El huracán Otis no solo trajo muerte, desastre y crisis humanitaria en la población afectada. También acentuó el clima de polarización que se vive en el país desde hace varios años. La batalla por la presidencia de la República está mostrando un rostro francamente inaceptable.
Politizar una tragedia es comprensible e inevitable. Siempre ha sucedido. Incluso puede ser considerado como algo legal y legítimo. Lo que no se justifica es la interferencia de los ataques entre los actores políticos en las acciones y resultados que se deben dar para atender las diversas necesidades de la población.
La violencia verbal está otra vez fuera de control. Quienes la ejercen, no están midiendo las consecuencias de sus palabras ni parecen percatarse que este comportamiento se expande a través de las redes sociales, cuando la prioridad en estos momentos debe ser la gestión eficaz de la emergencia.
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Cierto es que no todos le han entrado al pleito. También es verdad que el gobierno está tratando de resolver la situación, aunque se percibe una gran lejanía del gobierno del estado y el del municipio de Acapulco. Y que son muchas las voces que hacen el llamado necesario a la unidad y solidaridad que exigen este tipo de casos.
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Sin embargo las agresiones, noticias falsas y vacíos en algunos procesos establecidos por los protocolos de actuación en materia de gestión de desastres están obstaculizando las soluciones que necesitan —con urgencia— las personas más pobres y vulnerables.
Los protocolos y guías internacionales subrayan la importancia que tiene la información antes, durante y después del desastre en todos los niveles de actuación institucional. La consideran “la materia prima más preciada e importante”, ya que permite eficientar y fortalecer los procesos de toma de decisiones.
En el mismo sentido facilita la coordinación y movilización de recursos, tanto nacionales como internacionales, lo que permite el cumplimiento de dos objetivos principales: brindar una respuesta más oportuna, rápida y adecuada a los grupos afectados, y generar confianza y credibilidad en toda la sociedad.
Por lo tanto, todos los aspectos vinculados con la comunicación pública y la relación coordinada entre el gobierno en sus tres niveles, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil son factores esenciales para que la población cuente con información veraz, precisa y pertinente para hacer frente a las emergencias.
Todas y todos sabemos que México tiene un sistema de protección civil más o menos efectivo. La enorme cantidad de desastres que hemos padecido nos llevaron a construir una mejor cultura para gestionarlos y resolver con destreza sus peores consecuencias.
La fórmula que hoy tenemos se construyó a partir de los sismos de 1985. En aquellos momentos, la participación que tuvo la sociedad civil —ante la tardanza y mala preparación que tuvieron las autoridades— impulsaron un modelo de unidad, solidaridad y resiliencia nunca antes visto.
Con los efectos trágicos provocados por Otis, ese modelo quedó rebasado por el impacto intempestivo del fenómeno natural o simplemente porque se está impidiendo su operación. O por ambas razones. En cualquier circunstancia, no se puede entender que el choque de intereses y el uso de los recursos, con fines propagandísticos, se imponga a las verdaderas prioridades.
Los errores de comunicación que ha habido antes, durante y después de la entrada del huracán no sólo se explican por el factor sorpresa, sino también por la politización exacerbada que varios actores políticos han provocado desde hace más de una semana.
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La elaboración, organización, operación, integración, dirección, control, supervisión y evaluación de los protocolos de gestión de crisis, emergencias y desastres no puede ni debe estar sometido a intereses político-electorales. La razón es obvia: su cumplimento cabal asegura el orden, la seguridad y la calidad de vida de las víctimas.
El llamado a la unidad es obligado. Pero no es exclusivo del presidente. ¿Por qué no pactar, ya, una tregua entre los contrarios y concentrarse en la solución del problema? Las experiencias nacionales e internacionales han probado que la gestión eficaz de cualquier emergencia requiere del consenso entre todas las fuerzas políticas.
Expresar y subrayar las diferencias en los procesos de atención y respuesta es algo que no debería ser obstáculo en los procesos de comunicación durante las emergencias. Si la ideología y los intereses políticos se mantienen al margen de los protocolos de actuación y comunicación, no tendría por qué haber más daños adicionales o colaterales.
Una vez terminada la emergencia en Guerrero, es prioritario actualizar dichos protocolos y someterlos al acuerdo de las distintas fuerzas políticas. ¿Tendrán la voluntad política para lograrlo? El cambio climático y la pésima experiencia de estos días obligan a generar un nuevo punto de inflexión en nuestro sistema de protección civil.