Admito lo difícil que es escribir sobre una tragedia como la que viven los habitantes del puerto de Acapulco y sus alrededores, quienes, en su mayoría, enfrentan una informalidad salvaje, con trabajos basados en la propina y patrones que rehúyen reconocer una relación laboral.
Con el cataclismo descarna la pobreza de un estado como el de Guerrero que depende en un 96% del presupuesto federal donde antes de la catástrofe del huracán Otis 60.4% de la población era considerada pobre, mientras que el 22.2% está en extrema pobreza (casi uno de cada cuatro habitantes de Guerrero), con datos de 2022 del CONEVAL.
La tasa de informalidad para el estado es del 78.1%, esto es, casi 8 de cada 10 habitantes de Guerrero están en la informalidad. Mientras que, en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Baja California tuvieron los porcentajes más bajos de informalidad, 35%, 35.1%, 36.1% y 37.5%, respectivamente, con datos del INEGI del segundo trimestre de 2023.
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El 73.5% de la población guerrerense no tiene acceso a la seguridad social, el 56.3% no cuenta con los servicios básicos en la vivienda, el 36.1% no tiene alimentación nutritiva y de calidad, el 33.5% carece de servicios de salud, y el 26.6% tiene un severo rezago educativo, con datos del Coneval de 2020.
Si concebimos que casi la totalidad de la infraestructura hotelera quedó afectada, y que de ella depende el 80% de la población, que es alrededor de 900 mil habitantes, nos podremos dar una idea de la gravedad del suceso.
Ante una catástrofe de esta naturaleza, los tribunales laborales y los centros de conciliación cerraron. Costará reponerse de semejantes heridas; muchos de los empleados han perdido sus bienes, la vivienda, el empleo, su seguridad. Todo es confusión.
Estamos en quincena y la mayoría no recibe un salario fijo: taxistas, lancheros, guías de turistas, meseros, vendedores en las playas, de venta de comida, guardavidas, instructores de deportes acuáticos, cocineros, de limpieza, trabajadoras del hogar y los de todo tipo de atención al turismo.
La mayoría de los trabajadores no se encuentran sindicalizados y, si lo están, es en sindicatos de protección, sí de esos que decían que iban a desaparecer pero que siguen existiendo con otro nombre. Únicamente el 10% tiene un contrato colectivo que, para estos desastres, de poco les sirve.
En el mejor de los casos se permite que haya convenios de suspensión de salarios totales o parciales, de eliminar prestaciones, y hasta para terminar las relaciones de trabajo sin pago de liquidación alguna.
En un desastre de esta naturaleza, donde el cierre no es responsabilidad del patrón, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 430, permite el pago de una “indemnización” de hasta un mes de salario, tomando en consideración “el tiempo probable de la suspensión de los trabajos y la posibilidad de que encuentren nueva ocupación”.
El sindicato y los trabajadores, según la ley laboral, podrán solicitar cada seis meses, al tribunal donde se hizo el convenio, que verifique si subsisten las causas que dieron origen a la suspensión de labores. Si no subsisten, es decir, si la empresa ya funciona con normalidad y no admite a los trabajadores, estos deberán ser resarcidos con el pago de tres meses de indemnización constitucional, prima de antigüedad, veinte días por año, prestaciones y salarios devengados.
Normalmente, cuando ocurren estos desastres, los trabajadores se encuentran desamparados. Son despedidos sin pago alguno, porque el sindicato no existe, ni siquiera en el papel. Los trabajadores generalmente no tienen contrato escrito, tampoco seguridad social.
Quienes tienen seguro social, y son despedidos, tienen protección ellos y sus familiares por tan sólo 8 semanas más, de acuerdo al artículo 109 de la Ley del Seguro Social, plazo que se puede prolongar si el presidente de la República lo solicita al Consejo Técnico del IMSS.
Cabe recordar que al ejecutivo federal se le solicitó, en la crisis de la pandemia del covid-19, que extendiera el plazo para que pudieran disfrutar de la seguridad social los trabajadores que perdían su trabajo. Esa petición simplemente fue ignorada por el presidente López Obrador.
Zoé Robledo, el D'Artagnan de la seguridad social, que supo de esa petición, simplemente calló.
De otros Avatares
No resisto felicitar a las integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO) por la entrega de la medalla al Mérito que les hizo el Congreso de la Ciudad de México. Ellas se siguen abriendo caminos, a pesar de estar constreñidas por leyes laborales y de seguridad social que no se cumplen.
Siguen siendo mujeres invisibles las trabajadoras del hogar ante eso que llaman “justicia” en las instituciones de trabajo y de seguridad social. Sin embargo, ellas enaltecen con su quehacer diario la dignidad de las mujeres trabajadoras de nuestro país.