Todo México y el mundo se estremeció ante las imágenes de la devastación del puerto de Acapulco ocasionada por el Huracán Otis el 25 de octubre de 2023, el cual pasó de ser categoría 1 a 5, en menos de 24 horas, afectado a más del 80% de la infraestructura del municipio.
Al 6 de diciembre de 2023, la cifra oficial de muertos era de 52 personas y el cálculo de los costos de reparaciones y apoyos sociales se estimó en 61,313 millones de pesos (3,400 millones de dólares) (1). En contraste a este desastre, Acapulco no figuraba en la lista de los municipios más vulnerables al cambio climático (INECC, 2021). No en la de los 83, ni en la de los 273, ni tampoco en la de los 1448 municipios.
Los costos estimados de los desastres ocasionados por el cambio climático, difícilmente pueden contemplan la reparación social, cultural y en el caso particular de Acapulco, de seguridad. Para la mayoría de la población mexicana, Acapulco era el referente de playa y diversión, pero también desde hace más de 15 años el municipio es parte de la lista de las ciudades más violentas del mundo (2).
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Acapulco es el claro ejemplo en México de la necesidad de ampliar las dimensiones del cambio climático a aspectos sociales. Las imágenes de los saqueos a tiendas, coordinados por el crimen organizado, horas posteriores al paso del Huracán Otis también reflejaron el nivel bajo de cultura de la legalidad y de la debilidad de seguridad que se vive en ese municipio, como en muchos en México. La ayuda humanitaria también se enfrentó al crimen organizado y con ello agonizó la respuesta a la emergencia. Al final, es la ciudadanía de a pie, quien sufre más los impactos desde cualquier óptica.
La vulnerabilidad climática de la población de Acapulco y de los otros municipios aledaños afectados por Otis se exacerba al contemplar la inseguridad que se vive. En Acapulco no sólo ya prevalecían niveles de pobreza extrema, sino que la ayuda humanitaria y las acciones para la recuperación de los desastres también tiene que enfrentar la amenaza constante del crimen organizado.
Los riesgos al cambio climático típicamente identificados a nivel macro (físicos y de transición), incluso los factores de riesgo climáticos de la Organización Mundial de la Salud, no incluyen explícitamente a la inseguridad. Apenas (y afortunadamente), en el sexto informe de Panel Intergubernamental de Cambio Climático (2022) en el capítulo de Norte América se incorporó la evaluación de los impactos del incremento de las temperaturas y sus efectos en el aumento, a su vez del crimen y la violencia
Dentro de los temas prioritarios de atención al cambio climático, en el régimen internacional de manera más reciente se encuentra el de pérdidas y daños. Estos técnicamente se pueden categorizar como económicos o no económicos. Si bien, las pérdidas y daños económicos pueden ser más fácilmente calculados, los no económicos, son esos resultados negativos sociales y culturales, que difícilmente se les puede asignar un costo o precio, por lo cual el cálculo de su reparación y los términos de tiempo también son muy complicados. En las políticas públicas y asignación de presupuestos este análisis y sus repuestas no puede reducirse sólo a temas separados de seguridad o ambientales. En países como México, es indispensable asociar ambas problemáticas.
En la actual Conferencia de las Partes (COP) 28 de la Convención marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, desde el primer día, se ha avanzado en la asignación de recursos para el Fondo de Pérdidas y Daños. Emiratos Árabes Unidos (sede de esta COP) se comprometió a otorgar 100 millones de pesos a este fondo. Sin embargo, la realidad para aterrizar esos recursos a nivel local es muy compleja; y para el caso del Estado de Guerrero más. No sólo por procesos burocráticos de cualquier organismo financiero internacional (en este caso el Banco Mundial), sino porque en el contexto local de Acapulco esos recursos corren el riesgo de ser captados por grupos del crimen organizado.
El cambio climático y sus dimensiones sociales y de seguridad en México deben ser un tema prioritario de seguridad nacional y no sólo ambiental. El Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 no hace mención a la inseguridad del país en el diagnóstico de la vulnerabilidad, pero tampoco el Programa Nacional de Seguridad Pública 2022-2024 incorpora ningún riesgo climático en ninguna de sus acciones puntuales. El divorcio de estos temas lo padece la población y Acapulco lo pone en relieve.
Ojalá, Acapulco sea el ejemplo para que en la siguiente administración en México se desarrollen políticas públicas, con sus presupuestos asignados, para acciones que vinculen cada vez más a la adaptación, la mitigación y la resiliencia climáticas con la seguridad de la población y así reducir los riesgos y costos de reparación de desastres climáticos en una dimensión amplia.
*Laura Elizabeth Vallejo Chávez
Es consultora en Adaptación al Cambio Climático y Prevención de las Violencias. Es Maestra en Cooperación Internacional por el Instituto Mora y cuenta 14 años de experiencia en desarrollo sustentable y políticas públicas. Ha colaborado en la Secretaría de Gobernación, la Unión Europea, GIZ, USAID, UNEP, UNFCCC, MéxiCO2, Tejiendo Redes Infancia, Universidad de San Diego, Universidad de Oxford y con el sector privado.
1. “Presidente presenta Plan de Reconstrucción y Apoyo para Acapulco” Programas para el Bienestar, Gobierno Federal de México, 1º de noviembre de 2023, México.
2. “Ranking de las 50 ciudades mas violentas del mundo” Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, 2023, México.