobierno en turno, la estrategia de seguridad no es viable ni efectiva.
Este pasado septiembre ha sido un mes que ha ilustrado las diferentes crisis asociadas al crimen organizado y el recrudecimiento de la violencia en el país. Ha quedado claro el nivel de terror que viven diferentes poblaciones en donde el crimen organizado es quien les gobierna; aunado a ello, la estrecha relación que existe entre su presencia y el incremento de balaceras, venta de drogas, reclutamiento, desapariciones, cobro de extorsiones; mientras que la respuesta de la población podría ser el desplazamiento forzado. Movimiento que se suma al flujo de migrantes internacionales que, además de compartir detonantes, también experimentan la misma vulnerabilidad de ser víctimas de diversos accidentes y delitos por parte del mismo crimen organizado a falta de respuestas de atención puntuales por parte de los tres niveles de gobierno.
México, no tiene cifras oficiales de desplazamiento interno. El pasado viernes 29 de septiembre, se cumplieron 3 años en que la Cámara de Diputados reconoció la existencia del desplazamiento interno forzado en México, y aprobó la iniciativa de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Interno. Sin embargo, desde hace tres años el Senado la mantiene congelada.
No obstante, de acuerdo con la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CDPDH), en tan solo de enero a junio 2023, la organización registró 26 eventos de desplazamiento interno por violencia en el país, que afectaron a 7 mil 710 personas, es decir, 43 personas desplazadas por día. En su mayoría, procedentes de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas; estados que coincidentemente tienen una mayor presencia o transita el crimen organizado.
Aunado a ello, se suma la crisis de desapariciones. En México, hay un estimado de 111 mil 722 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el Registro Nacional de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y, a su vez, existe una crisis forense, pues de acuerdo con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, hasta agosto 2021 existían al menos 52 mil personas fallecidas sin identificar, pues no contamos aún con el presupuesto suficiente para la creación o mantenimiento de la infraestructura, capacidad y, servicios periciales y/o forenses (Fundar, 2023).
Así entonces, es urgente para quienes aspiran a algún cargo para el año 2024, que cambien de estrategias de seguridad. Pues, no es posible seguir con el mismo plan que no ha generado cambios, y más bien, se evidencia el camino hacia una cultura de violencia que nos permea, y el incremento de impunidad. Es necesario un plan de seguridad humana, y no solo una renovación de lo mismo, pues, si seguimos en el mismo camino, pasará más de lo mismo. Si continuamos con los militares y el ejército en la calle, aumentando su presupuesto; descuidamos la capacitación e incremento que necesitan nuestros policías y, por lo tanto, las fuerzas militares estarán en las calles de forma permanente ante la falta de otra figura de seguridad.
Necesitamos atender las causas de raíz, no únicamente apostando todo con beneficios económicos y asistenciales, sino asegurando la seguridad educativa, social, laboral, así como fortalecer a las instituciones que brindan atención social, psicosocial y jurídica, emergente y sostenible. Necesitamos una mejor diversificación de presupuestos que atienda a las personas, a sus necesidades, a quienes son víctimas de alguna violación a sus derechos humanos, y se busque una reparación. Necesitamos a una figura presidencial, gubernamental, local que invite a hacer equipo, y que reconozca las crisis que vivimos y la necesidad de crear soluciones solo a través de la cooperación de distintos sectores. Necesitamos que no se reduzca la información académica documentada. Necesitamos a esa figura en cada poder, que no polarice, y más bien, empodere al pueblo mexicano de trabajar junto, que no sobreviva, sino viva. Necesitamos líderes de cada nivel de gobierno que tengan cercanía con su gente, con sus víctimas, que se les escuchen, que se les proteja, que se les responda. Y que estos planes no existan solo porque sea redituable electoralmente.
Fuentes:
Avilés, E. (2022) Desplazamiento interno forzado en México | CMDPDH. Disponible en: https://cmdpdh.org/2022/12/15/desplazamiento-interno-forzado-en-mexico/
Curiel, R. P., Campedelli, G. M., & Hope, A. (2023). Reducing cartel recruitment is the only way to lower violence in Mexico. Science, 381(6664), 1312-1316. Disponible en: https://doi.org/10.1126/science.adh2888
CMDPDH (2023) Desplazamiento interno en México. junio 2023 Disponible en: https://mailchi.mp/cmdpdh/5-eventos-de-desplazamiento-en-junio
HCHR (2023) La desaparición forzada en México: Una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas. Disponible en: https://hchr.org.mx/publicaciones/la-desaparicion-forzada-en-mexico-una-mirada-desde-los-organismos-del-sistema-onu-version-digital/
INEGI (2023). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8448
MNDM (2023) Informe del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México para el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Disponible en: https://movndmx.org/wp-content/uploads/2023/09/MNDM-informe-para-el-CED-9-agosto-2023.pdf
ONU (2023). Informe de la relatora especial sobre los Derechos Humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary. ONUDH. A/HRC/53/35/Add2. Disponible en: https://hchr.org.mx/relatorias_grupos/visita-a-mexico-informe-de-la-relatora-especial-sobre-los-derechos-humanos-de-los-desplazados-internos-cecilia-jimenez-damary/
Presupuesto y crisis forense en México - Fundar, Centro de Análisis e Investigación. (2022, 6 diciembre). Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Disponible en: https://fundar.org.mx/publicaciones/presupuesto-y-crisis-forense/
* Vania Yael Núñez Varela
Es maestra en Cooperación Internacional por el Instituto Mora. Formación de Derechos Humanos y Gestión de Paz, con una especialidad en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Ha laborado en instituciones de gobierno locales y federales, así como en la sociedad civil en la atención directa de personas en contextos de movilidad y víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos. Actualmente, labora como consultora independiente y, a través de MidesDH S.C. en diversos proyectos sobre derechos humanos con diferentes agencias internacionales y de gobierno. Así también, es docente del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.