En días pasados ha llamado mi atención, durante mi estancia en París, el calor tan alto que la ciudad experimenta en octubre, un mes en el que tradicionalmente se vive ya un clima lluvioso y un poco frío. El sol ha estado brillante y las temperaturas han oscilado entre los 23 y 27 grados, lo cual llama la atención de los habitantes que hacen constantemente referencia a lo atípico de la situación. La explicación se encuentra en lo mencionado durante los días pasados por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres: nos encontramos ya en un periodo de ebullición climática, donde somos testigos del aceleramiento del cambio climático y vivimos sus devastadoras consecuencias, las cuales, aunque refuerzan las asimetrías entre el norte y sur global, comienzan a hacer estragos de gran magnitud en Estados desarrollados. No es un tema fácil, pues además de requerir un gran compromiso y pacto político, es necesario disponer de un presupuesto específico para financiar las actividades en la materia.
Como lo ha hecho notar el Fondo Monetario Internacional (FMI), el costo de recurrir mayormente a las medidas de gasto y de ampliarlas para cumplir los objetivos climáticos será cada vez mayor, y es algo que de aquí al 2050 podría elevar la deuda de los Estados entre un 45% y un 50% del producto interno bruto. Siguiendo al FMI, la deuda elevada, las tasas de interés en aumento y las perspectivas de menor crecimiento complicarán más la tarea de conciliar las finanzas públicas. Bajo este contexto la expectativa es que los gobiernos decidirán postergar la adopción de medidas en favor de la descarbonización, lo cual pondrá al planeta en una situación más vulnerable ante el calentamiento acelerado que se viva.
De esta forma, el FMI ha indicado que los gobiernos enfrentan a una trilema de políticas para lograr las metas climáticas, la sostenibilidad fiscal y la viabilidad política. Algunas estimaciones económicas prevén que las economías en desarrollo deberán invertir colectivamente por lo menos 1 billón de dólares en infraestructura energética de aquí a 2030 y de 3 a 6 billones de dólares entre todos los sectores cada año hasta 2050 para mitigar el cambio climático a través de una reducción sustancial de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Además, se requieren entre 140 000 millones y 300 000 millones de dólares cada año hasta 2030 para la adaptación a las consecuencias físicas del cambio climático; como el aumento del nivel del mar y la agudización de las sequías.
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Es evidente que aún con la propuesta del impuesto al carbono, el sector público no puede hacer una inversión en este nivel solo, es necesario que se trabaje en favor de la co-responsabilidad que el sector privado también tiene en el tema.
Al respecto, el trabajo de Mónica Altamirano, asesora del Ministerio de Infraestructura y Gestión del Agua de los Países Bajos, demuestra que a través del análisis de tres fondos multilaterales para el clima (FMCs) entre 2010 y 2020 el Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCACC), que es parte del más grande de los Fondos de Inversión Climática (FIC); el Fondo de Adaptación (FA); y el Fondo Verde para el Clima (FVC), como una gobernanza financiera innovadora puede tener gran potencial para enfrentar las necesidades de los Estados.
Asimismo, analizó proyectos pioneros y mecanismos financieros de Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMDs) y de inversionistas de impacto en África, América Latina y Asia que demuestran el sentido positivo que mecanismos de cooperación público privado pueden tener en la atención a la urgencia climática.
Ante esto, es necesario que el sector privado asuma su rol de forma activa, es imposible negar que las industrias más contaminantes del mundo se encuentran en sectores como el energético que aporta el 60% de la emisión de los GEI a nivel mundial, seguido del de la construcción, el transporte, el alimentario, y el textil, entre otros. Estás industrias deben reconocer su responsabilidad en la generación del problema climático, acelerar medidas para la reducción de su huella ecológica y desarrollar programas de financiamiento acorde a las necesidades que hoy se presentan.
El año pasado, el monto de financiamiento privado en materia climática alcanzó un monto récord de 250 000 millones de dólares, pero aún hay mucho por hacer, según estimaciones del FMI, al menos esta cantidad debe duplicarse para el 2030. De la mano con esto, los Estados deben adoptar un rol más activo como generadores de reglas de consecución y vigilancia de una nueva etapa de la cooperación que transita hacia una gobernanza de la sustentabilidad donde todos los actores coordinen sus actividades en favor de un bien común y no de intereses particulares. Aunque muchos enuncian lo anterior como una utopía, nos corresponde a todos trabajar para avanzar hacia ella, de otro modo ¿dónde está el futuro?
*Blanca Elena Gómez García
Tiene más de 10 años de experiencia en asuntos internacionales de investigación y conformación de proyectos. Ha sido analista política en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) e investigadora de tiempo completo para la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). Actualmente, es Coordinadora de la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Instituto Mora, y profesora en la Ibero y la UNAM.