En cada proceso electoral siempre es lo mismo. Las críticas y cuestionamientos a muchos aspirantes se concentran en su falta de experiencia para gobernar, en la desvinculación de sus actividades técnicas, académicas o profesionales con el cargo al que se han postulado.
En las Elecciones 2024 se perfilan ya varios personajes que serán objeto de ataque. No sólo se les cuestionará por su inexperiencia para gobernar, sino porque la lealtad a sus jefes y la popularidad que tienen hoy estarán por encima de sus capacidades.
Los argumentos en contra estarán dirigidos hacia los espacios donde las batallas estén más cerradas. Se cuestionará —una vez más y de manera particular— a deportistas, actores, periodistas, líderes sociales o personajes sin el respaldo de algún grado académico.
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La historia ha demostrado que los políticos populares no siempre son los mejores gobernantes. Pero también sobran los ejemplos de personajes altamente calificados, experimentados y con los grados académicos más altos que han dado pésimos resultados.
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En democracia, los requisitos para aspirar a la mayoría de los cargos públicos están muy claros. Salvo excepciones en temas como salud, seguridad pública, procuración de justicia, obra pública o movilidad, casi cualquiera puede acceder a los puestos públicos de mayor relevancia.
A la mayoría de estos casos significativos no se accede por el voto popular, sino por la designación de un gobernante electo y, en algunos casos, con la aprobación directa de una mayoría del Poder Legislativo.
Participar en los procesos electorales es un derecho y una oportunidad. Todas y todos podemos tener acceso en condiciones de igualdad, por lo que es obligación del estado generar las condiciones propicias para que así suceda.
Además, la participación democrática sólo se restringe —principalmente— por cuestiones de edad o aptitud, siempre y cuando no deriven en ningún tipo de discriminación social, de género o política, las cuales serán observadas y reguladas por las autoridades electorales.
A pesar de todo lo anterior, en los procesos electorales se sigue discriminando al adversario, directamente o en forma velada. Se le discrimina por razones de género, edad, raza, ideología, religión, condición física y orientación sexual. Por fortuna, la tendencia va a la baja.
Aunque la rentabilidad que se puede obtener es alta, este tipo de acciones no se justifican pues los mensajes forman parte de las campañas sucias. Está claro que funcionan porque la polarización las favorece y aún no hemos logrado consolidar una cultura social de total respeto a los derechos humanos.
En situaciones de crisis —o de retos muy grandes como los que enfrenta el país— se necesitan más estadistas y gente con la capacidad para resolver. El problema está en que se ha privilegiado más la elección del candidato que su proyecto o el partido al que pertenece.
Es cierto que el carisma o la popularidad son importantes. También que la relevancia que tienen las encuestas garantiza más el éxito electoral que el cumplimiento de las necesidades de la población. Lo bueno es que sí hay opciones de comunicación, porque nadie puede gobernar solo. Lo malo, es que no se están poniendo en práctica.
Recomendación editorial: Estela Morales Campos (Coordinadora). Información, participación ciudadana y democracia. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 2019.