El año entrante se cumplen treinta años de la proclamación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Atender y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres, adoptada el 6 de septiembre de 1994 y entrada en vigor en 1995, cuyo artículo primero reconoce de entrada el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
Han sido tres décadas en las cuales los estados parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) han venido estableciendo legislación y creando mecanismos para cumplir los mandatos de la Convención, como muestran los informes que periódicamente les solicita el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do Pará (MESECVI por sus siglas). Sin embargo, la violencia contra las mujeres no para. Entre las explicaciones posibles se puede aludir a que las leyes y mecanismos se traducen en servicios con escaso presupuesto y poco personal para prestarlos. El bajo nivel estructural burocrático y el exiguo grado de autoridad de las instancias creadas para atender los casos contrastan con el crecimiento y diversificación de las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Pero también hay que advertir que el foco de las políticas se ha colocado más en la atención de las violaciones a los derechos, los agravios, las lesiones, el maltrato, los daños y privación de la vida sufridas por las víctimas, que en erradicar las fuentes o causas originarias de estas violencias y hacer que no sucedan más.
De acuerdo con cifras proporcionadas recientemente por la directora regional de ONUMUJERES, María Noel Vaeza, en el último año más 98 mil mujeres han sido privadas de la vida, de las cuales 48 mil perecieron a manos de sus parejas o exparejas. Esta cifra es mayor a las muertes que anualmente ha provocado la guerra entre Rusia y Ucrania (5 mil anuales) y representa también un número que duplica las muertes civiles anuales en la guerra en Siria (50 mil). Y lo peor es que debido a la escasez de los recursos, así como a la poca relevancia que los gobiernos dan a este grave problema entre sus políticas públicas, a esta guerra silenciosa y cotidiana en contra de las mujeres, se abona la violencia institucional por la falta de sensibilidad en la atención de las víctimas y la impunidad que campea en todos los delitos asociados a esta violencia.
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Según el Inventario Nacional de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social de CONEVAL, en 2020 se identificaron más de 11 mil programas para la atención de las violencias contras las mujeres y niñas en el país, entre programas federales, estatales y municipales. Esto sería una buena noticia si no fuera porque los recursos presupuestarios para su funcionamiento, estimados holgadamente en 500 millones de pesos anuales, significan que cada instancia recibiría anualmente un total de 86 mil 957 pesos para su funcionamiento. La precariedad de estas instancias se agrava porque cada día es mayor el número de mujeres que espera recibir atención, contención, apoyo para sortear su situación, mientras el escaso personal sin muchos recursos y poca atención de las autoridades correspondientes, se parte en pedazos para atenderlas.
En suma el problema crece día a día por el incremento de la conciencia y sensibilidad de las mujeres que cada día saben reconocer mejor el maltrato o padecen con mas rigor las violencias, pero también por la diversificación de los campos y las actividades sociales, los espacios en los que participan hoy día las mujeres, especialmente las jóvenes apropiadas en la práctica de sus derechos, que enfrentan a diario la discriminación, la misoginia, el abuso, la violación, en sociedades fragmentadas, desmoralizadas y atravesadas por la criminalidad global, el tráfico masivo de personas, la liquidez de las relaciones interpersonales.
La erradicación de estas violencias, la prevención eficaz para que no ocurran en cualquiera de sus manifestaciones están más allá del poder y la voluntad de los gobiernos, pero se requiere que ambos se movilicen para lograrla. Se requiere de cambios estructurales, exige transformación de las normas sociales y la cultura. Pero estos cambios no son espontáneos, ni se producen por la convocatoria o las proclamas a favor de la muda en los estereotipos de género. La misoginia es una ideología muy arraigada, un desprecio, miedo, fobia hacia lo femenino que está en la base de la opresión social e histórica contra las mujeres y es, además, un pilar en la constitución de la masculinidad hegemómica. La hombría se construye en oposición a lo femenino. Una narrativa social positiva que revalorice el papel de las mujeres en la sociedad y la cultura, programas que promuevan el fortalecimiento colectivo y la participación de las mujeres, al tiempo que se trabaje a favor de cambios en la masculinidad hegemónica puede ser muy importantes para erradicar la discriminación feminina.
Los cambios que se han producido en los últimos cien años en las relaciones de género cambiaron el lugar estructural de las mujeres que han dejado de ser solo madres, esposas y amas de casa, para también ser obreras, empleadas, profesionistas, artistas, funcionarias públicas y tener una vida propia. En tanto los hombres han dejado de ser proveedores únicos y aún principales proveedores, sostenedores del hogar, tanto como figuras prominentes y eminentes en todos los campos de la vida social. No obstante las expectativas y modelos de pareja, siguen amarrados a los viejos moldes presentándose un desajuste entre expectativas y realidad que producen conflictos y frustraciones: los hombres quieren mujeres que ya no hay y, las mujeres quieren hombres que todavía no hay.
En este sentido, el garantismo del Estado ante el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, debiera pasar por el reconocimiento de un campo de conflicto social conformado por los conflictos de género. Conflictos por el desajuste de expectativas, pero también por el reconocimiento de los cambios en el lugar de las mujeres y en el papel de los hombres, en el ámbito público y privado. Para establecer un nuevo contrato, un nuevo pacto intergenérico para redistribución de cargas en el hogar, de tiempo libre, de reconocimiento social, de participación, de puestos, de profesiones, patrimonio, propiedad, derechos y titularidades. Conflictos en los que la legislación y las políticas puedan mediar y resolver, con el menor grado de violencia interpersonal y la mayor eficacia de la autoridad.
Desde mi perspectiva esto inicia por la modificación o reforma del contrato civil matrimonial
Para que todas la parejas al contraer nupcias tengan un piso más equilibrado entre expectativas y realidad, y se transformen en consonancia las normas sociales de género, se debiera comenzar por modificar el estatus de las mujeres y el lugar de los hombres en el contrato matrimonial. Un contrato civil que como en su momento reconocieron Kant y Locke, era desventajoso para las mujeres, porque las subordinaba a los maridos en un estatus de sumisión, contrapuesto a la condición de ciudadanía que colocaba a todos los hombres en igualdad frente al poder legítimo del Estado.
Hasta el día de hoy, la letra diminuta del contrato civil matrimonial, donde se explicitan las obligaciones y derechos de cada una de las partes, es la dictada hace 164 años por Melchor Ocampo e incorporada a la Ley del Matrimonio Civil expedida por Benito Juárez en 1859. Aún cuando su lectura obligatoria fue omitida desde 1870, se sigue leyendo hoy día en la mayoría de los matrimonios civiles y sin duda es la pauta que modela las expectativas sobre lo que se espera de la relación conyugal de las mujeres y hombres que contraen nupcias. Así lo muestran al menos las quejas y argumentos de mujeres y hombres ante los jueces de lo familiar o, los fiscales ante los que dirimen casos de violencia, cuando hacen referencia a obligaciones no cumplidas por alguno de los cónyuges, como causa de los conflictos y la violencia.