Las pensiones son un derecho fundamental que asegura el bienestar económico de las personas en su vejez o en situaciones de discapacidad o fallecimiento. Al igual que el derecho a la educación y a la salud, las pensiones deberían ser accesibles y equitativas para todos los ciudadanos. Sin embargo, en México nos encontramos en una encrucijada que exige una revisión profunda y una acción inmediata en el sistema de pensiones, porque tienen implicaciones directas en la sostenibilidad del sistema fiscal, así como en la desigualdad entre la población y entre generaciones
A pesar de los esfuerzos de reforma en 2020, que solo modificó parámetros del sistema de contribución definida del IMSS, el sistema de pensiones en su conjunto enfrenta el crecimiento en el gasto con un envejecimiento de la población acelerado. Otro problema es que el ahorro individual sigue siendo bajo y se verá afectado por los efectos de la pandemia por covid, pues la contribución y su densidad han disminuido, especialmente entre las mujeres y los trabajadores de ingresos más bajos.
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La reforma en pensiones no tuvo como objetivo contener su gasto, por lo que en 2024 se propone un crecimiento del 12%, que incluyen pensiones contributivas y no contributivas, y alcanzando el 22% del gasto total. Lo más preocupante es que las personas del decil con mayores ingresos reciben 4.6 veces más recursos que la población con menos ingresos. Por tanto, el sistema de pensiones en México enfrenta desafíos cruciales que amenazan su sostenibilidad a mediano y largo plazo.
Por otro lado, el sistema fiscal de México enfrenta presiones considerables. La necesidad de financiar las pensiones, junto con otros compromisos de gasto público como el pago de la deuda con altas tasas de interés, ha generado tensiones en el presupuesto federal. Esto se complica aún más por la creciente demanda de servicios públicos, como salud y educación, así como la inversión en infraestructura, que en los últimos años han sido desplazados.
México se encuentra en una posición fiscal delicada, con una recaudación de impuestos deprimida. Esta limitación dificulta la capacidad del gobierno para proporcionar servicios de calidad y abordar las desigualdades económicas y sociales. Es por ello que, la insostenibilidad del sistema de pensiones y del sistema fiscal no puede ignorarse.
Se necesitan cambios estructurales, sostenibles y paulatinos para abordar estos desafíos de frente. Uno de ellos deberá ser una reforma del sistema de pensiones completo donde los requisitos y beneficios sean iguales para toda la población; que incorpore la cuantificación del pasivo pensionario de las entidades federativas. Los cambios deben considerar la perspectiva de género y la igualdad intergeneracional.
La insostenibilidad del sistema de pensiones y el sistema fiscal en México no es un problema que pueda posponerse indefinidamente. Requiere acción valiente y decidida por parte de los tomadores de decisiones, así como colaboración activa con la sociedad civil y el sector privado. La estabilidad económica y el bienestar de las generaciones futuras dependen de ello. La siguiente administración tendrá que afrontar estos desafíos y construir un México más fuerte e igualitario.
*Alejandra Macías Sánchez
Directora ejecutiva
Es economista por la UDLAP y doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM. Ha trabajado en gobierno federal y en organismos internacionales. Tiene experiencia en temas de evaluación, finanzas públicas, seguridad social y desarrollo social, sobre los cuales ha publicado. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y actualmente es directora ejecutiva en el CIEP. Se especializa en cambio demográfico, finanzas públicas y transiciones justas, con especial interés en la mejora del sistema fiscal con base en evidencia y perspectiva de género.