La desaparición de decenas de miles de personas en nuestro país debería cimbrar a gobierno y sociedad. Sin embargo, salvo excepciones, pareciera que es un tema que solo incumbe a sus familias y a algunas organizaciones sensibles a su sufrimiento y a la crisis humanitaria que todo ello significa. Estamos hablando cuando menos de 110 mil personas desaparecidas -no son solo cifras pues cada una tiene rostro y nombre- de las cuales más de 42 mil han ocurrido en esta administración federal, pero pueden ser muchas más pues se estima que por cada caso reportado, puede haber hasta cinco familias que no denuncian por miedo al crimen organizado y la desconfianza en las autoridades.
Es inadmisible que pasen los años sin que se sepa que fue de estas personas, si fueron asesinadas, reclutadas por los carteles de la delincuencia organizada, víctimas de explotación sexual y que, ante la falta de respuesta de las autoridades ya sea por incapacidad, indiferencia o de plano complicidad, sus familias y principalmente sus madres se vean orilladas a dedicar su vida a la búsqueda de sus seres queridos en medio de un gran dolor, incertidumbre y con los riesgos que ello implica.
Lo que está pasando es una tragedia de enormes dimensiones. Conforme a un análisis realizado por México Evalúa, entre los delitos con mayor nivel de impunidad se encuentran precisamente las desapariciones con 96.5%, en tanto que el Laboratorio de Investigación Quinto Elemento señala que en lo que va de este gobierno se han descubierto alrededor de 2 mil 864 fosas clandestinas, que es más del doble de los hallazgos reportados en los dos sexenios anteriores, y el comité contra las desapariciones forzadas de la ONU ha manifestado su preocupación por los más de 52 mil cuerpos que a noviembre de 2021 se encontraban en fosas comunes sin ser identificados.
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Esta grave y dramática situación demanda toda la atención y recursos del Estado mexicano tanto para prevenir las desapariciones como para dar con el paradero de las personas desaparecidas en contextos de gran violencia en el país. Sin embargo, hay indicios de que la intención de este gobierno se limita a reducir las cifras mediante la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas. Ya en octubre de este año, el mismo comité contra las desapariciones forzadas de la ONU había señalado que para la actualización de datos del registro nacional no se estaba siguiendo el protocolo homologado de búsqueda así como los estándares internacionales.
En el mismo sentido, hace unos días, la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, reconoció que una de las razones por las que presentó su renuncia el pasado mes de agosto, fue por su desacuerdo con el nuevo censo que está realizando el gobierno federal con el propósito de disminuir el número de reportes de desaparición, principalmente durante este sexenio, tratando así de diluir el problema en vez de resolverlo.
Señaló que no está en contra de que se actualicen los datos del Registro Nacional ya que con mejor información aumentan las posibilidades de localizar a las personas desaparecidas, pero cuestiona que el censo no se está levantando adecuadamente a partir de un análisis detallado de la información y por personal especializado pues la Secretaría del Bienestar y los denominados servidores de la nación no cuentan con la debida capacitación, por lo que existe el riesgo de que se den de baja a personas que siguen desaparecidas, poniendo como ejemplo a una víctima de trata que tramitó su pasaporte, y con ese dato se le deja de buscar, al igual que en casos de homonimias. También el experto en derechos humanos y activista, Jacobo Dayán, ha denunciado que al gobierno solo le importa cuidar su imagen, y no está haciendo nada para garantizar verdad y justicia. Lamentablemente todo indica que la apuesta no es por encontrar a las personas desaparecidas, sino por borrarlas de los registros oficiales.