MAGISTRADE OCIEL BAENA

Justicia para Ociel ¿por qué no podemos creer en la Fiscalía de Aguascalientes?

El asesinato del magistrade Ociel Baena plantea dudas sobre la verdadera voluntad de las autoridades para esclarecer investigaciones de crímenes de odio contra la comunidad LGBTIQ+ en México. | Leonardo Bastida

Escrito en OPINIÓN el

¿Por qué no creer en los resultados de la investigación del asesinato del magistrade Ociel Baena por parte de la Fiscalía de Aguascalientes? Porque desde que se visibilizó el primer caso de un asesinato de una persona LGBT en el país en la década de los 90, el de Francisco Estrada Valle, las autoridades ministeriales nunca han mostrado un verdadero interés por resolver los casos de asesinatos en los que estén involucradas personas de los colectivos de la diversidad sexual. En muchas ocasiones han argumentado que las víctimas se “suicidaron” o fueron “víctimas de un crimen pasional” o “se mataron entre ellas al discutir por situaciones emocionales”.

¿Por qué no son crímenes pasionales? En los ya más de 30 años que se han documentado los crímenes de odio, transfeminicidios, asesinatos por prejuicio hacia las personas por su orientación sexual o su identidad o expresión de género se ha señalado que las personas LGBTIQ+ son “pasionales” y suelen matarse entre ellas debido a que no controlan sus emociones o son “más celosas” que quienes forman parejas heterosexuales. Dando por hecho que siempre que ocurre una situación de este tipo es producto de un desencuentro en una relación de pareja y no de un contexto social LGBTfóbico

Entonces ¿qué es un crimen de odio o asesinato por prejuicio? Representa el hecho de quitar la vida a una persona por el simple hecho de no estar de acuerdo con algún aspecto que defina su persona. Estos pueden ser su género, su raza, su origen étnico, su ideología, sus creencias religiosas, sus convicciones políticas, entre otros. En el caso de las personas LGBTIQ+ por su orientación sexual o su identidad o  su expresión de género o sus características sexuales. Y a diferencia de otro tipo de asesinatos, se percibe una saña con la víctima debido al gran número de heridas registradas en sus cuerpos además de intentar hacer su visible su condición diversa. Por ejemplo, en varios casos de transfeminicidio, se dejan intencionalmente expuestos sus genitales. En general, los cuerpos mancillados se dejan a la vista. 

¿De verdad existe este odio o es una exageración? De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2023,  37.3 por ciento de las personas LGBTIQ+ del país  refirió haber vivido alguna experiencia de discriminación en los últimos 12 meses, la mayoría de ellas por su forma de vestir o arreglo personal. Alrededor de 35 por ciento de la población en general no estaría dispuesta a rentar el cuarto de su casa a una persona trans y 32 por ciento dijo no estar de acuerdo en que su hija o hijo contraiga matrimonio con una persona de su mismo sexo. 

De acuerdo con la organización civil Letra S, en 2022, se registraron al menos 87 muertes violentas de personas LGBTI+ en el país por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual o identidad o expresión de género. Esta cifra representa un aumento en relación con la de los años anteriores, 78 para 2021 y 79 para 2020, sin dejar de lado que 2019 fue un año muy violento con 117 casos. 

En casi la mitad de los registros, la víctima es una mujer trans, y en un gran porcentaje, las armas blancas fueron el móvil del crimen. 

¿Qué posibilidades hay de que se haga justicia para este caso? Sin presión social, las mismas que en muchos otros casos, más de mil documentados por la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio, de los cuales, en muy pocos ha sido procesado el victimario, y aún mucho menos, reconociéndose que las víctimas fueron violentadas y asesinadas por su forma de ser, de vivir y de amar. Las sentencias en este rubro han sido mínimas, son más bien una excepcionalidad.

Cabe recordar dos experiencias en las que a pesar de haberse detenido a los victimarios, las autoridades ministeriales decidieron ponerlos en libertad. La primera de ellas, el caso de Paola Buenrostro, chica trans a quien asesinaron a bordo de un automóvil en la avenida México – Tenochtitlán de la ciudad de México. El asesino disparó a quemarropa y trato de huir pero fue aprehendido por la policía, aún con el arma en la mano. Si bien fue puesto a disposición del Ministerio Público, identificado por el policía y las testigos como el agresor, el juez en turno le otorgó la libertad. Sin que hasta el día de hoy haya sido capturado de nuevo. 

La segunda, el caso de Mireya Rodríguez, activista trans de Chihuahua, asesinada al interior de su casa, y cuyo victimario fue localizado días después de haber vendido el auto de su víctima. A pesar de haberse presentado más de 50 pruebas en contra del victimario, se determinó que no eran suficientes y se permitió su salida de la cárcel. El proceso de investigación no ha continuado.        

¿Cuál es el miedo para que no se haga justicia en el caso del magistrade? Este radica en la obstinación de la Fiscalía de Aguascalientes para mantener una sola línea de investigación centrada en el argumento de que Dorian, la pareja de Osiel, fue quien le cegó la vida debido a que, probablemente, estaba bajo los influjos de metanfetaminas al momento de los hechos. Dejando de tomar en cuenta factores como la condición y visibilidad no binarie de Osiel, las constantes amenazas de muerte recibidas por el magistrade en los últimos meses, incluso, cuatro días antes de su asesinato. 

Además, en el caso de Ulises Nava, activista guerrerense gay asesinado a tiros en la entrada del Museo Descubre de la capital aguascalentense mientras se llevaba a cabo un congreso sobre diversidad sexual y derechos humanos, no se ha dado a conocer ningún indicio al respecto a pesar de que los hechos sucedieron en julio pasado. 

Curiosamente, una de las personas que más interpeló a la Fiscalía aguascalentense al respecto fue el propio Baena, quien organizó dicho evento y durante los meses subsiguientes a los hechos exigió justicia para Ulises.

La Fiscalía de Aguascalientes está ante una oportunidad histórica para demostrar que el sistema judicial mexicano puede actuar libre de prejuicios y con perspectiva de derechos humanos ante un caso paradigmático como el de una persona no binarie, impulsora de la agenda de reconocimiento de derechos de quienes rompen con la perspectiva binaria del mundo. 

Las labores de investigación pericial no son sencillas, sin embargo, sólo se puede creer en ellas cuando otorgan explicaciones verosímiles a hechos lamentables como el abordado en este espacio, y más aún, cuando los resultados y las acciones permiten alcanzar la justicia para quienes resultaron afectados por prejuicios, estereotipos, estigmas y odios por su simple forma de ser y por intentar redefinir un mundo en el que el negro y el blanco no son su constante sino toda la gama de colores disponibles. 

 

Leonardo Bastida

@leonardobastida