La muerte violenta del magistrade y activista Jesús Ociel Baena así como de su pareja Dorian Daniel Nava Herrera, obligan a reflexionar sobre un tema que no ha sido debidamente visibilizado pero que lamentablemente está muy presente en nuestra sociedad, me refiero a los crímenes de odio. Aunque no han quedado del todo claros los motivos y autoría de estos homicidios, pues las versiones de la fiscalía estatal en el sentido de que Ociel Baena fue asesinado por su pareja quien posteriormente se suicidó no han dejado satisfechas a sus familias y amistades que exigen se investiguen las amenazas que recibió unos días antes con perspectiva de género -máxime que unos meses antes fue asesinado en la vía pública otro activista también en Aguascalientes-, basta con revisar los comentarios en redes sociales para advertir el nivel de odio que prevalece en un amplio sector de la sociedad contra quienes son percibidas como diferentes.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS) del INEGI, durante 2022 una de cada cinco personas fue discriminada, y entre los grupos que padecen mayor discriminación se encuentran las personas de diversidad sexual y de género con 37.3%, seguidas por la población afrodescendiente (35.6%); las trabajadoras del hogar no remuneradas (34.6%), y las personas con discapacidad (33.8%). Es importante tomar en cuenta que la discriminación, entendida como el rechazo social arbitrario basada en estereotipos, prejuicios, estigmas y creencias culturales, tiene serias consecuencias al negar el trato igualitario a personas y grupos sociales vulnerando sus derechos humanos, en ocasiones puede derivar en agresiones físicas que atentan contra su vida principalmente por cuestiones raciales, sexuales o religiosas -últimamente hasta las diferencias ideológicas o políticas pueden llegar a representar un riesgo ante la creciente intolerancia en nuestra sociedad-.
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En este sentido, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI+ ha documentado más de 305 hechos violentos por odio contra minorías sexuales entre 2019 y 2022, identificando tan sólo el año pasado 62 casos de asesinatos, atentados y suicidios así como 22 desapariciones cuyas víctimas en su mayoría tenían de 25 a 29 años, lo que coloca a nuestro país en el segundo lugar en latinoamérica después de Brasil. Sin embargo, se calcula que por cada uno de estos casos, puede haber otros tres que no se reportan.
Por su parte, la organización Letra S, Sida, Cultura y Vida señala que en 2022 se registró un incremento de alrededor del 11.5% en los asesinatos de odio contra personas de la comunidad LGBTI+, al pasar de 78 casos en 2021 a 87 el año pasado, pero considera que la cifra real puede alcanzar los 200, y en los últimos cinco años suman al menos 548 personas asesinadas por homofobia. También es de mencionar que de los 87 casos registrados en 2022 únicamente se han identificado a 20 presuntos responsables, lo que nos habla del alto nivel de impunidad prevaleciente. Más de la mitad de estos homicidios por homofobia fueron contra mujeres trans (48), seguidos por hombres homosexuales (22), lesbianas (11), muxe (2) y hombres trans (2). Ante esto, habría que preguntarnos ¿cuánta frustración, resentimiento, enojo e inseguridad debe albergar una persona para atentar contra otra sin otro motivo que ser distinta?
En cualquier sociedad y, más aún en una tan plural y diversa como la nuestra, es natural que haya distintas formas de ser, de pensar y de entender la vida, e incluso que se provoquen desencuentros y discusiones acaloradas. Pero es inadmisible que se cuestione o escatime el reconocimiento a los derechos consustanciales a toda persona, y mucho menos que su integridad física pueda correr riesgo por el hecho de ser y asumirse como diferentes a los ojos de otras personas o grupos sociales, que por lo visto no guardan el menor respeto por la más elemental dignidad humana.