A pesar de las sanciones impuestas por las autoridades electorales, la trampa electoral sigue presente en nuestros procesos electorales. La normatividad vigente no ha podido poner freno a estas prácticas. Tampoco los altos costos que implica la vigilancia excesiva entre unos y otros y la sobrerregulación que tenemos.
En todos los sistemas democráticos los partidos tratan de influir o manipular las instituciones electorales. Son varios los beneficios que buscan con esta forma de actuar. El primero es obvio: ganar. Pero cuando no es así lo que pretenden es subsistir, mantener el control de sus grupos de interés y garantizar el acceso a los recursos públicos.
Esta situación explica porqué los partidos no quieren instituciones totalmente autónomas; o que sus líderes intervengan en la redacción de las leyes que regulan los procesos; o el establecimiento de sanciones menores cuando se demuestre que infringieron algunas de las normas acordadas desde el Congreso.
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Para conservar el status quo, la mayoría de las dirigencias partidistas aprenden a convivir políticamente con una paradoja: vigilar, acosar, presionar, denunciar y exhibir al adversario que hace trampa, al tiempo de trabajar en conjunto con éste cuando se pone en riesgo el sistema de privilegios que han logrado todos durante las últimas tres décadas.
Las sanciones impuestas recientemente por el Instituto Nacional Electoral (INE) a los partidos es un ejemplo claro de dicha paradoja. Si la denuncia del delito cumple con el propósito de debilitar al adversario –o por lo menos de dañar su reputación– los partidos van con todo. Pero si las autoridades electorales exhiben a todos, lo que procede es el silencio.
El INE informó la imposición de sanciones a seis partidos por los procesos internos en los que surgieron las dos precandidatas-candidatas presidenciales. El monto de las multas asciende, en esta ocasión, a más de 95 millones de pesos. Lo significativo del caso es que a Morena y sus aliados les corresponde más del 90% de esta cantidad y el resto es para los partidos del frente opositor.
La interpretación de lo sucedido es clara: los partidos, “calladitos se ven más bonitos”. Más cuando el monto resulta insignificante si se le compara con los 10 mil 444 millones de pesos que tienen disponibles para las elecciones presidenciales, cifra que representa un 54% más que la cantidad ejercida en las elecciones de 2018.
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Ante esta situación, el escándalo que podría generar el incumplimiento de la ley tiene que mantenerse bajo control. Por eso, las reacciones no pueden ser estridentes, a menos que éstas provoquen en verdad daño profundo al adversario… o de plano sirvan para aniquilarlo. Por lo visto, éste no es el caso.
En consecuencia, “el show debe continuar”. Por un lado, porque la oposición no ha encontrado la forma de demostrar el fraude que presuntamente se lleva a cabo desde algunas instituciones del Estado. Por el otro, porque con base en la ventaja que hasta hoy mantiene Claudia Sheinbaum no parece conveniente dar un golpe de este tipo a Xóchitl Gálvez.
Aún más. Con el impacto que tienen las redes sociales en la construcción de la agenda política, la aplicación efectiva de la ley se hace una labor mucho más difícil. El marco jurídico no sólo está rebasado para sancionar con efectividad diversas conductas que apuntan a la inequidad política, sino que el sistema no cuenta con un modelo justo que garantice los equilibrios y contrapesos que se requieren para actualizar nuestras leyes electorales.
No obstante lo anterior, la práctica profesional nos ha demostrado que es posible, viable y factible competir sin hacer trampa. Quien comete un delito electoral es porque no tiene una buena estrategia política o no confía en ella. Hacer trampa es señal de temor o, por lo menos, de preocupación. Con el ilícito se evidencia, además, la más elemental falta de apego a la ética y los valores esenciales de la democracia.
Con todo y sus múltiples defectos, obstáculos y limitaciones, el margen de maniobra que permiten las leyes electorales es posible avanzar, aún en los escenarios más adversos. Cuando la trampa es reemplazada por la creatividad, la audacia y el involucramiento emocional se atraen más votantes.
Cierto es que en política los hechos y resultados son lo que más importa. Sin embargo, también es cierto que un país auténticamente democrático tiene un mejor futuro cuando el triunfo no antepuso los medios ilegítimos o ilegales a los fines. O cuando el resultado “de éxito” fue consecuencia del “haiga sido como haiga sido”.